Carambola

No, no pienso referirme al fruto del carambolo o star fruit como se le conoce en Estados Unidos sino a otra de sus acepciones en el diccionario de la RAE; el bien utilizado coloquio para definir el enredo, embuste o trampa para alucinar y burlar a alguien.

La señora Josefina Vidal, encargada de atender los asuntos de Estados Unidos en la cancillería cubana declaró a los periodistas lo siguiente: “Si los dos gobiernos, de manera racional, civilizada se proponen salir de este desencuentro que ha caracterizado la relación entre Cuba y Estados Unidos, en 55 años, es posible hacerlo”.

Según la directora general de Estados Unidos de la cancillería cubana. “La filosofía que está en el origen de las medidas impuestas a comienzo de los 60 por Washington es castigar a Cuba por haber tomado las riendas de su destino, sin priorizar los intereses de Estados Unidos. El bloqueo esencialmente se mantiene intacto”.

Por otra parte el abogado estadounidense Robert Muse, especialista en leyes sobre la Isla, afirmó en un panel organizado en la sede de la Sección de Intereses de Cuba en Washington que “la política de EEUU hacia la Isla es anormal” y no existe nada que impida que un mandatario estadounidense finalice el embargo y normalice relaciones, por lo que se trata de un asunto de “voluntad”.

Conjuntamente con este barraje de artillería pesada por parte de estas dos pinzas que tratan de cercar al embargo/bloqueo se produce casi simultáneamente el golpe principal de la ofensiva nada menos que con la poderosa división blindada de The New York Times comandada por el fantasma de Herbert Matthews que arremete a fondo apoyado con traductores de español para que no quede la menor duda de que el asalto va en serio. Al igual que dijo en aquella ocasión el jefe de la columna blindada: “Fidel Castro no solo no es es comunista sino que es decididamente anti comunista” esta vez recurriendo al olvido de la memoria histórica se lanza el grito de: “Starting in 1961, Washington has imposed sanctions in an effort to oust the Castro regime”. (Comenzando en 1961, Washington impuso sanciones en un esfuerzo para derrocar al régimen de Castro)

No soy propenso a polemizar en la ya casi ancestral controversia sobre la utilidad o ineficacia del embargo comercial o bloqueo como lo cataloga Cuba. Por enésima vez vuelve a salir ahora a la palestra en boca de la señora JV directora general de Estados Unidos en la cancillería cubana, del abogado norteamericano siempre bienvenido en la sede diplomática cubana de Washington y la tropa de choque del New York Times. Por lo que me veo obligado a despertar la memoria histórica en aras de la verdad y analizar ciertos aspectos que al parecer ocultan o desconocen sobre los mecanismos de una economía de mercado en un estado de derecho así como la observación del cuerpo de leyes que hacen posible que funcione sin caprichos del gobernante de turno.

Según la señora JV el “bloqueo” se debe a la maldad de Estados Unidos de querer “castigar a Cuba” por “haber tomado las riendas de su destino” entiéndase por haber el gobierno de Fidel Castro confiscado sin compensación propiedades norteamericanas valoradas en billones de dólares. Todavía quedan personas que recuerdan los estribillos de aquel acto en el Estadio Latinoamericano donde Fidel iba pronunciando el nombre de cada una de las corporaciones norteamericana y la multitud gritaba enardecida “SE ÑAMABA” Es decir que decretar un embargo comercial contra quien le ha robado el patrimonio de sus ciudadanos no es para JV “priorizar los intereses de Estados Unidos”. Estas afirmaciones son tan Caramboleras que ni siquiera vale la pena consumir un átomo de materia gris para rebatirlas.

