Actualizado: 21/11/2018 18:34
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Izquierdas, Cambios

La izquierda y la lucha democrática en Cuba

En Cuba se sigue arrastrando un grave problema epistemológico y político: la importación mecánica de temas y conceptos desconectándolos de las condiciones reales

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Es un hecho absolutamente urgente y necesario que toda la izquierda —incluida la que en Cuba pugna, de forma esperanzadora, por reconstituirse como alternativa y esperanza frente al orden vigente y las falsas promesas del neoliberalismo— exija más de sí a los regímenes democráticos “realmente existentes”. El cuestionamiento a la aguda crisis de las instituciones representativas —los partidos en primer lugar—, la demanda insatisfecha de regulación y control público de los poderes fácticos —empresas y medios, por ejemplo—, la denuncia de los avances fundamentales —desde el Medio Oriente asiático al Medio Este estadounidense— y la beligerante presencia de los movimientos sociales, son apuestas insustituibles en la agenda de cualquier demócrata y luchador social del siglo XXI.

Dentro del heterogéneo panorama de lo que se ha dado a llamar “nueva izquierda cubana” parece haber claridad al respecto. Hay justa conciencia de que si únicamente se demanda la instauración formal de libertades y derechos, bajo un esquema de privatización económica y de partidos en competencia, solo estaríamos sustituyendo una élite dominante por otra. Sin embargo, en un contexto que dista mucho de garantizar hoy los mínimos vitales del ejercicio democrático, no parecer existir entre nosotros idéntico consenso en cuanto a la necesidad de asumir los contenidos y horizontes —organizativos, procedimentales y axiológicos— de un proyecto democrático. Proyecto que, por ser tal, supone la unión de lo participativo y lo representativo, de derechos formales y políticas sustantivas y la articulación bajo marcos universales —pero siempre cambiante y conflictiva— de una dimensión institucional y otra ciudadana.

Muchas veces la experiencia ajena puede servir de espejo para la búsqueda propia. La historia reciente de los españoles —y la de los mexicanos, que conozco un poco más— demuestra que, sin abandonar los proyectos alternativos al orden global, la izquierda tiene que pronunciarse y hacer causa común, en el aquí y ahora de cada contexto nacional, con aquellas fuerzas políticas que abracen elementos básicos de la democracia, siendo esta una condición para que la realidad pueda moverse hacia mejores escenarios. En España, semejante decisión hizo posible, en la cresta de amplias movilizaciones sociales, el establecimiento de los acuerdos mínimos que permitieron quebrar definitivamente el poder del franquismo —cuyas fuerzas, pese a sus reformas liberalizadoras y la muerte del Caudillo, seguía reprimiendo a la ciudadanía a fines de los 70— y condenar a la derrota a intentonas golpistas como la de 1981.

En México, la actitud democrática y no sectaria de lo mejor del liderazgo y la militancia de izquierda permitió, a partir de la última década del pasado siglo, la conformación del primer gran partido progresista, la realización de elecciones no ornamentales —aunque todavía vulneradas— y el inicio de la incompleta transición sin la cual el poder omnímodo del Partido Revolucionario Institucional no habría llegado a su fin. Como ha expuesto de forma magistral la académica, ex-guerrillera y militante socialista Rosa Albina Garavito: frente al régimen autoritario mexicano la demanda democrática fue lo suficientemente universal para abrazar a la sociedad en su conjunto, para proyectar la acción y demandas de sujetos que reivindicaron su condición de ciudadanos —dotados con derechos individuales— y de trabajadores —que defienden sus derechos colectivos— y para sintetizar, sin sustituirlas, las diversas luchas sociales[1]. ¿No hay en ello nada valioso que aprender para el caso cubano?

Ello no significa que ambos cursos evolutivos nacionales sean caminos al Paraíso. Ver en lo que se han convertido el Partido Socialista Obrero Español o el Partido de la Revolución Democrática —maquinarias profesionales afincadas en la lógica del poder— y los propios traspiés de ambas democracias —con las viejas fuerzas dominantes retornando al gobierno por la vía electoral— hace que, si uno es un ciudadano español o mexicano con simpatías progresistas, esté justamente insatisfecho con sus desempeños. Y saliera legítimamente a acampar, con los Indignados, en la Plaza del Sol o a participar en las asambleas del movimiento “#Yo soy 132” en Ciudad Universitaria, como forma de decir “basta” frente la corrupción y desprestigio de las respectivas elites políticas y sus aliados, ampliando la frontera de lo políticamente correcto y posible.

Pero casi nadie, entre la gente que conozco y respeto en ambos países, cree que la búsqueda de alternativas en pro de una radicalización de la democracia, suponga la negación y abandono de los avances de esas democracias defectuosas y de los derechos conquistados —y permanentemente amenazados— que las sustentan. Solo algunos amigos altermundistas defienden en exclusiva el futuro de una “democracia de movimientos”; sin embargo, no parecen tener muchas respuestas a mis dudas sobre la forma en que gestionarán, a escala nacional, la vida cotidiana en una sociedad compleja, al margen de leyes e instituciones. Sobre todo no me explican cómo podrán instaurarla sin apelar a medios compulsivos o sin acudir a la idealización de lo que supuestamente “el pueblo querrá”, identificándolo con su propia agenda.

