Actualizado: 18/07/2018 10:45
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Ajuste Cuba, Exilio, Inmigración

La ley primera de nuestra República

“Ley de Ajuste Cubano o Muerte. Venceremos”, deberían cantar los jerarcas cubanos entre mojito y mojito en sus mansiones de Miramar

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En su discurso por el 55 aniversario del triunfo de la insurrección contra Fulgencio Batista, el general Raúl Castro afirmó que “Esta es una Revolución que ha hecho realidad y proseguirá cumpliendo el profundo anhelo martiano que preside la Constitución de Cuba: yo quiero que la ley primera de nuestra república sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre”. Lo hemos escuchado tantas veces que se ha convertido en un ruido ambiental, como esas canciones de moda que repite sin cesar la radio, hasta que pierden todo su significado, si alguna vez lo tuvieron. La frase forma parte de un discurso pronunciado por José Martí el 26 de noviembre de 1891 en el Liceo Cubano de Tampa, invitado por el club Ignacio Agramonte.

Y desde que culparan a Martí, sin derecho a réplica, del asalto al Cuartel Moncada, nos vienen repitiendo que la llamada revolución es, ni más ni menos, la realización del pensamiento martiano.

El artículo 1 de la Constitución Cubana dice: “Cuba es un Estado socialista de trabajadores, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos, como República unitaria y democrática, para el disfrute de la libertad política, la justicia social, el bienestar individual y colectivo y la solidaridad humana. ¿Es esa la dignidad plena del hombre a la que hace referencia el prólogo? ¿Disfrutan todos los cubanos de libertad política, bienestar individual y colectivo, democracia y solidaridad?

Ante todo deberíamos saber qué se entiende por dignidad del hombre y a qué se refiere Martí cuando habla de “la dignidad plena del hombre”. Si no, nunca sabremos si el castrismo ha cumplido el sueño martiano.

Ya Cicerón, Platón y Aristóteles se interesaron en el tema. Si en la Edad Media el destino del hombre era ser a imagen y semejanza de Dios y cumplir su destino no en el mundo terrenal sino en la eternidad, desde Petrarca, el tema de la dignidad del hombre se refirió al aquí y al ahora, al compás de los estudios humanísticos, es decir, el estudio por los hombres de la obra de otros hombres. Así, para Pico della Mirandola, el hombre dispone de la libertad para hacerse a sí mismo y depende únicamente de él elevarse a la categoría de ángeles o caer a la de bestias. De hominis dignitate, la introducción de su obra, subraya el derecho a discrepar, el respeto por la diversidad cultural y religiosa y el derecho a enriquecerse partiendo de la diferencia. Tanto su “Discurso sobre la dignidad del hombre” como toda la obra de los humanistas subrayan que el hombre es dueño de su propio destino y debe forjarlo con su inteligencia y su esfuerzo. No está supeditado a los designios de los dioses. Ahora el hombre es autónomo, “señor de sus acciones”, no un mero súbdito de poderes divinos o humanos. Y ello nos conduce a la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que en su artículo primero postula que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.

Ese documento estipula que todo hombre tiene derecho a la libertad y que nadie será sometido a servidumbre. Que toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a éste. Habla del derecho a la propiedad así como a las libertades de pensamiento, de conciencia y de religión, y el derecho a manifestar en público o en privado sus creencias y a no ser molestado por ello. El derecho a investigar y recibir informaciones y opiniones y a difundirlas sin limitaciones. “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica”. Habla también del derecho a la educación que debe ser gratuita y para todos, al menos en los niveles elementales.

Coincidiremos en que un hombre que disfrute de libertad para crear, creer, opinar, difundir sus ideas y no ser molestado por ello, un hombre con derecho a desplazarse, a disponer de un nivel de vida adecuado que le asegure salud, bienestar, alimentación, vestido, vivienda y educación, disfruta de “dignidad plena”. Aunque sujeto a las normas del contrato social, gobierna su vida, no los dioses, ni otros hombres invocando una idea, una patria o sucedáneos.