Para el otro sujeto, el abogado norteamericano R.M. que se anuncia como “especialista en leyes sobre la Isla” la actitud de Estados Unidos es “anormal” no existe nada que impida que un mandatario estadounidense finalice el embargo y normalice relaciones, por lo que se trata de un asunto de “voluntad”. En dos palabras que según los conocimientos legales de este experto letrado una ley codificada y aprobada por el Congreso Norteamericano y sancionada por el Presidente, puede ser cambiada por el ejecutivo en cualquier espasmo antojadizo que le surja. No sé porque este jurista da la impresión de haberse graduado en las escuelas de derecho creadas por Fidel Castro. En fin, que tampoco vale la pena gastar pólvora con estos peritos en leyes isleñas.

Por último la División Blindada del New York Times tergiversa la historia, carambolea y asegura que: “comenzando en 1961, Washington impuso sanciones en un esfuerzo para derrocar al régimen de Castro” cuando todos sabemos que no es exactamente así, que el embargo comercial se estableció debido a la confiscación de las propiedades de inversionistas norteamericanos valoradas en billones de dólares sin indemnización alguna. Que posteriormente el gobierno norteamericano organizara acciones encubiertas para desestabilizar al régimen o incluso para derrocarlo con una invasión es otra cosa. Pero estamos hablando del embargo, su establecimiento, sus consecuencias y su futuro.

Independientemente de que todo hace indicar que será bastante difícil que se levante el embargo contra la dinastía de los Castro hasta que estos desaparezcan del escenario y se restituya en Cuba un Estado de derecho, deseo tocar un punto del que nunca se habla, que es totalmente desconocido dentro de Cuba e incluso ignorado por muchos dentro de Estados Unidos. Asunto que indudablemente complica en extremo la solución de este diferendo del embargo/bloqueo o como se le quiera llamar. Y consiste en que si el poder ejecutivo de Estados Unidos lleva a cabo una acción unilateral como la que propone el abogado Robert Muse, estaría expuesto a un Class Action (Demanda Colectiva) por discriminación y daños a ciudadanos norteamericanos.[1]

No sé si podré en el espacio de este artículo simplificar suficientemente una explicación tan complicada para que cualquier persona pueda entenderla. Si no lo logro les pido disculpas.

En Estados Unidos desde el Presidente hasta el más desposeído vagabundo tienen obligaciones y derechos ineludibles. En una eficiente economía de mercado lo más importante para los negocios está en la información de los niveles crediticios tanto de personas como instituciones. Es decir la habilidad que tienen de amortizar sus deudas. Para ello existen tres instituciones no gubernamentales Equifax, Experian y Transunion. A través de ellas es monitoreada la actividad económica de todos los norteamericanos: el pago puntual de todos los servicios que recibe como electricidad, agua, gas, recogida de basura y otros, el pago puntual de sus hipotecas o alquileres, la amortización de sus tarjetas de crédito y cuanta transacción económica la persona realice. Las tres instituciones encargadas de este monitoreo evalúan el nivel crediticio de los ciudadanos dándole una puntuación que fluctúa entre los números 300 al 850. Este puntaje es conocido con las siglas FICO. Cualquier individuo que tenga una puntuación por debajo de 500 difícilmente obtendrá créditos con aceptable tasa de interés.

Durante la última crisis económica de 2008, millones de norteamericanos que perdieron sus empleos y muchos hasta sus viviendas al no poder pagar las hipotecas sufrieron el detrimento de sus puntuaciones del FICO a niveles que resultaron insostenibles para la mayoría de esas familias. Perdían sus viviendas y al mismo tiempo les resultaba prohibitivo alquilar al verse obligados a pagar en ocasiones hasta tres veces el costo de los depósitos de garantía exigidos por los propietarios de los inmuebles en alquiler.

