Actualizado: 20/10/2017 18:43
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Cuba, Inmigración, Exilio

Cuba: el gobierno contra los emigrados

Sobre el serio problema de la relación discriminatoria, predatoria y antinacional del Estado cubano frente a sus emigrados

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Tengo ante mí, dos noticias.

Una es la situación de los cubanos en Ecuador. Los vivos, durmiendo en una plaza a la intemperie. Los muertos, congelados en una morgue sin poder regresar con sus familiares para recibir sepultura en la tierra en que nacieron. Todos, víctimas de esa actitud irresponsable y criminal del Gobierno cubano frente a sus ciudadanos emigrados, considerados subproductos despreciables de la sociedad insular. Y hacia los cuales no cabe consideración alguna.

La otra es la imagen del coronel Idael Fumero, un alto oficial del Ministerio del Interiar (MININT), quien ha declarado ante una comisión de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) —nada menos que de defensa nacional— que se están produciendo inversiones subrepticias de cubanos emigrados en los magros espacios de actividad privada en la Isla, lo que califica como “lavado de activos”. Fue muy claro y lo cito: “Entre las principales ilegalidades a las que el país hace frente persiste el interés de emigrados y extranjeros de introducir fondos ilícitos para invertir en el sector no estatal y en bienes, lo que se conoce como lavado de activos”.

Una y otra noticia apuntan al serio problema de la relación discriminatoria, predatoria y —¿por qué no?— antinacional del Estado cubano frente a sus emigrados. Y en el caso del coronel, otra manera de satanizar la relación de ambas comunidades, la insular con la emigrada.

No dudo que existan casos de lavado de activos en las transferencias monetarias de algunos cubanos emigrados a la Isla. Pero tampoco creo que exista una particular sensibilidad gubernamental cubana —o del oficial de marras— por el complicado tema de los lavados de activos. De ser así, ya existiría una investigación y una información clara sobre las revelaciones de los papeles de Mossack Fonseca, sobre decenas de compañías cubanas o fuertemente relacionadas con Cuba, y donde aparecen allegados del propio Clan Castro. Siquiera existiría una autocrítica sobre la manera como el Gobierno cubano albergó al estafador internacional Robert Vesco.

Pero aún si esos casos se comprobaran o esa sensibilidad se justificara, resulta criminal relacionar este asunto de esta manera con las microinversiones indirectas de los cubanos emigrados en la Isla.

Para nadie es un secreto que, si es posible hablar de una comunidad cubana dinámica, hay que buscarla, en primer plano, en la emigración. No lo es que esa comunidad —algo así como un 15 % de los cubanos vivos— sostiene con su trabajo a buena parte del consumo de algo así como la mitad de los insulares. Como tampoco es desconocido que Miami es un mercado que igual aporta trabajos temporales, leche en polvo, medicinas, piezas de autos, uniformes escolares y cuanto escasea en la Isla, que es decir, casi todo.

Es absolutamente natural que esos cubanos busquen la manera de invertir en Cuba a la pequeña escala que sus bolsillos permiten. Y si no lo pueden hacer limpiamente, entre otros motivos porque el Gobierno cubano no lo permite, lo hagan usando intermediarios confiables. Lo que, de paso, les quita de arriba la tremenda carga de la remesa mensual.

Si Cuba fuera un país normal, el Gobierno estaría facilitando todo. Pues ello genera empleos, dinamiza el sector servicios y ayuda a crear una base logística más apropiada para el turismo. Es decir, la gente puede vivir y comer de su trabajo, dignamente, y no de la asistencia externa. Y si fuera normal, usaría al máximo los recursos de esa emigración particularmente exitosa —económica, política, cultural y profesionalmente— a cambio de una política de apertura acorde con la condición transnacional de la sociedad cubana. Una política que tiene que conducir a la restitución de todos los derechos ciudadanos que han sido expropiados a lo largo de décadas.

Pero Cuba no es un país normal, porque su gobierno opta por una relación hostil con su emigración —a contrapelo de lo que pasa en todo el mundo, incluyendo a República Dominicana— y prefiere seguir esquilmando a los emigrados con precios exorbitantes de sus ineficientes servicios consulares, o comprando en las tiendas medio vacías más caras del mundo. Es decir, seguir ordeñándolos, para sacarles, uno a uno, los 3 mil millones de dólares anuales que ayudan a sostener la decrépita economía nacional. Y por esa vía garantizar el enriquecimiento de una élite en metamorfosis burguesa, la verdadera razón de esa “continuidad socialista” que proclama la clase política y repiten sus alabarderos.

La normalización de las relaciones entre las comunidades insular y emigrada, el cese de la hostilidad gubernamental y la restitución plena de los derechos ciudadanos a los emigrados constituye hoy un ingrediente imprescindible de la sociedad mejor a la que tenemos derecho.


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