«Sangre van a tener»

Como muchos analistas advirtieron, el referendo revocatorio de agosto pasado no fue más que una breve tregua en la ascendente violencia y división en Bolivia, que con atlético espíritu impulsan sus fuerzas políticas.

Frente a la creciente rebeldía en los cuatro departamentos autonómicos de la denominada Media Luna, el gobierno de Evo Morales enarbola nuevas amenazas y lleva a cabo un accionar que demuestra su renuencia a abrir un verdadero camino hacia la negociación, que es el anhelo de la mayoría de los diez millones de bolivianos.

Desde el punto de vista internacional, la medida de mayor calado ha sido la expulsión del embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg. Morales acusó a Goldberg de "conspirar" contra el gobierno, aunque todavía no se han presentado las pruebas. Un día antes ya se había producido la expulsión de la oficina antinarcóticos, la DEA, apuntó el diario paceño La Razón.

La situación se agrava

Los prefectos de Tarija, Pando, Beni y Santa Cruz perseveran en su inocultado afán porque el Estado le devuelva el IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos), varios centenares de millones de dólares anuales. Al mismo tiempo, profundizan su oposición al proyecto oficialista de Constitución. Esta, entre otras cosas, permitiría la reelección de Morales.

El presidente, sin embargo, ha reiterado que no devolverá el impuesto que, señala, pertenece a todos los bolivianos.

Los llamados cívicos agravaron a partir del pasado 25 de agosto pasado la situación del país, al comenzar a obstruir labores vitales como el transporte, la industria, etcétera. Carreteras domésticas y transnacionales, vías férreas, puentes, un aeropuerto, las oficinas del Servicio de Impuestos Nacionales y una emisora de radio estatal, entre otras instituciones, resultaron bloqueadas o tomadas.

Como prueba del clima cada vez más enrarecido que se vive en Bolivia, el vicepresidente del Comité Cívico de Pando, Ricardo Shimokawa, dijo a la prensa que si "el gobierno instruye al desbloqueo y la retoma de las instituciones, los cívicos y los pobladores de la región se defenderán, aunque tengan que enfrentarse con policías o militares". El líder político subrayó: "Si el gobierno quiere sangre, sangre va a tener".

Las declaraciones de Shimokawa fueron una respuesta contra el vocero del gobierno, Juan Ramón Quintana, quien afirmó: "todo bloqueo debe ser intervenido, primero pacíficamente, a través del diálogo, y si eso no es posible, tendremos que usar la fuerza pública".

Estas últimas declaraciones sonarían lógicas en cualquier situación similar en otro país, pero en el entramado sumamente complejo y tenso de Bolivia escapan a esa lógica.

Paradójicamente, los autobloqueos en los departamentos autonomistas generan desabastecimientos en estas y otras regiones. Según el gobierno, para Pando, Tarija, Beni y Santa Cruz queda hidrocarburo para "una semana más o menos".

No faltan ciudades como Yacuiba, Carapari y Villamontes, en el Chaco, cuyos habitantes han tenido que cruzar la frontera y aprovisionarse de energéticos y alimentos en Argentina.

Debe tenerse en cuenta que una ancha franja de la población en el departamento de Chuquisaca, que el experto Xavier Albó califica en estado de "insostenible polarización", se ha sumado a la oposición contra La Paz.

Con igual intransigencia que la oposición, las fuerzas sociales que siguen a los inquilinos del Palacio Quemado han amenazado con cercar el Congreso. Su propósito es presionar a la oposición para que apruebe las recientes propuestas del gobierno, en torno al referendo que ratificará o no la nueva Constitución y dirimirá, además, la superficie máxima de la tierra que permitirá la reforma agraria.

El miércoles, las acciones opositoras alcanzaron cotas alarmantes, con la toma del campo gasífero de Vuelta Grande. Asimismo, una explosión en el gasoducto que lleva el gas a Brasil obligó al gobierno a reducir los envíos a ese país en tres millones de metros cúbicos diarios, lo que equivale al 10%. Según La Razón, la oposición no reivindicó el "atentado" y, por el contrario, hablaron de un "autoatentado del gobierno".

En estado de shock

Mientras en diversos puntos del país se suceden enfrentamientos entre oposición y oficialismo, las organizaciones juveniles de tres departamentos autonómicos (más Chuquisaca) acordaron incrementar las tomas de instituciones estatales y exigir la retirada de las delegaciones presidenciales, así como declarar desobediencia civil si se decreta el Estado de sitio.

El líder de la Unión Juvenil Cruceñista, David Sejas, comentó que "ya es hora de que todas las instituciones del Estado pasen a la gobernación regional". Los jóvenes, además, exigieron el retiro de los delegados presidenciales en los departamentos, "porque son ellos los que promueven la violencia", afirmaron.

Si con razón los observadores atribuyen violencia a los dos polos del escenario político, según el Centro para la Profundización de la Democracia (CEPRODE), "desde enero de 2006 la gobernabilidad en el país está en estado de shock".

De acuerdo con la respetada entidad, Evo "Morales tropieza con el socavamiento institucional y poco apego a la norma que él mismo iniciara cuando era oposición". Añade CEPRODE que el mandatario "sufre en el gobierno las mismas minorías efectivas que él cultivó, aunque esta vez tengan el rostro de los prefectos" de la Media Luna.

Si para el periodista Humberto Vacaflor, Morales está a punto de entrar en la historia como el presidente que dividió Bolivia, CEPRODE, en un informe anterior, aseguró que las crisis no afectan la popularidad de Evo, "le resbalan cual aceite en una sartén de teflón".

Además de destacar los fracasos variados de la oposición, la entidad indicaba entonces que los bolivianos "quieren a Evo por defecto". "¿Qué náufrago acepta que se le pregunte qué le parece la calidad del madero al que se abraza en medio del oleaje? Por supuesto, prefiere no saber".

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