Aquí viene el punto neurálgico de la relación existente entre esta crisis y el diferendo sobre el levantamiento del embargo de Estados Unidos al régimen de Castro. Todos sabemos que el interés fundamental del gobierno cubano en el levantamiento de las sanciones es para lograr tener acceso a los créditos que necesita desesperadamente para poder paliar la terrible situación económica a que ellos han llevado al país. Si como dice el abogado Robert Muse el presidente de Estados Unidos levanta unilateralmente las sanciones se crearían dos conflictos impredecibles. Primero estaría cometiendo un delito de discriminación contra sus propios ciudadanos que están sufriendo las consecuencias de sus pérdidas del crédito y al mismo tiempo los condena a pagar por las deudas en que incurra el régimen castrista si este no cumple con las amortizaciones de sus deudas con las empresas norteamericanas. ¿Cómo se digiere esto? Muy sencillo. El régimen de los Castros en la tabla de valores con que se mide el crédito a los ciudadanos estadounidenses difícilmente llegue ni a 100 puntos y con ese promedio no tiene posibilidades de comprar a crédito ni un par de patines. Por lo tanto si el presidente norteamericano permite que empresas de Estados Unidos vendan a Cuba lo que deseen en crédito mientras que sus ciudadanos sufren las consecuencias de no tener esa posibilidad, el ejecutivo de esta nación estaría cometiendo un acto de discriminación sin precedente y muy difícil de justificar.

Estoy exponiendo mi criterio sin considerar lo que por lo general se esgrime con más frecuencia por las personas que se oponen a que se levanten las sanciones: falta de democracia, violación de los derechos humanos, odio hacia Estados Unidos, etc. Me he concretado a las reglas del juego en una economía de mercado.

Pero ahí no termina la cosa. Veamos ahora porque se condena a los ciudadanos norteamericanos a pagar por las deudas de los Castros si se les concede créditos. Cualquier empresa norteamericana puede descontarse de los impuestos que deben pagar las pérdidas que sufra en sus transacciones comerciales. Por ejemplo, si el productor de trigo John Doe le vende a Cuba 20 millones de dólares en granos y Cuba le deja de pagar 10, este puede de acuerdo a los mecanismo del IRS descontarse esa suma de los impuestos sobre las ganancias obtenidas. ¿Y quiénes creen ustedes que pagarán por esa deuda de los Castros? Sencillamente todos los contribuyentes que vivimos y trabajamos en Estados Unidos.

Señora Josefina Vidal, señor Robert Muse y espíritu de Herbert Mattews, la única manera racional y civilizada para salir de este desencuentro que ha caracterizado la relación entre Cuba y Estados Unidos es sentarse a negociar con la dirigencia del país cuyos ciudadanos sufrieron la confiscación de sus propiedades sin indemnización y comenzar preguntando cómo se pueden reparar los tremendos errores cometidos con inversionistas que no tenían nada que ver con las políticas entre ambos gobiernos. Después de esa arrancada es muy probable que pueda fluir civilizadamente la solución de otros antagonismos. Todo lo demás, discursos patrioteros incluidos, son simplemente carambolas. Ah, y cuando se está al frente de la diplomacia que atiende a Estados Unidos, o declararse experto en leyes de la Isla o escribir un editorial de cualquier medio de prensa serio lo más elemental es conocerse o por lo menos tener una idea del Common Law y el Derecho Inglés.

[1] El Class Action es una demanda presentada o defendida por un individuo o grupo pequeño de personas que actúan en nombre de un grupo grande.
Son aquellas acciones que reúnen todas las demandas de un elevado número de demandantes frente al mismo demandado o demandados, cuando todas las demandas tienen, en esencia, el mismo contenido; ahora bien, la denominación viene de la pertenencia de todos los actores a “un grupo” o una misma región, lo que posibilita que algunos miembros de la clase pueden ser indeterminados y, por lo tanto, no estar identificados. Su vigencia se da en el common law, básicamente en los Estados Unidos, el Derecho inglés y en zonas de Canadá.
(Fuente: MOSSET ITURRASPE, Jorge, HUTCHINSON, Tomás y DONNA, Edgardo A.; Daño Ambiental, Tomo I, 2º Ed. ampliada y actualizada, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2011, p. 184).

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