Actualizado: 16/10/2017 9:39
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Cubanos, Centroamérica, Inmigración

De culpables y cómplices: el drama de los cubanos en Centroamérica

Que nadie se llame al asombro. El Gobierno cubano siempre ha jugado con la suerte de sus emigrantes

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El drama que están viviendo los cubanos en Centroamérica es uno de esos asuntos de muchas aristas que no admiten versiones sencillas. Por eso no intento aquí una explicación exhaustiva, sino solamente resaltar lo que considero es el componente más bochornoso de toda la trama: la complicidad del gobierno cubano y de quienes callan.

La imagen dolorosa de nuestros compatriotas huyendo de los policías antimotines nicaragüenses, cargando niños indefensos, apaleados y cercados por el humo tóxico de los gases lacrimógenos, resulta el trozo mediático de un drama que se ha estado desarrollando por meses y años. Perdidas todas las esperanzas en Cuba, incapacitados para obtener visas americanas, y temerosos de que sea derogada la llamada Ley de Ajuste Cubano, nuestros compatriotas han estado experimentando todas las vías imaginables para llegar a territorio americano.

Lo siguen haciendo por la ruta tradicional del estrecho de la Florida, siempre peligroso y muy patrullado. Lo intentan, cada vez con más frecuencia, por República Dominicana, desde donde se trasladan a territorio boricua a través del acechante Paso de la Mona, pero los dominicanos han cerrado este grifo y han empezado a deportarlos. Y México resulta tan impenetrable —o más— que los propios Estados Unidos.

En consecuencia, desde hace meses han estado tratando de llegar al Río Grande atravesando selvas y páramos desde Ecuador, donde los requisitos de entrada son menos exigentes. Una historia que trata de personas desesperadas —se habla de unos cuantos centenares diarios— que afrontan todo tipo de inclemencias, abusos físicos y morales, robos, secuestros y violaciones. Personas que desaparecen, a veces para siempre, y sobre cuyos paraderos sus familias indagan desde las páginas especializadas de Internet.

Para hacerlo tienen que atravesar media docena de países sur y centroamericanos, todos los cuales, con menor o mayor entusiasmo, han permitido los pasos de estas caravanas otorgando permisos —de jure o de facto— por algunos días, los suficientes como para verlos desaparecer en la frontera siguiente. Hasta que, súbitamente el gobierno de Managua comandado por Daniel Ortega decidió cerrar el paso por su territorio. Lo hizo a la fuerza, lanzando sobre los cubanos una compañía de guardias antimotines cargados de juguetes letales. Una mujer cubana describió la situación en pocas palabras: “Nos tiraron gases lacrimógenos, nos dieron golpes, golpearon a las mujeres embarazadas, a los niños, nos han maltratado durísimo, dispararon. Estamos muy mal, necesitamos que nos ayuden”.

Nadie puede creer que Daniel Ortega esté jugando sinceramente cartas de estricta legalidad. Nunca lo ha hecho, y no lo hace ahora, en un país que, por lo demás, siempre oscila entre lo alegal y lo ilegal en beneficio del enriquecimiento de su élite (de la que la familia Ortega ha pasado a ser un miembro distinguido) y de la magra sobrevivencia del resto. Ortega usa a los cubanos para atizar el conflicto que ha cultivado en la frontera en torno a unos pedazos de tierra que reclama suyos en detrimento de Costa Rica y que apuntan a un mejor posicionamiento para la construcción de un canal interoceánico con financiamiento chino. Y acusa a Costa Rica de hacer lo que todos han estado haciendo en los últimos meses: dejar pasar.

Pero Daniel Ortega es un ahijado pródigo del Gobierno cubano. Es un vástago adinerado y corrupto proveniente de los escombros de aquella revolución que derrumbó una de las peores satrapías del continente y por la que cientos de miles de nicas dieron sus vidas. De Cuba recibe muchas cosas, incluyendo brigadas médicas que apuntalan su depauperado sistema sanitario, y él mismo recibe atención médica de primer orden gratuita para una enfermedad que se comenta progresiva. Y recibe otros servicios menos altruistas, como agentes de seguridad que le cuidan las espaldas de sus muchos enemigos. Por eso sería ingenuo creer que Ortega está apaleando cubanos si no tuviera el apoyo del Gobierno cubano.

Para el gobierno de Raúl Castro, se está generando un negocio político de altos réditos en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica. Un problema internacional que no es difícil ligar a la Ley de Ajuste Cubano, y que, por tanto, mueve a reconsiderarla, y junto con ella a todo el amasijo legal del bloqueo/embargo. Pues la remoción del embargo implica una oportunidad única para la élite política cubana en proceso de aburguesamiento. Y si para conseguirlo hay que ofrecer al mundo la triste imagen de cubanos desesperados —tan desesperados que desafían jaguares, “coyotes” y guardias blindados— ello es un mal menor. Hace mucho tiempo que el Gobierno cubano no conoce el sentido de la pudicia política.

Que nadie se llame al asombro. El Gobierno cubano siempre ha jugado con la suerte de sus emigrantes. Considera a la emigración como una suerte de comodín político que usa para justificar políticas opresivas. Y como caja chica para sostener el propio estropicio económico que ha generado. Es posible, nunca lo olvidemos, que los viajes y negocios de la élite y sus hijos —recordemos las giras europeas de Mariela y los tours helenísticos de Antonio, ambos del Clan Castro— estén siendo pagados por las remesas y los altos precios consulares que los trabajadores cubanos en diversas partes del mundo transfieren a este Estado Proxeneta. En consecuencia, lo que está haciendo ahora es hacer lo que siempre ha estado haciendo: apalear emigrados desesperados para obtener provechos colaterales.

Lo que está sucediendo no es una cuestión que admita parangones ideológicos o políticos. No es un dilema de izquierdas y derechas, o de pro y antimperialistas. Es un dilema entre lo humano y lo inhumano. Y ante semejante dilema —ante la imagen de mujeres huyendo y arrastrando niños aterrorizados— mi posición no puede ser otra que la condena absoluta al Gobierno cubano por su complicidad en un atentado contra sus ciudadanos, a los que supuestamente está obligado a defender.

Ante los otros, los cómplices por omisión que callan o solo musitan compasiones plañideras, ni siquiera una condena. Solo lástima, mucha lástima.


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