El Defensor del Pueblo pide cambios en la propuesta de reforma constitucional

El Defensor del Pueblo de Venezuela, Germán Mundaraín, instó el lunes a la Asamblea Nacional a modificar una propuesta de reforma constitucional que le otorgaría al presidente Hugo Chávez la potestad de suspender temporalmente los derechos al debido proceso en los estados de excepción, informó la AP.

El defensor (una figura oficial y destinada a defender los intereses de los ciudadanos) expresó que "bajo ningún concepto pueden ser suspendidas garantías constitucionales como el derecho a la vida (…) el derecho a ser juzgado por el juez natural, el derecho a la asistencia legal en cualquier estado y grado de proceso, el derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable".

"Convencido estoy de que se trata de un anteproyecto que puede ser mejorado atendiendo al principio de la preeminencia de los derechos humanos, tal como lo dispone la Carta Magna", agregó en una carta dirigida a la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo.

La nueva reforma constitucional, impulsada por Chávez, contempla la ampliación del período presidencial de 6 a 7 años, y la reelección "continua".

La Asamblea considera 58 enmiendas constitucionales, y los legisladores tienen la expectativa de aprobar la nueva redacción este mes antes de someterla a referendo.

El mandatario venezolano planteó originalmente, en agosto pasado, el cambio de 33 de los 350 artículos de la Carta Magna, pero una comisión mixta de diputados decidió después anexar otros 25.

Entre las nuevas cláusulas destaca una que daría atribuciones al gobernante para decretar los estados de excepción, sin límite de tiempo, y suspender las garantías constitucionales, excepto las referidas al "derecho a la vida, y la prohibición de tortura, incomunicación y la desaparición forzosa".

En el proyecto se prevé que en las situaciones emergencia se podrá suspender el debido proceso y la garantía a la información, los cuales están preservadas en la Constitución vigente.

Mundaraín —que a lo largo de sus siete años de gestión ha sido acusado repetidamente por las principales fuerzas opositoras de estar parcializado a favor del gobierno— consideró que para los "casos de estados de alarma y estados de emergencia económica sería conveniente examinar el establecimiento de plazos para enfrentar la perturbación".

El alto funcionario también consideró pertinente "que los estados de excepción sean regulados a través de una ley orgánica y que esta se adecue a los principios del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos", ratificados por Venezuela a finales de la década de los años setenta.

Mundaraín, no obstante, no hizo referencia alguna en su misiva respecto a las restricciones propuestas al derecho a la información.

Algunos ejecutivos de medios y líderes de la Iglesia Católica también han elevado su preocupación. Las autoridades eclesiásticas dijeron el viernes en un comunicado que las reformas "violan los derechos fundamentales del sistema democrático y de la persona".

La organización Reporteros Sin Fronteras, que tiene su base en París, urgió a la Asamblea Nacional a reconsiderar las propuestas de cambio argumentando que podrían violar la libertad de prensa y el derecho a la información.

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