¿Y cuál era para el apóstol “la dignidad plena del hombre”?

En aquel discurso de 1891 Martí también habló de algunas cosas que, como de costumbre, se escamotean. Después de la manoseada frase “yo quiero que la ley primera de nuestra república sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre”, dice: “En la mejilla ha de sentir todo hombre verdadero el golpe que reciba cualquier mejilla de hombre: envilece a los pueblos desde la cuna el hábito de recurrir a camarillas personales, fomentadas por un interés notorio o encubierto”. Pero cualquier malintencionado podría interpretar que una paliza a las Damas de Blanco deberíamos sentirla como propia, y que una misma familia en el poder durante 55 años rebasa la mera camarilla para convertirse en enfermedad crónica.

El castrismo, que ha hecho de la difamación un arte, tampoco suele citar otra parte del mismo discurso: “Ni misterios, ni calumnias, ni tesón en desacreditar, ni largas y astutas preparaciones para el día funesto de la ambición”. Y continúa el apóstol con otra referencia que tampoco gusta a los mayorales de un país donde la obediencia, como en los tiempos del barracón, es la virtud primera: “O la república tiene por base el carácter entero de cada uno de sus hijos, el hábito de trabajar con sus manos y pensar por sí propio, el ejercicio íntegro de sí y el respeto, como de honor de familia, al ejercicio íntegro de los demás; la pasión, en fin, por el decoro del hombre, o la república no vale una lágrima de nuestras mujeres ni una sola gota de sangre de nuestros bravos”.

Y, desde luego, a quienes durante medio siglo nos han vendido el humo de la felicidad futurible tampoco les agrada citar otra zona de aquel discurso: “Para verdades trabajamos, y no para sueños. Para libertar a los cubanos trabajamos, y no para acorralarlos. ¡Para ajustar en la paz y en la equidad los intereses y derechos de los habitantes leales de Cuba trabajamos, y no para erigir, a la boca del continente, de la república, la mayordomía espantada de Veintimilla, o la hacienda sangrienta de Rosas, o el Paraguay lúgubre de Francia! ¡Mejor caer bajo los excesos del carácter imperfecto de nuestros compatriotas, que valerse del crédito adquirido con las armas de la guerra o las de la palabra que rebajarles el carácter! (…) cerrémosle el paso a la república que no venga preparada por medios dignos del decoro del hombre, para el bien y la prosperidad de todos los cubanos!”.

Ya se sabe que el cubano de a pie es muy mal pensado y podría creer que José Martí avizoraba el futuro, y que nos instaba a buscar en la patria forjada con sacrificio y sangre “la esencia y realidad de un país republicano nuestro, sin miedo canijo de unos a la expresión saludable de todas las ideas y el empleo honrado de todas las energías, ni de parte de otros aquel robo al hombre que consiste en pretender imperar en nombre de la libertad por violencias en que se prescinde del derecho de los demás a las garantías y los métodos de ella”.

Lo cual resume bastante bien el concepto martiano de “dignidad plena del hombre”: un ciudadano no sujeto a tiranías al estilo de Rosas o de Francia, ni donde algunos se valgan “del crédito adquirido con las armas de la guerra o las de la palabra” para rebajar a sus compatriotas, un hombre libre de realizar sus energías y de expresar sus opiniones, un hombre que pueda desarrollar sin obstáculos el trabajo de sus manos o de su inteligencia y pensar por sí mismo.

Se objetará, no sin razón, que en ningún país del mundo se cumplen en su totalidad las condiciones que garanticen la “dignidad plena del hombre”. Suele ser un argumento recurrente de las dictaduras, dado que incluso en las naciones más avanzadas es fácil detectar incumplimientos de la Declaración de los Derechos Humanos. No obstante, a nadie se le ocurriría equiparar las libertades y el bienestar en Corea del Norte, Somalia o Haití, con Suiza, Noruega o Estados Unidos.

