Actualizado: 26/10/2021 10:28
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ALBA, Cumbre de las Américas

Cuba y la VI Cumbre de las Américas: de San Pedro Sula a la gestión colombiana

“Cubanizar” la Cumbre sería distraer la atención de esferas de cooperación entre EEUU y América Latina y brindarles pretextos a algunos miembros del ALBA para impugnar a la OEA

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La derogación por la Asamblea General de la OEA en San Pedro Sula (2009) de la resolución sexta de Punta del Este, 1962, confirmó un cambio en el balance de fuerzas respecto a Cuba entre los estados del hemisferio. En 2009, el embargo norteamericano contra Cuba (proclamado apenas seis días después de la resolución de Punta del Este en 1962) era repudiado unánimemente por todos los países americanos. Era anacrónico excluir a Cuba de la OEA por ser “marxista”, o por su relación con un supuesto “eje chino-soviético”, cuando la Unión Soviética no existe y la República Popular China es miembro asociado del Banco Interamericano de desarrollo.

Para conciliar el fin a la exclusión de Cuba con el requerimiento de membrecía democrática en la OEA., el compromiso de San Pedro Sula separó la derogación de la resolución VI de Punta del Este (1962) del proceso de readmisión del Gobierno cubano al sistema interamericano, que depende de un diálogo entre la OEA y Cuba, a pedido de esta última. Sin embargo, la inercia del status quo en La Habana y Washington paralizó cualquier progreso y depositó una bomba de tiempo en la puerta de la VI Cumbre de las Américas en Cartagena de Indias.

La crisis explotó a raíz de la cumbre del ALBA en Caracas para festejar el veinte aniversario de la intentona golpista de febrero de 1992. El presidente ecuatoriano Rafael Correa amenazó con un boicot colectivo del ALBA a la cumbre de las Américas si Cuba no era invitada. Respondiendo a la declaración del ALBA, en términos de la resolución de San Pedro Sula (2009), la canciller colombiana María Holguín propuso consensuar una solución flexible que invite a Cuba a la cumbre con un estatus especial. Este esfuerzo constructivo de la administración Santos destrabaría una mayor interacción cubana con el sistema hemisférico sin sacrificar la norma interamericana de gobernabilidad democrática.

Una OEA diferente

La actualización del tratamiento de Cuba que ocurrió en San Pedro Sula demostró que la OEA actual es diferente de la que separó a la Isla con la complicidad de Somoza y Duvalier. En 2001, La OEA codificó la norma de gobernabilidad democrática en la Carta Democrática Interamericana, dando continuidad a la resolución 1080 de 1991, y por mandato de la declaración de la III Cumbre de las Américas de Quebec (2001). Desde 1991, la OEA se ha opuesto a todos los golpe de Estado en las Américas. Los gobiernos, sean marxistas o no, son legítimos en el continente si respetan la democracia representativa. El pluralismo ideológico es hoy principio del sistema interamericano.

La inexistencia de relación entre el Gobierno cubano y la OEA no es óptima para ninguna de las partes. Existen opciones sin que Cuba acceda a la membrecía plena, más útiles a ambos actores que la exclusión total. Incluso asumiendo la permanencia del sistema unipartidista, la diplomacia cubana no debe ser rehén de las confrontaciones históricas. Cuba puede solicitar el ingreso o suscribir unilateralmente las convenciones para ser miembro del Comité Interamericano contra el terrorismo, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura o la Comisión Interamericana contra el Abuso de las drogas.

A Cuba y a la región le convienen una interacción orgánica de la Isla con instituciones interamericanas de intercambio universitario, protección fitosanitaria y cooperación energética. El rechazo frontal de La Habana a participar en el sistema interamericano, más allá de la membrecía cubana en la Organización Panamericana de la Salud (OPS), no es la mejor política para promover el diálogo multilateral y la cooperación Norte-Sur para el desarrollo.

El Status quo es insostenible

En el contexto de la VI Cumbre de las Américas, el uso del tema de Cuba por los líderes del ALBA persigue socavar el monitoreo democrático de la OEA en sus países. Mandamases —como Daniel Ortega, violador por partida doble de la clausula constitucional nicaragüense contra la reelección— usan el embargo contra Cuba para desprestigiar los organismos internacionales que obstaculizan su perpetuación en el poder. El ALBA mezcla con manipulación sus críticas al embargo norteamericano contra Cuba con un rechazo rígido a lo que es una objeción seria a la integración plena de la Isla al sistema interamericano: el Gobierno cubano ha declarado que no tiene ninguna intención, con bloqueo norteamericano o sin él, de adoptar la democracia representativa ni de ser miembro de la OEA.