Sucede también que los más jóvenes entre estos amigos nunca han vivido bajo un régimen autoritario, y entre ellos algunos dan por sentado que los vicios de sus democracias vulneradas son los peores escenarios de la política humana, pero quienes conocemos otras realidades sabemos, en carne propia, que no es así. Porque, por ejemplo, entre las utopías de los Indignados en la democracia española, de los estudiantes de la primavera mexicana y de mis compañeros del Observatorio Crítico cubano existen diferencias que son cualitativamente notables e importantes. Diferencias que permiten, por ejemplo, que nuestros camaradas madrileños puedan legalmente hacer cosas que están vedadas a los vecinos de San Cristóbal de la Habana. Y que las formas y posibilidades de organizarse, defenderse de la represión, difundir el mensaje y gestar recursos también difieran.

Además, en el plano específicamente académico, en la Isla seguimos arrastrando un grave problema epistemológico y político: la importación mecánica —reforzada por la colaboración con redes académicas latinoamericanas— de temas y conceptos democráticos postneoliberales, pero desconectándolos de las condiciones de posibilidad cubanas. Es un asunto que llevamos discutiendo hace algún tiempo entre colegas, por cuanto se cuela en nuestras agendas investigativas de forma ora subrepticia ora consciente, generando una suerte de esquizofrenia analítica que afecta la capacidad de interpretar la realidad real.

Porque se precisa tomar nota de las condiciones en que estas innovaciones democráticas globales han tenido lugar. Fenómenos como el nuevo constitucionalismo andino o el consejismo participativo sudamericano pueden ser vistos como la síntesis institucionalizada de movimientos sociales de décadas pasadas y como una radicalización de la democracia, más allá de la gobernabilidad de élites promovida por los neoliberales. Y resulta positivo que los análisis y propuesta que se hagan —para la reforma del orden vigente o la arquitectura democrática de la república futura— incorporen esos avances que son, en buena medida, fruto preciado de las luchas y cambios culturales de la mejor izquierda planetaria.

Pero semejante “giro epistemológico” no debe llevarnos a ignorar la diferencia de contexto, actores y reglas que separan a Estado de Derecho —como el plasmado en la Constitución brasileña de 1988— de un régimen afirmado sobre amplísimos Derechos del Estado, como el cristalizado en la Carta Magna de 1976 y retocado en 1992 y 2002. Pasar por alto rasgos centrales como la fusión gobierno-estado-partido, las formas de interpretación y sanción oficial de los derechos consagrados constitucionalmente y la precariedad de la esfera pública política, para creer que nuestros escenarios son los de Quito o La Paz —no digamos ya los de Montevideo o Porto Alegre— es una osadía intelectual que raya en la irresponsabilidad cívica. Es como pensar, bajo los influjos de un inmenso porro, que las demandas de transportación de unos atribulados campesinos se resolvieran construyéndoles un cosmódromo en el centro del batey.

Tenemos que abrazar la lucha por una democracia tangible, para, simultáneamente, hacer lo imposible por su radicalización. Si ignoramos la necesidad de un diálogo y debate con otras corrientes ideológicas, el apoyo a iniciativas que apuesten por la construcción de consensos democráticos básicos y la discusión realista sobre el tipo de sociedad y régimen que podemos lograr, las oportunidades de esta “nueva izquierda” se comprometen. Y corremos el riesgo de convertirla en un derroche de valiosas energías, una oposición testimonial al orden vigente y, acaso, una reserva intelectual para el mañana neoliberal y autoritario que se avecina.

Quienes con valor, constancia y creatividad impulsan en Cuba movimientos y militancias alternativos —ambientales, de género, comunitarios— y defienden con énfasis los derechos de tercera y cuarta generación deberían sumarse con igual ímpetu a la defensa y respeto universales de las libertades y derechos civiles y políticos, que son una conquista ganada en luchas sociales desde los siglos XVIII y XIX y que son simplistamente presentados como “liberales” o “burgueses”. Valdría también la pena reevaluar la fobia a las instituciones representativas, la apología de un movimientismo anclado en lo micro y las apuestas abstractas por la emancipación. Sin por ello abrazar acríticamente el pragmatismo cortoplacista de cierto liberalismo social, que abandona las luchas y conquistas históricas de los sectores populares e ignora las demandas de “inventar” nuevas formas de emanciparnos: en el ágora y la fábrica, el aula y el hogar.

Una prueba de madurez política reside en saber definir si lo que uno desea —de acuerdo al credo personal— es incompatible con la participación en iniciativas que, sin perjuicio de estas ideas y valores, puede servir para construir consensos y mecanismos amplios, capaces de superar los problemas nacionales. En estos tiempos de reformas, la solidaridad con los empobrecidos trabajadores tiene que ir de la mano de la defensa del ciudadano, las soberanías —nacional y popular— defendidas con simétrico denuedo frente a las dominaciones foráneas y domésticas y —como insistía mi lúcida profesora de Historia Contemporánea— acabar de reconocer que la lucha por la democracia es parte integrante de la lucha por el socialismo.



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