Actualizado: 20/10/2021 13:39
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Hacia un proceso de aperturas

Los presos salieron hacia Madrid tras gestiones del gobierno socialista, expresa el autor de este artículo. Añade que es hora de dar nuevos pasos en la arena internacional, para impulsar las reformas en la Isla

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El anuncio de la Iglesia Católica Cubana sobre la liberación de los cincuenta y dos prisioneros de la “Primavera Negra” de 2003 desató una mezcla derechista de ira y fantasías conspiratorias para escamotear la gestión del Cardenal Ortega. Aunque nadie merece felicitación por liberar a quienes nunca recibieron un juicio justo e imparcial, es útil reconocer un paso hacia la liberación de todos los presos de conciencia. En lugar de celebrar las liberaciones, los politiqueros del odio andan furiosos porque, con o sin posición común europea, promover el aislamiento contra Cuba será más difícil.

Los resultados en política nunca responden a un solo factor. La muerte injustificable en prisión de Orlando Zapata, y la denuncia de Reina Tamayo de que su hijo fue víctima del abuso de las autoridades sirvieron de catalizadores para las decisiones tomadas. En ese contexto, la huelga de hambre declarada por el disidente Guillermo Fariñas y su conexión con las marchas de las Damas de Blanco incrementaron el poder de convocatoria de la disidencia, contribuyendo al desenlace.

 Lo anterior no implica que el gobierno cubano cedió a presiones del exilio plattista o la oposición radical, que escribió una carta a favor de mantener el embargo. En Cuba hay una crisis del modelo comunista que no satisface las expectativas de desarrollo de la mayoría de la población, especialmente los jóvenes (Ver el dossier en el último número de la revista Espacio Laical sobre el tema). Esa dinámica puede transformarse en el futuro en una crisis de legitimidad. Sin embargo, la oposición no tuvo ni tiene capacidad para convocar demostraciones masivas para forzar las liberaciones.

La excarcelación fue favorecida por la carta de setenta y cuatro disidentes a favor de la eliminación de la prohibición para viajar para los norteamericanos. Esa carta, con la firma prominente de Fariñas, hizo más difícil al gobierno cubano presentar a la oposición como mercenaria. A pesar de eso, Ninoska Pérez Castellón está brava con sus firmantes. En zafarrancho macartista, atacó a Oscar Espinosa Chepe porque “trabajó para el gobierno hasta 1996”. Pérez Castellón, tan informada que ha dicho que “los crímenes de Castro son peores que los de Hitler”, criticó a los disidentes en Cuba, que “firman cartas sin saber”. ¡Qué rápido se va el tiempo comiendo frituritas en el Versailles!

El gobierno tuvo razones propias que explican sus dos decisiones estratégicas: el cambio de política hacia la oposición y la invitación a la Iglesia a ser facilitadora del proceso de liberaciones. Su estrategia de liberaciones paralelas de prisioneros no depende ya de los prisioneros de 2003, pues tiene tras las rejas al ciudadano norteamericano Allan Gross, acusado de violar leyes cubanas y a quien la administración Bush no advirtió de los riesgos que corría. Aunque el gobierno cubano ganaría más liberándolo como gesto de buena voluntad; en una visita de Bill Clinton a la Habana, por ejemplo, no me sorprendería escuchar en sus salones que Gross se irá de Cuba el día que regrese Gerardo Hernández.

En el gobierno cubano hay tendencias que abogan por reformas con mayor o menor fuerza dependiendo de las circunstancias. Ante la arrogancia intervencionista de Bush y Aznar, la opción nacionalista se reducía a resistir. Con Obama y Zapatero, existen retos pero también oportunidades. La política de castigar a la oposición con penas draconianas no solo es injusta sino contraproducente a las intenciones del gobierno cubano de crear acomodo internacional para el proceso de reformas económicas al que está obligado tras la sucesión presidencial de Fidel a Raúl Castro.

La contribución del canciller Moratinos no fue ninguna broma. Los presos salieron hacia Madrid tras gestiones del gobierno socialista. Las liberaciones empezaron después de que España anunciará su propósito de terminar la posición común europea. El gobierno de Raúl Castro está haciendo cambios que le convienen. Con una política de distensión pueden ganar el Gobierno y muchos de los que discrepan de él. Son esos espacios, y no las lógicas maximalistas, los que la política realista debe explorar.

 Discutir la importancia cada uno de esos factores es una polémica bizantina. Lo que es un hecho verificable es que el Gobierno aceptó liberar a los presos ante la crítica equilibrada de la Iglesia Católica, apoyada por una diplomacia española de distensión. Fue el cardenal Jaime Ortega, quien formuló los términos justos para que el diálogo fluyera y llamó a los presos para comunicarle que saldrían en libertad en los próximos días, que sus propiedades en Cuba no serán confiscadas y que tienen la opción, no la obligación, de salir al exilio. ¿Y Bush y Aznar, y sus políticas de acoso? En su casa.

Los ataques de la derecha exiliada al cardenal Ortega con epítetos que sólo habían reservado para Fidel Castro expresa su desespero. En un tono menos vulgar, Eliseo Alberto Diego acusa a la Iglesia Católica de “bendecir cuarteles, santificar oficinas del gobierno”. ¿En qué lugar de Cuba están los cuarteles bendecidos? Es posible que el padre Guillermo Sardiñas haya bendecido alguna institución militar revolucionaria, pero esa no fue nunca la posición de la jerarquía católica.

