Purga sin precedentes en el Ejército. El gobierno separa a militares acusados de asesinatos

El gobierno colombiano realizó el miércoles una purga sin antecedentes en el Ejército al retirar a 27 uniformados, incluyendo 3 generales, en momentos en que es fuertemente cuestionado por organismos de derechos humanos y el país es visitado por la alta comisionada de ONU, Navi Pillay, informó la AFP.

La destitución de los militares responde a los resultados de una investigación del Ministerio de Defensa por las muertes de una veintena de jóvenes —desaparecidos a principios del año en un humilde sector del sur suroeste de Bogotá— hechas pasar como bajas de la guerrilla en combate en el noreste del país.

Se "ha encontrado que puede haber integrantes de las Fuerzas Armadas incursos en asesinatos", dijo el presidente Álvaro Uribe en una conferencia de prensa en la casa presidencial, en la que anunció la decisión.

"Crímenes resultado de la confabulación entre delincuentes e integrantes del Ejército. Crímenes que en algunas regiones tienen por interés asesinar inocentes para dar la sensación de que se está enfrentando a los criminales en esas regiones, cuando son los verdaderos criminales los asociados con integrantes del ejército para cometer estos crímenes, para desorientar y para mantener esos criminales intacto el teatro de acción de su actividad delictiva", añadió, según citó la AP.

Por su parte, el Ministerio de Defensa dijo en un comunicado que hay "serios indicios de negligencia del mando en diferentes niveles" incluyendo "el planeamiento, conducción, ejecución y evaluación de las operaciones".

En el comunicado se reconoce que esa situación "pudo haber facilitado la colusión de algunos miembros del Ejército Nacional con delincuentes externos que gozaban de impunidad a cambio de contribuir al logro de resultados".

Los jóvenes, que vivían en Bogotá, fueron reportados como muertos en combates registrados en una apartada zona rural del municipio de Ocaña (noreste), donde fueron sepultados como no identificados.

Según familiares, antes de que ocurrieran las desapariciones, desconocidos le habían ofrecido a los jóvenes empleos en haciendas del norte del país con elevados salarios.

Los tres generales destituidos eran los más altos responsables militares en la región donde se presentaron los supuestos combates en que murieron los jóvenes.

Dos de los generales destituidos rechazaron las acusaciones.

"Bajo ninguna circunstancia por mi mente pudo atravesar mandar asesinar a alguien para presentar un falso positivo", dijo el general Paulino Coronado a radio Caracol.

Por su parte, el general Roberto Pico se declaró "muy sorprendido" por la decisión del gobierno. "Tengo mi conciencia tranquila", dijo a radio RCN.

Sectores de la oposición política reclamaron también la renuncia de Santos.

Para el senador por el opositor partido Polo Democrático Alternativo (PDA, izquierda), Gustavo Petro, la causa de esta situación es la política del gobierno de Uribe de incentivar a los militares por el número de bajas como prueba de eficiencia, dijo a la AFP.

Petro recordó que hace tres años el Congreso debatió sobre los denominados "falsos positivos" (montajes de las Fuerzas Militares para presentar resultados en su lucha contra las guerrillas izquierdistas o los paramilitares), y que en ese entonces la Procuraduría (ministerio Público) tenía 1.000 denuncias similares.

El escándalo sobre la presunta responsabilidad de los militares en las muertes de los jóvenes coincide con la visita de Pillay, alta comisionada de ONU para Derechos Humanos, en la antesala del examen que Colombia presentará en diciembre en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos.

Aunque "saludó" la decisión, Pillay exhortó al gobierno a esforzarse "en erradicar las ejecuciones extrajudiciales, adoptar medidas para prevenir, investigar, sancionar y hacer públicas situaciones en las que se hubiesen presentado hechos de tal naturaleza", en una declaración escrita.

Este miércoles fue presentado en Bogotá un informe del colectivo de ONG Misión Internacional de Observación que afirma que desde enero de 2007 hasta la fecha se ha reportado la desaparición forzada de 535 personas, en su mayoría por el Ejército.

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