Actualizado: 16/07/2020 12:18
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Doble estándar

Europa debe abandonar su tolerancia ante los ataques a la constitucionalidad en Cuba, Honduras y otros países de América Latina.

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El caso constitucional de Honduras trascenderá en el futuro inmediato de Latinoamérica. O se priorizan las instituciones democráticas, es decir, la Constitución, la Corte Suprema de Justicia y el resto de las dependencias judiciales, el Congreso y la sociedad civil, o se concentrará el poder en manos de caudillos, llámense Castro, Chávez, Morales, Ortega o Correa.

El dilema está en si se preservan las instituciones, y con ellas la democracia, las libertades fundamentales y la prosperidad, o si se vulneran.

En Cuba, Fidel Castro prometió reinstaurar la Constitución de 1940, pero, una vez en el poder, estableció una Ley Fundamental no sometida a sufragio. Más tarde, en 1976, impuso una Constitución marxista-leninista, sin permitir llevar a votación popular una opción alternativa.

El venezolano Hugo Chávez, que en una entrevista con Univisión —durante su primera campaña electoral— declaró que la Cuba de Castro era dictatorial, después de afirmarse en el poder apoyó el concepto de las dictaduras presidenciales. Entre otras cosas, dijo que Venezuela quería seguir por los mismos mares de felicidad que la Cuba totalitaria a la que se había referido años antes.

En Honduras, Manuel Zelaya juró cumplir y hacer cumplir la Constitución de 1982, pero en el último año de su mandato la violó. Incluso afirmó que él no respetaba los dictámenes de la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría, el Tribunal Superior Electoral, ni tampoco las decisiones del Congreso.

La democracia no sólo es una elección presidencial —el mandatario electo podría ir más tarde contra la constitución que juró preservar—, sino también el respeto a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos del país, tanto de las mayorías como de las minorías.

Cuba, que no cumple con las normas y derechos internacionalmente aceptados —como los pactos sobre derechos políticos, económicos y sociales de la ONU—, demuestra el doble rasero que existe en el tema.

En estas circunstancias, ya es hora de que Latinoamérica y Europa llamen al gobierno de La Habana públicamente por su nombre, dictadura. Es lo que sostiene la mayoría de las organizaciones pro democracia al interior del país, una convicción expresada ante varias cancillerías europeas mientras se discutía la política común hacia el régimen.

"When appropriate"

Al mantener la Unión Europea la coletilla de "when appropriate" —sobre los contactos con líderes opositores durante los viajes de altos funcionarios europeos a la Isla—, demuestra una persistente doblez. Por un lado, se da legitimidad al régimen y, por otro, se le escamotea al movimiento pro democracia interno. El "when appropriate" ha resultado ser un "never appropriate", tanto en el año anterior como en el presente.

Afortunadamente, el mundo está empezando a reaccionar contra las arbitrariedades y abusos de poder de las dictaduras presidenciales de extrema izquierda en algunos países latinoamericanos. Las recientes intentonas contra las instituciones democráticas, conjuntamente con los indicios de que varios gobiernos promueven y desarrollan el narcotráfico, posiblemente sean el puntillazo que frene la tolerancia mundial ante dichos sistemas autoritarios.

Los políticos europeos promotores de una Cuba libre y democrática deberían recordar lo que hizo un presidente socialista, el francés Francois Mitterrand, cuando visitó la República Checa, entonces una dictadura comunista, e invitó a desayunar en la Embajada francesa a siete miembros de la oposición.

Aquella legitimación del movimiento pro derechos humanos checo fue un impulso para que la disidencia se motivara a defender sus derechos fundamentales. Salieron a la calle a pedir democracia, se recogieran miles de firmas y, en menos de un año, cayó el gobierno dictatorial.


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Desde la izquierda: Las primeras damas de Nicaragua, Rosario Murillo, y Honduras, Xiomara Castro; los presidentes Evo Morales (Bolivia), Hugo Chávez (Venezuela), Manuel Zelaya (Honduras), y Daniel Ortega (Nicaragua), y el entonces vicepresidente cubano Carlos Lage. Adhesión de Tegucigalpa al ALBA, 25 de agosto de 2008. (AP)