Correa espera que la Constituyente desemboque en elecciones anticipadas

El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, dijo que su país puede celebrar elecciones presidenciales y legislativas antes de un año si se aprueba la Carta Magna que redactará la Asamblea Constituyente elegida el domingo y que será controlada por el oficialismo, según los primeros datos oficiales.

Pese a que el escrutinio avanza a cuentagotas, los primeros datos oficiales confirman lo anticipado por una encuesta a pie de urna y un recuento rápido que, desde ayer, apuntaron a una amplia victoria de Alianza País, el movimiento que llevó a Correa a la presidencia en los comicios del año pasado, reporta EFE.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que, con el 9,84 por ciento de las mesas escrutadas, Alianza País obtiene el 71,01 por ciento de los votos nacionales, lo que indica que podría tener unos 80 de los 130 miembros de la Constituyente.

En segundo lugar aparece el Partido Sociedad Patriótica (PSP), del ex presidente Lucio Gutiérrez, con 9,11 por ciento de votos nacionales, que podría tener en total entre 15 y 17 escaños.

En tercer lugar, según el resultado provisional del TSE, figura el Partido Renovador Institucional de Acción Nacional (PRIAN), que lidera el magnate bananero Álvaro Noboa, con el 4,87 por ciento, y las proyecciones le auguran entre seis y siete escaños.

El resto de partidos tiene porcentajes menores y se calcula que pueden ser alrededor de unos diez los que lleguen a la Asamblea, la mayoría con representaciones muy limitadas.

Correa no aguardó los resultados oficiales, que pueden tardar diez días, para anunciar en un encuentro con medios extranjeros que espera que la Asamblea conlleve no sólo la disolución del Congreso, sino a comicios "al menos para presidente y vicepresidente, y legislativas" una vez aprobada la nueva Constitución.

Agregó que la disolución del Congreso, dominado por la oposición, puede hacerse una vez se instale la Constituyente, prevista para finales de este mes en la localidad de Montecristi, en la provincia occidental de Manabí, pero para las elecciones habrá que esperar que la nueva Carta Magna sea aprobada en referendo, probablemente en el segundo semestre de 2008.

Si efectivamente Ecuador lleva a cabo esas elecciones con unas reglas del juego emanadas de la nueva Constitución, se acortaría a la mitad el mandato de cuatro años de Correa, que debe terminar el 15 de enero de 2011.

El presidente dijo, además, que para sustituir al Congreso en el período constituyente, que será de ocho meses como máximo, la Asamblea debe designar una Comisión Legislativa, cuya misión principal será aprobar una docena de "leyes clave", urgentes y orgánicas.

Entre esas leyes destacó las de reforma tributaria, de competencia, de empresas públicas, de compras públicas, de contratación pública y de calidad.

La posible disolución del Congreso fue rechazada, sin embargo, por sectores de oposición, que ven en ese paso una "intención de terminar con la democracia".

Al presidente del Congreso, Jorge Cevallos, hasta ahora la voz más crítica de un cierre del legislativo, se unió hoy el diputado Bruno Puggi, del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), quien dijo que espera que se puedan "extender diálogos para mantener la democracia" y de esa manera "salvar el Congreso".

El propio Correa dejó abierta hoy una puerta al diálogo, al señalar que su movimiento está dispuesto a conversar con la mayoría de los sectores políticos ecuatorianos, pero advirtió que no serán "claudicantes ni sumisos".

Del diálogo excluyó a sus dos principales rivales, Gutiérrez y Noboa, de los que dijo representan "la corrupción y el desastre nacional".

Más allá de los debates políticos que se darán en la Constituyente, señaló que la nueva Constitución facilitará la inversión extranjera, en especial en la banca, para favorecer la competencia, e introducirá una serie de normas económicas para que haya un mayor control del dinero público.

Al término de su misión en Ecuador, el jefe de los observadores de la Fundación Carter, Jaime Aparicio, recomendó que se limite la publicidad institucional durante las campañas electorales, para evitar propaganda paralela del gobierno y otras entidades oficiales.

Los observadores de la Fundación Carter destacaron la normalidad en los comicios, pero recordaron el incidente ocurrido en un poblado de la provincia de Manabí, donde fueron quemadas cuatro urnas y 300 papeletas de voto, lo que obligará a celebrar las elecciones en ese lugar el próximo domingo.

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