Asalto liberticida

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU fue creado en marzo de 2006 para sustituir a la polémica e incómoda Comisión de Derechos Humanos. Ya desde su origen, advertíamos el escepticismo con que era recibido. Duda razonable que surgió al leer la resolución 60/251 que lo creó.

Promover el respeto a los derechos humanos, servir de foro, formular recomendaciones, realizar exámenes, presentar informes y cooperar, serían las funciones y atribuciones encomendadas por la Asamblea General de la ONU. Propósitos que bien podrían ser los de cualquier ONG internacional o canal televisivo, en cambio, pobres para ser el desempeño de un órgano internacional supuestamente llamado a enfrentar a Estados represivos y maltratadores. Para los optimistas, sobresalía como función estrella la de "ocuparse de las situaciones en que se violen los derechos humanos, incluidas las violaciones graves y sistemáticas". Pero sería, según la propia resolución, para "hacer recomendaciones", lo cual, evidentemente, es un enunciado poco comprometido.

Con esta génesis y contemplando la lista de los Estados miembros —verdadero asalto liberticida—, no debe sorprender sus actuaciones con respecto al régimen cubano. En junio de 2007, bajo la presidencia mexicana, decidió retirar a Cuba de la lista de países susceptibles de tener una vigilancia especial, considerando indiferentes las sistemáticas violaciones de los derechos humanos y los casi 200 presos políticos que hay en las cárceles comunistas.

Su más reciente lindeza fue la designación de un funcionario cubano como presidente del Comité Asesor. Al parecer, solamente era necesario ser jurista para asumir dicha responsabilidad —que no es sólo técnica—, y no, por ejemplo, tener una trayectoria en la defensa de los derechos humanos, por lo menos desde un claustro académico. Ahora, el señor Miguel A. Martínez, de cuya reputación como jurista no se tiene dudas, pero tan independiente como su propia sombra y sin credencial alguna como defensor de los derechos humanos, asesorará al organismo para hacer más "efectivo" su trabajo.

Ya podrán estar tranquilos en La Habana, también Mugabe, Obiang, Lukashenko, Chávez, y el tirano de Sudán. Tal y como están las cosas en el Consejo, seguramente algunos de ellos ya no tendrán que gastar tanto dinero en cabildear para evitar se mancille su reputación de "convencidos demócratas". Recursos que podrán incorporar a sus pingües fortunas o dedicarlo a comprar más propiedades inmobiliarias en las calles más céntricas de las capitales europeas.

Dar la batalla

La actual hipocresía y el abandono de la causa de los Derechos Humanos por parte de la ONU son realidades vergonzosas. Todavía, en tiempos de la criticada Comisión, existía la oportunidad —cierto que a veces in extremis— de que algún tirano se llevara una condena o al menos un pequeño rasguño moral. Hoy resulta algo difícil.

Las denuncias de las violaciones de los derechos humanos en la Isla se hicieron patentes en la antigua Comisión, gracias a la labor de personas como Armando Valladares, los democristianos Cecilia Slezynska, Amaya Altuna, Martha de Cárdenas, Lourdes Gómez, Siro del Castillo, Rafael Sánchez y Andrés Hernández, entre otros, acreditados gracias a la Internacional Demócrata Cristiana o la Unión Internacional de Jóvenes Demócrata-Cristianos; también los liberales jugaron un papel fundamental.

Todos sus testimonios y denuncias, junto al apoyo de determinados Estados, lograron en diversas ocasiones hacer justicia moral en aquel complejo escenario. Hoy, después de este asalto liberticida, la misión sería un garantizado fracaso.

Es duro, pero en este mundo de lo políticamente correcto, "moderado con los fanáticos y fanático con los moderados" —diría Revel— es en el que hay que dar la batalla.

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