Una cadena de ilegalidades

El secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, dijo con respecto a los últimos sucesos en Honduras, donde las fuerzas armadas deportaron al presidente Manuel Zelaya, que está muy preocupado por tales acontecimientos, y expresó "su firme respaldo a las instituciones democráticas del país y condenó el arresto del presidente institucional de la república".

El dilema de tales declaraciones reside en que no aclara quién no respeta las instituciones democráticas del país, si es el ex presidente Zelaya o el Parlamento, cuya mayoría aprobó su sustitución, o el poder judicial, coincidente con los legisladores en el conflicto.

Más allá de los numerosos detalles, la postura de Zelaya de efectuar un plebiscito con respecto a una nueva Constituyente generó, según portavoces del Parlamento, "un clima de confrontación, división y zozobra al grado de poner en peligro inminente y de rompimiento al Estado de Derecho, y la gobernabilidad".

En realidad, la decisión de Zelaya colocó a Honduras en una crisis inédita desde 1972, fecha del último golpe de Estado en el país centroamericano. Como se sabe, la crisis tomó vuelo cuando la jerarquía militar se negó a obedecer al mandatario con respecto al plebiscito, cuya actuación había sido considerada ilegal por la justicia.

Fundados en la votación del Parlamento, tanto el sector castrense como el nuevo presidente designado por el Congreso, Roberto Micheletti, se declararon convencidos de estar haciendo lo correcto, pues Zelaya "siguió adelante con una consulta popular que la Justicia, el Congreso y otros órganos del Estado declararon ilegal".

En general, la consulta tenía como objetivo la continuación en el poder de Zelaya, que abandonó los lineamientos de su partido, el Liberal, al acordar una clara alianza con homólogos de la zona, como Hugo Chávez.

Sin embargo, la pregunta principal es hasta qué punto los militares pueden adoptar una decisión tan drástica, como la deportación del presidente, por más que la Justicia haya autorizado previamente su detención.

¿Cuál es el resultado de la operación? El repudio absoluto —y lógico— del cuartelazo por parte de la comunidad internacional, incluido Estados Unidos. Es decir, todo lo contrario de lo que se proponían las instituciones hondureñas desconocidas por Zelaya.

El retorno del presidente constitucional es sólo cuestión de tiempo. Las consecuencias de la irresponsabilidad de la cúpula militar y de los partidos políticos se dejarán sentir en el futuro. En qué medida y cómo, son interrogantes que podrán ser respondidas más adelante.

Intervención en Honduras

El presidente Barack Obama puso el dedo en la llaga cuando, junto a su preocupación, señaló que "cualquiera de las tensiones y disputas existentes deben resolverse pacíficamente a través del diálogo, y libre de cualquier interferencia del exterior".

La intervención en otros países es la columna vertebral del populismo en Latinoamérica que, con Hugo Chávez como protagonista, atraviesa fronteras con sus discursos, petrodólares y vocación bélica. Pero la intervención en los asuntos de sus vecinos no es subrepticia, sino a plena luz.

Además de poner a las fuerzas armadas venezolanas en estado de alerta, Chávez dijo que "Honduras no está sola", e incluso advirtió con absoluto desparpajo que podría ordenar una intervención militar si se producía alguna agresión más contra su embajador en Tegucigalpa.

Caracas, La Habana y Managua han hablado de agresiones contra sus embajadores. Los tres gobiernos deberían presentar pruebas de tales conductas. Si se confirman los hechos, no hay otra salida que la condena de los mismos.

Sobre la intervención del populismo en el país, no por gusto Micheletti, ex presidente del Congreso, recordó que Hugo Chávez no impondrá lo que debe hacerse en Honduras. Conocedor de los movimientos de Chávez y de la difícil situación imperante, el mandatario, que estará en el poder hasta enero próximo, declaró un toque de queda por 48 horas.

Si fue con su entrada al ALBA —Alternativa Bolivariana para las Américas— que Zelaya inició una radicalización que muy pocos imaginaron, las victorias continuistas del populismo parecen haber llenado de ambición al presidente hondureño. Recuérdese que Rafael Correa, en Ecuador; el propio Chávez, en Venezuela; y Evo Morales, en Bolivia, han alargado sus mandatos a través del mismo instrumento que intentó utilizar Zelaya: una reforma constitucional.

Y, desde la derecha, el colombiano Álvaro Uribe todavía valora la posibilidad de presentarse por tercera vez a la presidencia.

Ya retorne al poder Zelaya o permanezca fuera de su país (de Costa Rica, adonde lo llevaron los militares, se trasladó a Nicaragua en un avión facilitado por Chávez), el único camino que existe para la normalización de la situación hondureña es la negociación, el diálogo y la diplomacia, ámbitos donde la OEA acumula vasta experiencia.

De momento, la oposición hondureña, el Congreso y los militares han preferido transitar un atajo que les resultará costoso. No se responde a una violación con otra, quizás más grave aún. Afortunadamente, son malos tiempos para las soluciones militares en América Latina.

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