Hasta donde conozco, ninguna nación que no sea Cuba explicita en su carta magna el derecho de todos los ciudadanos a la dignidad plena. Si la revisamos encontraremos que, al menos en el texto, todos los ciudadanos tienen derecho a la alimentación, la salud, la educación, el vestido, la vivienda, y disfrutan de libertad de expresión y reunión, política y religiosa. Pero todas esas libertades y derechos están supeditados a la libertad suprema del Estado, y el Estado es, a su vez, propiedad de un hombre y su familia, dado que la ley electoral cubana está diseñada para que siempre ganen los mismos. Con la libertad de cualquier tipo ocurre lo mismo, dado que incluso la más pequeña asociación entre personas está monitoreada, cuando no directamente dirigida, por el Estado. Si repasamos el resto de los derechos veremos que, efectivamente, el cubano tiene el derecho a la educación y a recibir asistencia médica. A cambio, el resto de los derechos, incluso los más elementales, alimentación, vestido y vivienda, por no hablar de las libertades de conciencia, opinión y expresión, han sido diametralmente derogados. El derecho a la propiedad es relativo y está siempre condicionado por las abusivas prerrogativas del Estado. Hasta hace muy poco ningún ciudadano podía vender su propia casa, sus tierras o su automóvil. Quien abandonaba el país era despojado hasta de sus objetos personales, y hasta la reciente aparición de los pequeños negocios por cuenta propia el monopolio del Estado era absoluto.

Aparte de los derechos a la educación y la salud (hoy muy mermados) que el Estado cubano se ha encargado de publicitar hasta la saciedad, no encontramos ni una sola ley que garantice, efectivamente, para todos los cubanos, sea cual sea su credo o sus convicciones políticas, las libertades de las que debería disfrutar. No escasean, en cambio, leyes como la Ley 88 de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, o “Ley Mordaza”, o la modificación constitucional de 2002 que declara “irrevocable” el régimen imperante, grilletes legales que aseguran la pérdida de las libertades ciudadanas.

Al supeditar la vida de todo ciudadano cubano a las decisiones de un solo hombre que actúa, supuestamente, en nombre de un solo partido, queda derogada, más allá de cualquier retórica, la condición primera de la dignidad que es la libertad, la no sujeción a servidumbre alguna.

Existe, sin embargo, una ley que ha garantizado, al menos para la sexta parte de la población cubana, el disfrute de libertades de expresión y reunión, las libertades políticas y económicas, así como la libertad de movimiento impensable para el resto de sus compatriotas.

La Ley de Ajuste Cubano promulgada en 1966 brinda desde entonces refugio y asilo a los nacidos en Cuba que accedan a territorio norteamericano. De acuerdo con los datos del Pew Hispanic Center (2012), en Estados Unidos viven aproximadamente 1,9 millones de ciudadanos cubanos o de origen cubano, el 3,7 % de los inmigrantes latinoamericanos, tercer grupo más numeroso después de mexicanos y puertorriqueños, y los más concentrados geográficamente. El 70 % de la población cubana vive en La Florida y el 60 % de ellos nació fuera de Estados Unidos, en contraste con el resto de los residentes de origen latinoamericano (37 %). Esta concentración les ha permitido crear uno de los lobbies más poderosos en razón de su origen étnico e influir en la política norteamericana más de lo que cabría esperar por su peso demográfico. Más de la mitad de los cubanos arribaron después de 1990 y su media de edad es de 40 años. El 58 % de los cubanos dominan el inglés con fluidez frente al 35 % del resto de los residentes de origen latinoamericano, y mientras entre estos el 13 % tiene educación superior, entre los cubanos mayores de 25 años, el 24 % posee una titulación universitaria. Eso explica que su ingreso anual promedio sea de $25.000 frente a los 20.000 del resto. La cuarta parte de los cubanos no cuenta con seguro médico, y el 31 % de los demás latinoamericanos. Y el 57 % de los cubanos son propietarios de sus casas frente al 47 % de los demás residentes de origen hispanoamericano. Los cubanos que viven por debajo del umbral de pobreza son el 18 %, casi los mismos que la población general de Estados Unidos (15 %), cifra que asciende al 25 % entre el resto de los residentes de origen hispanoamericano.