Las declaraciones del Departamento de Estado cerrando unilateralmente cualquier posible solución intermedia entre la asistencia plena y la exclusión, se ajustan perfecto a la narrativa de Cuba como víctima enarbolada por el ALBA. Frente a la rigidez norteamericana oponiéndose rígidamente a cualquier participación cubana en la Cumbre, provocada en gran parte por consideraciones de política interna en un año electoral, el Consejo Político del ALBA, reunido en la Habana, flexibilizó la propuesta de Correa y en lugar de declarar un boicot, otorgó espacios a Colombia como país anfitrión para consensuar una forma aceptable de invitar a Cuba.

Dado lo impopular que es la política norteamericana de aislamiento contra Cuba en el hemisferio, no solo en los países del ALBA, el status quo de exclusión total de Cuba del sistema interamericano es insostenible sin un costo elevado de credibilidad para la OEA en el continente. “Cubanizar” la Cumbre seria distraer la atención de esferas de cooperación entre EEUU y América Latina y brindarles pretextos a algunos miembros del ALBA para impugnar a la OEA, incluido el monitoreo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sus misiones de observación electoral.

De San Pedro Sula a la invitación colombiana

Al pasar toda la decisión de invitar a Cuba a la Cumbre a Colombia como país anfitrión; Jean Michel Arrighi, director de asuntos jurídicos de la OEA, depuso responsabilidades de la organización continental, que son de su ineludible competencia. El liderazgo de la OEA debería hilvanar una estrategia flexible hacia la VI cumbre de Cartagena que sin legitimar como democracia representativa al sistema unipartidista cubano, entienda que, para promover una liberalización política en Cuba y coordinar regionalmente la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y otras amenazas, conviene una mayor interacción entre los organismos hemisféricos y el Gobierno y la sociedad civil cubanas.

La sugerencia de la ministra colombiana María Holguín, contemplando abrir la cumbre de Cartagena a Cuba con un estatus especial apunta en la dirección adecuada. La clave estaría en:

1) Abrir el sistema interamericano a la participación cubana en temas nobles como la lucha contra el terrorismo, la pobreza y los grupos criminales, socavando así la política norteamericana de exclusión absoluta contra Cuba, basada en la ley Helms-Burton, que es contraproducente a la promoción de los derechos humanos, e incompatible con los principios de la Carta de Bogotá (1948).

2) Concebir la invitación como continuación del compromiso de San Pedro Sula (2009), e inicio de un proceso de cooperación y diálogo del sistema interamericano y Cuba, en el que una participación plena dependería de un respeto cubano al derecho de los pueblos a la democracia representativa, reconocido no solo por la OEA sino en las constituciones de la mayoría de los países del hemisferio, por la UNASUR, la comunidad Andina, el SICA, y hasta el Grupo de Rio, predecesor de la CELAC.

Cuba debe valorar con tino las diferencias entre la V y VI Cumbres hemisféricas. Si la de Trinidad ocurrió al inicio de la Administración Obama, la de Cartagena ocurre a seis meses de una elección complicada, que hoy se pronostica reñidísima. La cumbre tiene importancia simbólica pero en la balanza de intereses cubanos es incomparablemente menos importante que un segundo periodo presidencial demócrata, cuando importantes desmantelamientos del embargo pueden ocurrir.

La Administración Obama debe también entender que la Cumbre de Cartagena justo después de la visita de Benedicto XVI a Cuba, con su anticipado llamado a que Cuba se siga abriendo y que el mundo reaccione a los procesos de reforma cubana con más interacción y apertura. Si Cuba solicitara participar en algunos espacios del sistema interamericano, la cooperación anti-drogas o contra el terrorismo por ejemplo, el presidente Obama podría defender el diálogo con la Isla en la campaña electoral actual desde su conveniencia para los intereses multilaterales de Washington en la región, tal y como lo formuló en 2008.

La VI Cumbre de Cartagena, mecanismo del sistema interamericano, debe construir sobre la resolución de la Asamblea General de la OEA en San Pedro Sula (2009). Se necesita creatividad y claridad para iniciar un diálogo político con Cuba, incorporándola en la cooperación regional, sin socavar el régimen hemisférico de gobernabilidad democrática. Cuba podría ser invitada a las sesiones de la cumbre, pero al no ser miembro de la OEA no votaría su declaración final ni sería miembro del Grupo de Revisión de la Implementación de las Cumbres (GRIC), adscrito al organismo hemisférico. La propuesta colombiana como país anfitrión de invitar a Cuba en una condición especial merece una exploración desprejuiciada.


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