Informe 2006 de Amnistía Internacional
«Cuba no mejoró la situación de los derechos civiles y políticos, lo cual causó una preocupación internacional creciente».
Presos de conciencia
Continuaron las detenciones y condenas de personas por la expresión pacífica de sus convicciones profundas, por lo que se las consideró presos de conciencia. Algunas fueron excarceladas por razones de salud.
René Gómez Manzano y Julio César López Rodríguez fueron detenidos junto con varias personas más en la capital, La Habana, tras participar en una manifestación pacífica contra el gobierno el 22 de julio. René Gómez Manzano, miembro de la Asamblea para Promover la Sociedad Civil, y otras ocho personas permanecieron detenidos en espera de juicio.
El 13 de julio detuvieron a unas 20 personas cuando participaban en un acto pacífico en La Habana. Conmemoraban el desastre del remolcador 13 de Marzo, ocurrido en 1994, en el cual perdieron la vida unas 35 personas que trataban de huir de Cuba en dicha embarcación cuando, según informes, fue embestida por naves de las autoridades cubanas. Seis de las 20 personas detenidas permanecieron recluidas sin cargos, y una fue condenada a un año de prisión por «peligrosidad predelictiva», delito que se definía así: «Se considera estado peligroso la especial proclividad en que se halla una persona para cometer delitos, demostrada por la conducta que observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista».
El preso de conciencia Mario Enrique Mayo Hernández, condenado a 20 años de prisión en 2003, quedó en libertad condicional por razones de salud el 1 de diciembre.
Restricciones a la libertad de expresión, asociación y circulación
Se hostigó e intimidó a activistas de derechos humanos, disidentes políticos y sindicalistas.
Frecuentemente estas agresiones las llevaron a cabo unos grupos casi oficiales, las brigadas de respuesta rápida, que presuntamente actuaron en connivencia con miembros de las fuerzas de seguridad.
Siguieron los ataques a la libertad de expresión y de asociación. Todos los medios legales de comunicación estaban bajo el control del gobierno, y continuaron proscritos los medios de comunicación independientes.
Los periodistas independientes estuvieron expuestos a sufrir intimidaciones, acoso y detención por publicar artículos en el extranjero. También los defensores de los derechos humanos se enfrentaron a intimidaciones y detención arbitraria por motivos políticos.
Las leyes empleadas para detener a periodistas, relacionadas con la difamación, la seguridad nacional y la alteración del orden público, no cumplían con las normas internacionales. Según la organización no gubernamental Reporteros sin Fronteras, 24 periodistas estaban presos al concluir 2005.
Óscar Mario González Pérez, periodista independiente, fue detenido el 22 de julio tras cubrir una manifestación. Al concluir el año continuaba recluido sin cargos.
Los disidentes continuaron sufriendo restricciones para viajar al extranjero. A Miguel Sigler Amaya, miembro del Movimiento Opción Alternativa, lo detuvieron en el aeropuerto internacional de La Habana cuando él y su familia estaban a punto de embarcarse en un avión con destino a Estados Unidos, aunque poseían visados de salida como refugiados políticos. Quedaron en libertad varios días después, y al final, el 5 de octubre, salieron de Cuba. Los hermanos de Miguel Sigler Amaya, Guido y Ariel, ambos presos de conciencia, continuaban cumpliendo sus condenas de 20 y 25 años respectivamente.
En diciembre, a representantes de las Damas de Blanco, grupo de mujeres familiares de presos que organizaban marchas todos los domingos desde marzo de 2003 exigiendo la excarcelación de sus esposos, hermanos e hijos, se les negó el permiso oficial para viajar a Estrasburgo, Francia, donde debían asistir a la ceremonia de entrega del Premio Sajarov del Parlamento Europeo a la Libertad de Pensamiento.
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