Varios factores explican esta ventaja de los cubanos respecto a inmigraciones más antiguas y asentadas como la mexicana y la puertorriqueña. En su primera oleada migratoria de inicios de los 60, Cuba exportó a casi toda su clase empresarial, los que hoy llamaríamos emprendedores, expropiada de sus bienes. Junto a ellos emigró una buena parte de la clase media y media alta, sobre todo de profesionales afectados por las nuevas leyes. A pesar de sus enormes pérdidas, este grupo, que habitualmente trabajaba con empresas norteamericanas, no tardó en reinsertarse y prosperar en la nueva tierra. A partir de entonces la diversidad sociocultural de la emigración cubana ha sido un reflejo de los cambios en el país de origen, con la excepción del Mariel (1980) cuando fueron enrolados por el gobierno cubano miles de convictos y enfermos mentales. La nueva emigración que se produce a partir de los 90 registra un aumento significativo de los profesionales altamente calificados provenientes de Cuba o de terceros países, pero casi todos formados en la Isla gracias a sus facilidades educacionales. Mano de obra altamente calificada que no disponía en origen de un espacio profesional y retributivo acorde con sus expectativas. Una emigración mayoritariamente urbana, blanca, con fuertes pulsiones de consumo y ansiosa por explotar las posibilidades que en su país de origen, por ley, le estaban vedadas.

Aunque la Ley de Ajuste Cubano hay que leerla no estrictamente en clave humanitaria, sino en las claves geopolíticas de la Guerra Fría —ninguna otra población de Latinoamérica, continente pródigo en dictaduras, ha disfrutado de algo semejante—, no es menos cierto que sus efectos sobre la sexta parte de la población cubana han sido extraordinariamente beneficiosos (tanto como la rápida y feraz reinserción ha beneficiado, de paso, al país de acogida).

Me atrevería a afirmar que ninguna ley dictada por los cubanos durante el último medio siglo ha contribuido como esta a realizar “el carácter entero de cada uno de sus hijos, el hábito de trabajar con sus manos y pensar por sí propio, el ejercicio íntegro de sí y el respeto, como de honor de familia, al ejercicio íntegro de los demás; la pasión, en fin, por el decoro del hombre”, “sin miedo canijo de unos a la expresión saludable de todas las ideas y el empleo honrado de todas las energías”, como dijera Martí en su famoso discurso porque, frente a la utopía inalcanzable (para el pueblo, la nomenklatura le dio alcance desde el primer minuto), “para verdades trabajamos, y no para sueños. Para libertar a los cubanos trabajamos”. Si una ley ha contribuido a la dignidad plena de sus beneficiarios, esa es la Ley de Ajuste Cubano.

Pero no solo de sus beneficiarios directos, sino también de los indirectos.

Según el informe de la Organización Nacional de Estadística (2014), de una población activa de 5.086.000, están ocupados 4.918.800, con un salario promedio de 466 pesos mensuales (MN) (http://www.one.cu/salariomedioencifras2012.htm): $19,42 mensuales, $233 al año. Esto hace un total de $1.146.080.400 de salario anual obtenido por todos los trabajadores cubanos. Desde el año 2001, cuando las remesas a Cuba sobrepasaron los $1.000 millones anuales, la cifra no ha dejado de crecer. De acuerdo con un reciente estudio de The Havana Consulting Group, el monto de las remesas enviadas a la Isla en 2013 ascendió a $2.777.363.411, de los cuales fueron enviados desde Estados Unidos $2.497.031.206. De modo que los cubanos de la Isla obtuvieron, por concepto salarial, $1.146.080.400, mientras que las remesas enviadas desde Estados Unidos por los beneficiarios de la Ley de Ajuste supusieron 2,18 veces esa cifra, es decir, más del doble de los ingresos salariales de los cubanos.