La alternativa al nacionalismo autoritario nunca será el plattismo, sino un nacionalismo democrático. Si la función del cuartel es defender la independencia nacional contra las imposiciones plattistas, que Eliseo Alberto no denuncia con la intensidad con que difama a la Iglesia, benditas sean las bendiciones. Es motivo de orgullo que el pastor protestante Rafael Cepeda haya enseñado sobre Eusebio Hernández y Manuel Sanguily, que el padre Carlos Manuel de Céspedes eleve el estudio del pensamiento de Félix Varela y José Martí a la categoría de culto ciudadano y que publicaciones como Espacio Laical, Vitral y Palabra Nueva promuevan el nacionalismo en sus páginas. La reconciliación y el diálogo para ser nacionales tienen que ser soberanos.

Que el Gobierno no quiera conversar con la oposición no es inusual. Lo novedoso fue que aceptó la crítica balanceada de la Iglesia Católica ante la muerte de Orlando Zapata y la convocó a ser protagonista en la liberación de presos de conciencia. Desde el inicio la Iglesia aceptó colaborar con las liberaciones, pero pidió ampliar la conversación a temas como la reforma económica y la reconciliación entre cubanos. El cardenal Ortega dijo incluso que cambios en estas áreas requieren actuar con “prontitud”.

Escuchar a los actores relevantes

El obispo Juan de Dios Hernández ha llamado a concebir las excarcelaciones como parte de una larga escalera, un proceso a expandir con reformas económicas y políticas de dialogo y reconciliación entre cubanos. En ese sentido se inscriben las discusiones de la X Semana Social Católica entre académicos de instituciones vinculadas al gobierno, invitados de la emigración y una educada representación de los laicos y sacerdotes católicos. Las discusiones de la semana, cuyas ponencias se pueden leer en el sitio web de la revista Espacio Laical, demostraron un consenso a favor de reformas en una amplia banda del espectro político nacional, desde intelectuales afiliados al Gobierno hasta sectores nacionalistas que no comparten su ideología comunista.

Hay mensajes implícitos en los términos de las excarcelaciones con impacto general en la población cubana. Si el Gobierno ―como ha anunciado la Iglesia ―va a respetar los bienes de sus opositores que emigran, ¿Cómo se entiende que confisque las propiedades de los que emigran sin ser sus oponentes? Otorgar derechos a sus opositores que niega a sus partidarios o a los neutrales es ajeno a la trayectoria histórica del gobierno castrista. El Gobierno está señalando que un cambio significativo en su política migratoria es concebible. ¿Por qué no concentrar los esfuerzos reformistas en el tema?

Los últimos acontecimientos en Cuba ratifican con quién y cómo el gobierno está dispuesto a llegar a acuerdos. La Iglesia ―como ha escrito Carlos Alberto Montaner― “sirve como facilitadora de soluciones. Se convierte en vehículo para acelerar los cambios y evitar la violencia”. Ese lugar relevante ha sido ganado por las comunidades religiosas con años de resistencia dialogante dentro de la sociedad cubana, acompañando al pueblo en los avances, sufrimientos y carencias causados por las políticas comunistas y en su rechazo nacionalista al bloqueo norteamericano promovido por la derecha plattista.

Las publicaciones de la Iglesia en Cuba alcanzan a casi un cuarto de millón de personas cada mes. Cerca de cien mil cubanos van a misa católica por lo menos una vez a la semana. La red educacional católica incluye cursos que van desde el catecismo hasta maestrías ofertadas con asistencia de universidades católicas extranjeras. ¿Qué otra organización independiente del Gobierno tiene ese alcance en la Isla? En lugar de tratar de demeritar la acción de la Iglesia seria más productivo estudiar cómo logró salir de una posición relativamente marginal en los setenta a la posición que tiene hoy.

Los factores externos

Desde hace décadas los líderes religiosos cubanos han abogado por espacios de distensión internacional que ensanchen los incentivos para las reformas y la reconciliación nacional entre cubanos. Las objeciones europeas sobre los prisioneros de la primavera de 2003 para derogar la posición común han sido fundamentalmente atendidas. Sería contraproducente que después de que los presos sean liberados, Europa recurra al truco de cambiar las metas que originalmente fijó como gestos de buena voluntad.

Tras concluir la X semana social católica (cuyas ponencias se pueden leer en el sitio web de la revista Espacio Laical), el Cardenal Ortega viajó a EEUU. El Cardenal se entrevistó con Arturo Valenzuela, secretario adjunto para América Latina en el Departamento de Estado y Howard Berman, presidente del Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes, instancia clave de discusión para el proyecto que propone eliminar las prohibiciones de viaje para los ciudadanos norteamericanos y aliviar las restricciones a las ventas de alimentos a Cuba.

 Dada su posición primordial en el proceso, la visión del cardenal debe ser escuchada. Washington y Bruselas deben ubicar el tema de las sanciones en su justo contexto. Hay un proceso de distensión en el que la Iglesia como actor mediador les ha pedido colaborar. Derogar las sanciones no sería ceder ante la intransigencia castrista sino contribuir a la gestión del Cardenal Ortega. Negarse sería entorpecerla, mandando otra señal de hostilidad al gobierno y pueblo de Cuba.

En su discurso inaugural, el presidente Obama llamó a los países en conflicto con EEUU “a abrir el puño” como parte de un posible proceso de distensión. Liberar a casi la tercera parte de los presos políticos, con la perspectiva de una posible liberación de todos, califica como un gesto de esa naturaleza. Como ha dicho el Grupo de Estudios sobre Cuba, el gobierno norteamericano debe responder a este “desarrollo positivo en Cuba, con gestos sustanciales”. Un paso de alto calibre para impulsar nuevas reformas seria la eliminación de la prohibición de viajar a Cuba para los ciudadanos norteamericanos o en su defecto, una ampliación significativa de las licencias de viajes a Cuba. Como dice la carta de los setenta y cuatro disidentes al congreso norteamericano: “los derechos se defienden con derechos”.



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