Polémica sobre posible pago de recompensa a insurgente que mató a un líder de FARC

La posibilidad del pago de una recompensa a un insurgente que mató a Iván Ríos, uno de los siete miembros de la cúpula de las FARC, creó polémica en Colombia entre quienes consideran eficaz alentar la traición a los jefes del grupo ilegal armado y los que piensan que un Estado no debe pagar por crímenes, informó la AFP.

El insurgente, que dijo llamarse Pablo Montoya —hasta ahora sólo había sido identificado por su alias, "Rojas"—, dijo esperar que el gobierno cumpla con el pago de las recompensas ofrecidas.

"Espero que cumplan, para que exista credibilidad", dijo Rojas a los periodistas a los que fue presentado en una guarnición militar en la ciudad de Pereira (360km al oeste de Bogotá).

Montoya se entregó el jueves pasado a militares en el oeste del país trayendo consigo la mano derecha de Ríos, que cortó tras matarlo de un tiro en la frente. El cadáver del comandante fue encontrado horas después junto al de su compañera sentimental, también muerta por Rojas, en el sitio señalado por éste.

Por Ríos (el más joven de los siete integrantes del secretariado, como las FARC denominan a su cúpula) se ofrecían distintas recompensas, entre ellas una del gobierno colombiano de 5.000 millones de pesos (2,6 millones de dólares).

Rojas, quien era lugarteniente de Ríos, justificó el pago de su recompensa y dijo que confía en la palabra empeñada por el presidente Álvaro Uribe, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y el comandante del Ejército, general Mario Montoya.

El mandatario anunció este lunes que esperará a que concluyan las investigaciones judiciales y de la Fiscalía sobre ese hecho, para "medir la proporcionalidad entre el riesgo y la acción que cometió" Rojas, para así tomar una decisión.

Al respecto, el fiscal general Mario Iguarán señaló que "en principio" su organismo no acusaría a Montoya por el homicidio Ríos, pues pudo haber obrado un "miedo insuperable", lo que posibilitaría el "reconocimiento de la recompensa".

Por su parte, el procurador general Edgardo Maya dijo que su despacho analiza las normas vigentes para establecer si es viable pagar la recompensa, pues la oferta era por información que condujera a la captura del jefe insurgente, no por matarlo.

Pero otros juristas señalaron que se debe tener en cuenta las condiciones en que ocurrieron los hechos. El ex procurador Jaime Bernal dijo que se podría considerar que sin la muerte de Ríos era imposible entregar la información.

Bernal recordó que la Constitución colombiana prevé el beneficio de favorabilidad que "permite omitir una investigación, para beneficiar a alguien que ha decidido colaborar con la justicia".

Este principio fue ampliamente utilizado en los años noventa en la lucha contra el narcotráfico, cuando se evitó juzgar a varios lugartenientes narcos por la entrega de información que permitió la muerte o captura de los capos.

El ex fiscal Alfonso Gómez advirtió sobre la posibilidad de que se vulneren principios fundamentales al entregar una recompensa por una muerte, en un país en donde no existe la pena capital.

"La recompensa es por información, no era una recompensa al estilo del viejo oeste para quien lo entregara vivo o muerto", subrayó.

Reveses para las FARC

La muerte de Ríos es el segundo gran revés que sufren las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) desde el 1 de marzo, cuando se anunció que el número dos del grupo, Raúl Reyes, murió en un ataque militar colombiano a un campamento en Ecuador.

En adición, en Caracas, las televisoras Globovisión y Televen informaron extraoficialmente que un presunto miembro del secretariado de las FARC fue internado durante el fin de semana en un clínica de la localidad venezolana fronteriza de Rubio y estaría bajo fuerte custodia militar, reportó la AFP.

Según las informaciones, se trataría de un dirigente de la organización armada identificado con el alias de "Joaquín Gómez", quien habría resultado herido en combates en la frontera con Colombia.

Joaquín Gómez es Milton de Jesús Toncel Redondo, nacido en 1947, jefe del bloque central de las FARC, según las autoridades colombianas.

El diario Ultimas Noticias, indicó que "dos presuntos irregulares fueron recluidos en la clínica La Colonia, en la localidad de Rubio, municipio de Junín de Táchira" (670km al oeste de Caracas), en la frontera con Colombia.

"Al parecer, uno de ellos habría recibido un tiro a la altura de la quijada y en el esófago luego de sostener un enfrentamiento entre grupos armados en la frontera con Colombia", añadió el diario.

De acuerdo con un reporte publicado por el diario español El País Pablo Montoya, alias Rojas, dijo que Ríos no va a ser el último dirigente de las FARC abatido por sus subalternos.

"Ha cambiado la historia. Van a caer", dijo. El despotismo de Ríos, el cerco militar y la perspectiva de una recompensa determinaron el brusco desenlace. Pero muchos miembros del grupo ilegal armado están abandonando sus filas por otras vías.

Cada mes, unos 200 hombres se acogen silenciosamente a los programas de reinserción creados por el gobierno colombiano. Muchos fueron reclutados siendo casi niños, y están cansados de las privaciones, los malos tratos y la falta de horizontes. En total, 2.500 guerrilleros (cada vez más mandos medios entre ellos) se han incorporado hasta ahora a la vida civil.

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