Si la dignidad plena del hombre, en los términos de la Constitución Cubana, incluye el derecho a la alimentación, el vestido y la vivienda, resultará que la contribución a esos fines de la Ley de Ajuste, remesas mediante, duplica la de todas las leyes de la República, que en la mayoría de los casos entorpecen, más que benefician, el feliz desempeño económico de los cubanos. Por no hablar de las restantes libertades que hace medio siglo permanecen en prisión preventiva.

Pero la Ley de Ajuste no beneficia sólo a los ciudadanos de a pie que reciben las remesas en Cuba, sino también a su gobernantes que la tildan de “Ley Asesina” y le achacan todos los males que campean en la isla. Sirve, junto al embargo, como perfecta excusa retórica para ocultar el mal gobierno y la ineficiencia crónica de los mandatarios insulares, y convocar de paso la solidaridad trasnacional de los compañeros de viaje. Pero, y esto es lo esencial, de no existir la Ley de Ajuste, los ingresos globales de los cubanos se reducirían dos tercios, con el consiguiente aumento de la miseria y el descontento. Y el gobierno cubano no había podido abrir periódicamente la válvula de escape para exportar la oposición hacia el exilio (1966, 1980, 1994...), así como el flujo continuo de la diáspora, lo que habría sumado dos millones de descontentos a la presión interna. “Ley de Ajuste o Muerte. Venceremos” podrían cantar los jerarcas cubanos entre mojito y mojito en sus mansiones de Miramar.

Muchos latinoamericanos sienten la Ley de Ajuste como un agravio comparativo, y no cabe duda de que, en algún momento, por razones más políticas que humanitarias, será derogada. (La Casa Real Castrista denunciará “esa nueva maniobra del Imperialismo”, ahora que mi sobrino se iba a mudar a Miami). Lo cual no significa que los cubanos, entonces, estén en paridad con el resto de los latinoamericanos. Para que esa paridad fuese efectiva, argentinos y mexicanos, dominicanos y colombianos, latinoamericanos todos, deberían ser expropiados de todos sus bienes en sus países de origen con carácter retroactivo hasta 1959, les deberían ser extirpados todos sus derechos y sólo podrían regresar a donde nacieron si sus gobernantes lo autorizan. Deberán regresar, eso sí, para ser sometidos a mítines de repudio, palizas y vejaciones. Les será negado durante un cuarto de siglo todo contacto con sus familiares más cercanos. Y, desde luego, se les anulará todo derecho a tener una casa, un automóvil, o poner un negocio en su país de origen. Y en caso de que visiten a sus familiares, deberán pagar no sólo los portes que por exceso de equipaje les cobre la compañía aérea, sino el peaje abusivo que la aduana de su país les endose por los regalos que llevan a los suyos. Además, si invitan de visita a sus padres o a sus hermanos que aún residen en Colombia o en Argentina, esos gobiernos, propietarios de todos los ciudadanos, les cobrarán un alquiler mensual por sus parientes. Una vez consumados todos estos despropósitos y derogada la Ley de Ajuste, el resto de los latinoamericanos estaría en paridad con los cubanos.

Aquel discurso de Martí en 1891 ha sido titulado “Con todos y para el bien de todos” por la frase que lo cierra. Y en él Martí afirmó “¡Valiera más que no se desplegara esa bandera de su mástil, si no hubiera de amparar por igual a todas las cabezas!”.

Mientras el “imperialismo” feroz dicta la ley que más ha hecho por la dignidad de los cubanos en el último medio siglo, el gobierno de la Isla ha segregado a la sexta parte de su población, reprime cualquier manifestación de libertad individual de los que quedan y ha obstaculizado durante medio siglo las libertades individuales y la realización personal y profesional de sus ciudadanos. Muy lejos de gobernar con todos y para el bien de todos, el actual gobierno lo hace a costa de todos y para el bien de pocos.


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