El gobierno acusa a la oposición de intentar un 'golpe de estado cívico-prefectural'

El gobierno boliviano descartó declarar estado de sitio en algunas regiones del país, tras la violencia en que derivaron el martes disturbios callejeros organizados por opositores en Santa Cruz, y denunció que los incidentes son el "inicio de un golpe de estado cívico-prefectural", reportó la AP.

En una conferencia de prensa, el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, acusó al prefecto (gobernador) de Santa Cruz, Rubén Costas, y al líder cívico de esa región del oriente, Branco Marincovik, de promover una "violencia facista para acabar con la democracia".

Rada habló tras una prolongada reunión que sostuvo Morales con su gabinete y los jefes militares para evaluar la violencia callejera en Santa Cruz, la cual dejó varios heridos, entre ellos algunos soldados.

Grupos de choque que responden a líderes cívicos autonomistas rebasaron el martes a la policía militar, agredieron a las fuerzas del orden, incendiaron y saquearon oficinas públicas, entre ellas la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) —nacionalizada en mayo por Morales a la italiana Euro Telecom Internacional (ETI)—, en el día más violento que vivió esa capital, bastión de la oposición.

Las autoridades desmintieron un corte en el suministro de gas a Brasil desde un planta ubicada en la localidad de Villamontes, al sur, la cual fue tomada el martes por opositores, y desde donde se bombea gas al gasoducto que abastece al mercado brasileño.

Bolivia suministra 30 millones de metros cúbicos diarios de gas al país vecino. El gobierno reforzó el control militar de las instalaciones petroleras ante amenazas de la oposición regional de boicotear las exportaciones a Brasil y Argentina.

Aunque con menos violencia, las protestas y toma de oficinas públicas se extendieron a los departamentos de Beni y Tarija, en el oriente y sur respectivamente. Las cuatro regiones demandan su autonomía del gobierno de La Paz, y desde hace más de una semana mantienen cortadas las carreteras y cerrados los pasos fronterizos a Brasil, Argentina y Paraguay, en rechazo al proyecto de constitución que impulsa el mandatario.

Radio Erbol informó que grupos opositores también ocuparon el aeropuerto de Trinidad, capital de Beni, en el noreste.

En algunas localidades los cortes carreteros se prolongan por 15 días. En la sureña Tarija, donde están las mayores reservas del gas, estaban cerrados los comercios y varias oficinas públicas y privadas.

La falta de un diálogo y la escasez de combustibles en varias ciudades por causa del corte de rutas aumentaron la tensión. El gobierno se ha resistido a utilizar la fuerza pública para evitar posibles bajas; la policía y los militares limitan su tarea al resguardo de instituciones públicas y las instalaciones petroleras.

Morales reiteró el lunes su llamado al diálogo a los prefectos rebeldes, pero descartó devolver los fondos que tomó de los presupuestos regionales con el fin de financiar un bono vitalicio para los ancianos, y derivó el debate del referendo constitucional al Congreso. El reclamo de esos fondos es otra de las demandas de los opositores.

Una ruta en el sur por donde circula el grueso del comercio con Argentina estaba cortada en varios puntos con troncos y promontorios de tierra, al igual que otra en Santa Cruz, ambas vitales para la exportación de soya.

Autoridades brasileñas informaron que el flujo de personas y carga entre los dos países ha funcionado normalmente en la mayoría de los puestos limítrofes.

La crisis del país, que ya se prolonga diez meses, gira en torno a la reforma constitucional impulsada por Morales y la demanda de autonomía que tiene amplio respaldo en aquellas regiones.

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