Actualizado: 01/07/2020 19:56
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Ecuador

Correa exige más de 317 millones de dólares a las petroleras foráneas

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Ecuador ordenó el lunes a petroleras foráneas el pago antes del 31 de octubre de 317,4 millones de dólares que le adeudan por la participación estatal en los ingresos extraordinarios que reciben por los altos precios del crudo, informó Reuters.

El gobierno ecuatoriano amenazó con acciones legales a las empresas que no responsan a su reclamo.

La advertencia se produjo en un momento tenso en las relaciones entre las partes, por la decisión del presidente Rafael Correa de aumentar a partir de este mes del 50 al 99 por ciento la porción estatal en los réditos generados por las elevadas cotizaciones del petróleo.

Los 317,4 millones de dólares corresponden a acreencias arrastradas por compañías, como la española Repsol-YPF, desde la aprobación en 2006 de una ley que les ordena entregar al país "al menos" el 50 por ciento de los recursos generados por la evolución positiva de los mercados.

La petrolera estatal Petroecuador, que actúa como contraparte en las relaciones con las compañías, dijo en un comunicado que las empresas que no cumplan con el pago antes del 31 de octubre enfrentarían "acciones legales", que podrían incluir la rescisión de sus contratos de explotación.

Ecuador espera recibir unos 700 millones de dólares este año de las petroleras que operan en su región amazónica al amparo de la repartición vigente hasta la emisión del decreto modificatorio por parte de Correa.

Las arcas fiscales recibirían unos 1.400 millones de dólares el próximo año a la luz de las nuevas reglas de juego fijadas por Correa, que han provocado escozor en las compañías, alguna de las cuales han afirmado que sus negocios se han vuelto inviables tras la resolución del mandatario.

Petroecuador aseguró que la brasileña Petrobras debe pagar 89,5 millones de dólares, Repsol-YPF adeuda 87,3 millones de dólares y la china Andes Petroleum otros 36,7 millones de dólares.

El saldo —acumulado hasta septiembre y producto de la diferencia entre el precio de referencia de los contratos suscritos a mediados de la década pasada, en promedio inferior a 20 dólares, y los actuales valores de mercado—, se reparte entre otras operadoras pequeñas.

La acción de Petroecuador se produjo después que el procurador general Xavier Garaicoa aseguró que Quito tenía vía libre para apelar a mecanismos de cobro judicial inmediato o a romper los contratos de las petroleras que no compartan a tiempo los beneficios de los históricos precios petroleros.

La disputa en torno al futuro del sector petrolero se desarrolla en medio de temores de los inversores por la posibilidad de que la resolución de Correa sea la cresta de una ola de intervencionismo estatal en otras áreas de la economía.

Las petroleras foráneas extraen unos 250.000 barriles de los campos amazónicos de Ecuador, que tiene en el crudo a su principal producto de exportación.

Ecuador ha ofrecido a las empresas que se sientan perjudicadas por el aumento de la porción estatal en los ingresos por precios, que pueden optar por cambiar los contratos actuales de participación a otros de prestación de servicios.

La propuesta contemplaría que las empresas renuncien a su actual condición de socias y al esquema que permite repartir la producción. El contrato propuesto convertiría a las firmas en contratistas del Estado al que deberían entregar todo el crudo.

Las empresas no han respondido oficialmente a la iniciativa de Quito ni emitieron comentarios en torno a la amenaza de Petroecuador.


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