Actualizado: 22/10/2019 9:54
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Ley de Ajuste, Miami, Éxodo

El Ajuste republicano

Con el tiempo el ser “marielito” perdió cualquier carga de estigma en Miami. Igual ocurrirá ahora con los recién llegados o los que están por venir

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Ajustar es “hacer y poner algo de modo que case y venga justo con otra cosa”, según la Real Academia de la Lengua Española. Con la Ley de Ajuste Cubano ello no es posible.

Los problemas con quienes tratan de hacerlo con la tan mencionada ley son muchos. Comienzan cuando se trata de coincidir una visión arraigada en Miami con otra según los acontecimientos internacionales: no casan, no cuadran; son imposibles de cazar.

Tanto el proyecto del aspirante presidencial y senador Marco Rubio, como el del representante Carlos Curbelo —ambos legisladores por la Florida y ambos republicanos—, para tratar de “modificar” la Ley de Ajuste Cubano, parten de igual equívoco: la legislación no es una medida para regular el asilo político. A tal efecto, existen otras leyes en Estados Unidos.

Si la ley sirviera para beneficiar exclusivamente “aquellos cubanos que están verdaderamente huyendo de la represión y persecución política”, su puesta en práctica quedaría limitada a un número muy reducido de casos.

Un sector de la comunidad cubana considera que ha concluido la época de los exiliados políticos, y que quienes vienen, y luego de más de un año comienzan a tramitar su visita a la isla, son en realidad inmigrantes económicos.

Claro que siempre cabe pedirle a quien piensa así que muestre sus zapatos. Y luego, si no los tiene rotos —como José Martí cuando vivía en Nueva York—, solicitarle que reconsidere su posición.

Pero más allá de consideraciones personales, vale la pena analizar la situación. Lo que existe en la actualidad son dos procesos inversos, que por décadas vienen gestándose.

Uno es la asimilación, que continúa. El otro tiene que ver con la permanencia de los vínculos con lo que se dejó atrás. No son procesos necesariamente excluyentes, pero por décadas se consideraron, sino opuestos al menos definitorios. Y esto es lo que ha cambiado.

Hasta la entrada en vigencia del cambio en la ley migratoria cubana, en enero de 2013, la salida de Cuba tenía un carácter definitivo, otorgado por el Gobierno de La Habana. Irse del país significaba una división tajante entre “los que se van” y “los que se quedan”. Ello no implicaba la ausencia de visitas a Cuba, pero reducía la cifra, además de los límites impuestos por los gobiernos republicanos.

Esa ecuación, en que la partida se definía como desarraigo, ha perdido su naturaleza absoluta para los llegados en los últimos años.

Lo que ocurre en estos momentos es que la separación ha dejado de ser tajante. Ahora los factores familiares ocupan la preponderancia que en una época tuvo la política. El quedarse a vivir definitivamente en el exterior ha pasado a ser una decisión personal que no implica el destierro, aunque en ella influyan o determinen factores políticos (la línea definitoria sigue siendo que se vuelve pero no se regresa).

Para quienes han llegado en los últimos años a EEUU, el camino hacia una nueva vida no elude la vuelta o el viaje más o menos constante al lugar de origen, porque tienen a su favor la geografía y el tiempo.

Ello conlleva una relativización de conceptos, que choca con el absolutismo que por décadas imperó en Miami. Lo que quieren los legisladores republicanos es buscar perseguidos políticos (en el sentido legal del término) donde no los hay.

El único argumento válido para cambiar la ley es decir que la situación en Cuba ha cambiado, lo que no implica un avance hacia la democracia.

Así que los legisladores republicanos cubanoamericanos se aferran a meter en el mismo saco una posición rígida y una situación cambiante. Una tarea nada fácil.

Los legisladores republicanos hablan de que la Ley de Ajuste Cubano debe preservarse para quienes sufren persecución política en Cuba, y posiblemente durante ese mismo discurso o al poco tiempo se reúnen con un opositor cubano que entra y sale del país y acumula sus merecidas horas de vuelo durante los más diversos recorridos por el mundo.

Pregonan los mismos fundamentos de quienes los precedieron o acompañan en la labor legislativa, al tiempo que mantienen un piadoso silencio sobre las actuaciones que hicieron posible la situación actual: una enmienda de 1980 a la ley permite a los inmigrantes cubanos, independientemente de sus razones para abandonar la isla, el acceso al Programa Federal de Reasentamiento de Refugiados.

En la práctica se limitan a crear un binomio con los políticos locales, también republicanos, para el enunciado de lamentos y reproches. Así se alzan las voces sobre la posible crisis a desatarse en Miami si siguen llegando nuevos inmigrantes, y omiten igualmente que el financiamiento de dichos programas de ayuda se cubre a través del presupuesto federal.

Una de las consecuencias de tal actitud es alimentar en esta ciudad un sentimiento de rechazo, o al menos de reserva, hacia quienes vienen ahora, similar por cierto al surgido durante la crisis del Mariel, donde no fueron pocos los recién que se vieron obligados, o prefirieron, ocultar su medio de llegada. Entonces fue patético encontrar a “marielitos” decir “te llamo pa’tras”, como una forma ingenua y hasta risible de tergiversar el idioma para ocultar el origen. Claro que con el tiempo el ser “marielito” perdió cualquier carga de estigma. Igual ocurrirá ahora.


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