La credibilidad de Carromero y de la política española
Los asuntos de tribunales no se manejan “políticamente”
Más de siete meses después de haber regresado a España, y tras varios meses cumpliendo su (injusta) sanción fuera de la cárcel, Ángel Carromero amplió sus declaraciones sobre las circunstancias del “accidente” de Oswaldo Payá y Harold Cepero cerca de Bayamo aquel fatídico día, hace más de un año, que costó la vida a los dos opositores.
No hay que reprochar a Carromero que solamente haya hablado cuando estuvo en su país. No sería justo pretender que lo hiciera antes, ni que estando preso en 100 y Aldabó impugnara el libreto oficial redactado por el régimen para sus declaraciones. Hubiera sido suicida. No existían efectiva protección consular ni contactos diplomáticos a favor del español. Se sabe como funciona la “justicia” en Cuba.
Sin embargo, resulta incoherente que en estos momentos vuelva nuevamente a la carga con su versión, y reitere, como anteriormente le señaló a Rosa María Payá, sus sospechas, o más bien sus convicciones, de que la muerte de ambos opositores no fue por accidente, pero que no haga nada más que ofrecer declaraciones sobre eso.
El largo brazo del castrismo llega a España, y Carromero lo sabe. El joven español debe haber recibido amenazas desde las sombras. Que decida volver al tema es positivo, pues demostraría que ha logrado sobreponerse a los temores, algo que no ha hecho ni por asomo su compañero de viaje —nunca mejor eso de compañero de viaje, y nada más— el sueco Hans Aron Modig, convaleciente en Estocolmo de amnesia selectiva y silencio sepulcral hace ya un año.
Si Carromero considera que a través de su Partido Popular español (PP) podrá lograr algún resultado, ya está demasiado crecidito para creer en Los Reyes Magos. El PP enfrenta problemas de gobernabilidad e ineptitud ante la profunda crisis económica que vive España, además del comportamiento delictivo de su extesorero y la ceguera (o complicidad) generalizada de los altos cargos del partido ante esos hechos. Por si fuera poco, aparecen corruptos funcionarios del gobierno y directivos del partido a todos los niveles a lo largo y ancho del país. El PP no puede estar interesado en asumir la batalla de Carromero y chocar con el gobierno cubano. Además de que La Habana tiene en los archivos de “la seguridad” suficientes expedientes sobre políticos españoles —de todos los partidos— para que un Don Quijote vaya a surgir a apoyar a Carromero sin pensarlo demasiado.
Los intereses españoles en Cuba son muchos. Intereses del Estado español, no del partido en el poder. Lo fueron en tiempos de la colonia y tras la independencia cubana, lo fueron durante el franquismo, y lo han sido cada vez más en la democracia, independientemente del gobierno que haya ganado las elecciones en España. Esos capitales son españoles, no “populares” o “socialistas”. Lo que les interesa son las inversiones que realizan en Cuba y los beneficios que obtienen, no la muerte de Oswaldo Payá y Harold Cepero, y mucho menos la eventual inocencia de un encausado y condenado Ángel Carromero.
Todo gobierno español conoce perfectamente las violaciones de derechos humanos en Cuba; la difícil situación política, económica y social por la que pasan los cubanos; que el gobierno cobra a los inversionistas en moneda fuerte y paga a sus trabajadores en pesos cubanos devaluados. Que Fidel Castro estuvo oficialmente en el poder desde 1959 hasta 2006, y que desde entonces a la fecha está Raúl Castro, ambos sin haber realizado nunca elecciones libres ni democráticas. Saben de las innumerables cárceles a lo largo y ancho de la Isla, de las golpizas a los disidentes y las Damas de Blanco, de los millones de exiliados, y de todas las arbitrariedades que el régimen ejecuta diariamente.
Y lo que es válido para España lo es también para los países de la Unión Europea. Sin embargo, más allá de una “Posición Común” cada vez menos común y menos posicionada, ni los europeos en general, ni los españoles en particular, con algunas dignas excepciones, han dicho mucho, ni dicen mucho, ni dirán mucho.
Menos aun los actuales líderes españoles. No hay que ser amnésicos ni malagradecidos: en determinados momentos algunos se han portado muy bien con el pueblo cubano, pero tanto los gobiernos “socialistas” como los “populares”, aun siendo críticos de la dictadura, buscan siempre acomodos con La Habana, con el objetivo de garantizar, antes que todo, los intereses españoles en la Isla. Aunque tales intereses monten a horcajadas sobre las espaldas, la sangre, el sudor y las lágrimas de los cubanos: desde las inmoralidades “socialistas” del gobierno anterior a las incoherencias “populares” del actual, Madrid negocia con la tiranía de los Castro con guantes de seda y lechos de rosas, mientras trata a los presos políticos, opositores, disidentes y cubanos de a pie con desprecio, frialdad y mentalidad burocrática para salir del paso. Nada personal: simplemente, asuntos de negocios. Realpolitik.
Si Carromero realmente pretende algo más que limpiar su conciencia lo que tendría que hacer, y así ya se lo han indicado claramente, es dirigirse a los tribunales de su país y presentar el caso con relación a la muerte del ciudadano español Oswaldo Payá. Todo lo demás, sin acudir a los tribunales, no irá más allá de escándalo periodístico, declaraciones cruzadas, hipótesis más o menos festinadas, alboroto, elucubraciones, o acusaciones morales pero sin fundamento legal.
Lo que no significa, sin embargo, que llevar el caso ante los tribunales españoles sea garantía de que se lleve a cabo el correspondiente procedimiento, y mucho menos que se llegue a un eventual resultado transparente, justo y esclarecedor.
Porque, lamentablemente, en la justicia española y sus funcionarios hay síntomas de un nivel de corrupción comparable al de muchos funcionarios electos y políticos de todos los partidos.
Lo que no es poca cosa.
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