Legisladores de EE UU ven pocas posibilidades de levantar el embargo
Los congresistas que defienden un cambio de política hacia la Isla admiten que es difícil conseguirlo mientras siga vinculada a temas electorales.
Incluso los legisladores que defienden con más fuerza el fin de las sanciones de Estados Unidos contra Cuba ven pocas posibilidades de que ocurran cambios en la política hacia La Habana mientras siga vinculada a temas electorales, informó Reuters.
"Toda la idea de que por 45 años hemos creído que un embargo contra el gobierno de Cuba llevará al pueblo a (...) derrocar a (Fidel) Castro (...) desafía a la inteligencia", declaró el jueves el representante demócrata Charles Rangel, en un evento realizado por el Cato Institute.
Rangel y el republicano Jeff Flake, quienes se encuentran entre los legisladores que defienden los planes para suavizar el embargo de décadas contra la Isla, dicen que las restricciones comerciales, políticas y de viajes son "hipócritas".
"¿Por qué nos dice nuestro gobierno a dónde podemos y no podemos ir?", preguntó Flake. El republicano quiere ver el fin total del embargo, pero se conformaría con medidas progresivas por el momento.
Los legisladores reconocen que lograr cualquier reforma real sería difícil.
"Estamos enviando un mensaje a nuestro gobierno" a nombre de quienes quieren un cambio, sostuvo Rangel, quien se refirió a las sanciones como simples cálculos políticos.
Con una estrecha diferencia en el apoyo a republicanos y demócratas en los estados que definen las elecciones, los políticos consideran claves los votos del sector cubanoestadounidense de Florida, afirmó.
El proyecto de Rangel y Flake, facilitaría los viajes a Cuba para turistas estadounidenses, estudiantes y misioneros.
Desde el 2001, empresarios estadounidenses han podido vender comida y medicinas a Cuba. Las exportaciones avícolas, de soya, arroz y otros alimentos estadounidenses han completado 1.550 millones de dólares.
El sector agrícola estadounidense ha estado presionando para el fin de restricciones como la que obliga a La Habana a pagar por los envíos de alimentos antes de que éstos salgan de los puertos estadounidenses.
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