El embargo, 60 años y sigue
El conjunto de leyes, decretos, resoluciones y añadidos que componen el “embargo” para el exilio y el “bloqueo” para el régimen cubano no ha abandonado el ser ejemplo perfecto para malentendidos, ignorancia y aprovechamiento de unos cuantos
Acaban de cumplirse 60 años desde que el 3 de febrero de 1962 el presidente de Estados Unidos John F. Kennedy firmara la “Proclamación Presidencial 3447”, que impuso un “embargo a todo el comercio con Cuba”. En las décadas transcurridas solo ha quedado claro que la medida —en la actualidad el conjunto de leyes, decretos, resoluciones y añadidos que componen el “embargo” para el exilio y el “bloqueo” para el régimen cubano— no ha abandonado el ser ejemplo perfecto para malentendidos, ignorancia y aprovechamiento de unos cuantos de allá y de acá.
En primer lugar está el hecho de que el embargo fue proclamado por el presidente demócrata —junto con Jimmy Carter y Barack Obama— peor valorado por el exilio cubano de Miami. Así que en esta ciudad se defiende todos los días el milagro, pero no se nombra al santo.
Mencionar la nacionalización de propiedades estadounidenses por el régimen cubano es un recurso siempre a mano para justificar la imposición del embargo. Sin embargo, este argumento merece ser explicado en detalle, para ver su validez y sus límites. Las propiedades fueron nacionalizadas en 1960, el embargo entró en vigencia en 1962.
En septiembre de 1960 el presidente Dwight D. Eisenhower prohibió todas las exportaciones estadounidenses a Cuba, excepto los alimentos y las medicinas, así que se puede establecer una línea de continuidad entre las políticas de Eisenhower y Kennedy, pero al mismo tiempo este último va más allá de una respuesta frente a la nacionalización de propiedades, y coloca al gobierno cubano como una amenaza hemisférica de acuerdo a los patrones de la época.
El embargo ha sido durante décadas un campo minado donde las voluntades del mandatario de turno y el Congreso han medido fuerzas de forma más o menos evidente o taimada.
Esto ha actuado en ambos sentidos, tanto para intensificarlo como para aliviar las restricciones. El instrumento de la Casa Blanca para ello es la utilización de la autoridad presidencial para el otorgamiento de licencias. Carter eliminó todos los límites a los viajes a Cuba en 1977. Ronald Reagan volvió a imponer una prohibición a la mayoría de estos viajes en 1982. Bill Clinton aflojó dichas restricciones al crear la categoría de viajes educativos de persona a persona en 1999. George W. Bush eliminó los viajes de persona a persona, Obama los restauró y Donald Trump los abolió nuevamente.
Todos estos vaivenes adquieren un valor relativo —aunque significante— frente al hecho de que la Casa Blanca tiene un poder limitado para actuar respecto al embargo una vez que la medida fue convertida en ley.
El cambio más importante en este sentido fue la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática de Cuba. Aquí hay dos aspectos a tomar en cuenta. De acuerdo a la legislación vigente, la Ley de Comercio con el Enemigo aplicada a Cuba caducaría anualmente si el presidente de turno no la renueva en septiembre. Pero la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática de Cuba (Helms-Burton) continuaría vigente, por lo que el resultado sería prácticamente nulo. Un presidente podría otorgar una licencia general de comercio con Cuba para todas las mercancías, lo que en la práctica significaría la eliminación del embargo, aunque de hacer ello entraría en conflicto con el Congreso y hasta ahora ningún mandatario ha querido buscarse ese lío.
Es cierto que la Helms-Burton infringe la autoridad presidencial para llevar a cabo la política exterior de la nación estadounidense, pero hasta el momento todos los presidentes se han sometido (incluso Obama) a las pautas señaladas por la Helms-Burton para el levantamiento del embargo.
El debate sobre el embargo ataca a la intransigencia del exilio por su flanco más débil: el aferrarse irracionalmente a una estrategia caduca. La mayoría de las razones para el levantamiento del embargo son malintencionadas en sus pronunciamientos y lógicas en su práctica. Detrás de ellas se encuentran intereses comerciales que no solo buscan vender unos cuantos artículos en la Isla. Tanto Europa como Canadá y México desarrollan una política mercantilista respecto a Cuba, tan criticable o más que el embargo. Sus empresarios han contado con el apoyo de sus países respectivos, y con las bondades de un comercio restringido, donde sus productos se pasean libres de la competencia norteamericana.
Todos estos países le han pagado a Estados Unidos con la misma moneda que este país aplica en otros mercados, solo que en sentido inverso y para su propio beneficio. Está claro que los posibles cambios que algunos quieren ver en Cuba son simples pretextos.
En igual sentido, la falacia de que una mayor entrada de productos estadounidenses llevará una mayor libertad para Cuba es otra utopía neoliberal, que tiende a asociar la Coca-Cola con la justicia y la democracia con los McDonald’s. Mentira es también que el pueblo de Cuba está sufriendo a consecuencia del embargo, y no por un régimen de probada ineptitud económica.
Pero aferrarse al embargo es batallar a favor de la derrota, algo que nunca hacen los buenos militares: defender una trinchera que es un blanco perfecto para el enemigo, desde la cual no se puede lanzar un ataque y que solo protege un pozo sin agua custodiado por un puñado de soldados sedientos. Se trata de una herramienta tan poco efectiva para lograr la libertad de Cuba que no justifica una discusión seria: su ineficacia ha quedado demostrada por el tiempo; su significado reducido a un problema de dólares y votos.
Con información de “Today marks 60 years of the Cuban embargo. What exactly is it?”, de William LeoGrande.
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