El nuevo canciller dice que el mundo debe respetar la decisión adoptada, mientras la OEA estudia suspender a Tegucigalpa

El nuevo canciller Enrique Ortez Colindres anunció este lunes que la comunidad internacional debe respetar la decisión de Honduras de deponer al ex presidente izquierdista Manuel Zelaya para salvar la democracia en el país, informó AP.

"Aquí no hubo golpe de Estado, porque los hondureños siguen regidos por la Constitución, a la que el anterior gobierno quiso reformar sin ningún fundamento y de manera ilegal", dijo el Ortez Colindres.

"Con la influencia del dinero y la propaganda izquierdista se ha hecho una imagen falsa internacional de Honduras, la que estamos dispuestos a contrarrestar", añadió.

Advirtió que "pese a que Honduras estaba a punto de colapsar por una locura política y que vivía en la ley de la jungla, algunas naciones intentan formar un bloque ideológico contra nosotros, lo que trataremos de desarticular".

En alusión al presidente venezolano Hugo Chávez, que anunció con intervenir militarmente en Honduras para devolver el poder a Zelaya, el canciller sostuvo que "como vivíamos en la ley de la jungla cualquier tonto nos amenaza hoy con invadirnos. Sin embargo, buscaremos a los amigos (que no especificó) para enfrentar esa situación".

"Hoy empezaremos a vivir de nuevo dentro del orden jurídico", dijo Ortez Colindres a la cadena local de radio HRN.

Sobre el tema y a la misma estación, el nuevo presidente Roberto Micheteletti afirmó que les "amenazan con invadir" su territorio, pero cada hondureño es un soldado que defenderá su patria. Esas son especulaciones... y nadie nos atemorizará".

Indicó que "respetamos a todo el mundo y sólo pedimos que nos respeten, y nos dejen en paz porque el país se encamina a elecciones generales libres y transparentes en noviembre".

El Congreso designó a Micheletti el domingo para concluir el mandato de Zelaya siete meses, que vence en enero de 2010.

Entretanto, continúan por segundo día consecutivo los apagones en amplias zonas de la capital y las principales ciudades hondureñas. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica sostiene que el problema es causado por "fallas técnicas" que intenta resolver rápidamente.

Decenas de simpatizantes de Zelaya siguen protestando frente a la Casa Presidencial, con lemas contra el nuevo gobierno y exigiendo el retorno de Zelaya.

Ellos impulsaban la "consulta popular" que el ex mandatario realizaría el 28 de junio para convocar una Constituyente que reformara la ley fundamental hondureña de 1982 y facilitara su reelección, pese a que la Corte Suprema de Justicia y todos los órganos estatales la declararon ilegal.

La iniciativa era rechazada también por los empresarios y diferentes sectores sociales. Sólo la apoyaban algunos líderes izquierdistas de organizaciones obreras, magisteriales, campesinas, indígenas y estudiantiles.

La Constitución no permite a los legisladores ni a la Corte Suprema modificar siete de sus 379 artículos llamados "pétreos" para mantener incólume la alternabilidad en el poder y prohibir la reelección del mandatario, que sólo debe cumplir una gestión de cuatro años.

Zelaya se encuentra en Managua para participar en una reunión de presidentes del Sistema de Integración Centroamericana prevista para el martes, luego de que los militares lo capturaron el domingo y lo enviaron en avión a Costa Rica.

Las fuerzas armadas, según el nuevo gobierno, sólo cumplieron una orden judicial para llevar a cabo ese acto en contra del ex gobernante.

Los militares, que no se han pronunciado sobre la situación en el país, se mantuvieron 18 años en el gobierno entre 1956 y 1982 en Honduras, luego de derrocar a tres presidentes elegidos democráticamente.

La OEA analiza suspender a Honduras

Mientras tanto, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, dejó abierta la posibilidad de que ese organismo suspenda a Honduras a raíz del derrocamiento del presidente Manuel Zelaya y exigió al "gobierno ilegítimo" de ese país que libere a los detenidos, reportó AP.

En alusión a una reunión de cancilleres programada para el martes en Washington, Insulza dijo: "No descarto que en esa reunión se aplique el articulo 19 (de los principios de la Carta Democrática Interamericana), suspendiendo a Honduras de todo tipo de participación de los organismos de la OEA, sean estos su asamblea, su consejo, sus comisiones".

En rueda de prensa, el domingo por la noche, Insulza aseguró que la OEA siempre estará abierta "a un cambio de actitud de parte del gobierno ilegitimo, pero ese cambio de actitud parte por aceptar el retorno y la reinstalación en su cargo del presidente Zelaya".

El secretario de la OEA exigió además la puesta en libertad de varias personas detenidas en Honduras y "cuyo paradero se desconoce".

"Quiero hacer nuevamente una exigencia de que esas personas sean presentadas a la brevedad y puestas en libertad de inmediato", señaló Insulza, que tras su llegada se reunió en privado con Mauricio Funes.

En Washington, la OEA acordó no reconocer al nuevo gobierno instalado en Honduras por golpistas y convocó una sesión de emergencia de los cancilleres americanos para determinar qué otras acciones adoptará la institución a raíz del derrocamiento de Zelaya.

En una resolución, que demandó unas cinco horas redactarla, la organización "rechaza y repudia" la destitución, arresto y expulsión de Zelaya del país y la subsecuente instalación de un gobierno presidido por Roberto Micheletti, presidente del Congreso.

Los ministros se reunirán en Washington el martes a las 4 de la tarde y pueden decidir una serie de sanciones a Honduras, previstas en la Carta Democrática Interamericana, incluyendo la suspensión de la participación del país en las actividades de la organización.

El embajador hondureño Carlos Sosa leyó la resolución al reanudarse la sesión de emergencia del Consejo Permanente de embajadores, y el embajador chileno Pedro Oyarce pidió que se la aprobara por aclamación.

La resolución de siete puntos declara que "no se reconocerá a ningún gobierno" que surja de la ruptura del orden constitucional en Honduras.

Entretanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el golpe y pidió aclarar el paradero de los miembros del gabinete que fueron arrestados durante la operación militar.

La CIDH, un órgano autónomo de la OEA, "exige que se aclare de manera urgente" la situación de todos ellos y que "se respete y proteja su vida e integridad personal, así como la vida e integridad de los miembros de la familia del presidente Manuel Zelaya".

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