Actualizado: 16/10/2017 9:39
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Editorial

La muerte de Wilman Villar: La decencia frente al terror

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La muerte de Wilman Villar Mendoza, quien se encontraba en huelga de hambre para protestar por su injusto encarcelamiento, es el enfrentarse, una vez más, con la cara más sucia y repulsiva del régimen de La Habana. De pronto todo intento de modificar la imagen malvada que representa el gobierno de los hermanos Castro se viene al suelo. Toda la cosmética de momento se deshace. Amnistías, perdones, acuerdos intergubernamentales y con la Iglesia Católica, pasan a ser gestos a medias, capítulos de un instante en que se intentó, por acomodo de las circunstancias, jugar con las apariencias, darle cierto acomodo al incauto que desde el exterior se aferra a la ilusión del cambio.

Quizá uno de los aspectos más siniestros del gobierno cubano es su incapacidad para ser distinto, y su desinterés en intentarlo. Desde su surgimiento, el castrismo ha sido lo que podría llamarse una “dictadura imperfecta”: necesita realizar constantemente ajustes torpes sobre la marcha, nada funciona bien y el deterioro es un presente perpetuo. Ante la más leve amenaza, el régimen cierra filas: el terror es el único instrumento en que confía. En este sentido, poco importan las vidas de sus ciudadanos.

El hostigamiento a los opositores pacíficos se amplía tanto con detenciones breves como con la amenaza de condenas carcelarias. El policía que golpea y veja se complementa en un tribunal sin decoro, destinado a condenar la decencia. El régimen no tiene escrúpulos a la hora de mostrarse dispuesto a encerrar, por varios días o por varios años, a todo aquel que levante una voz en contra, aunque lo haga en el patio de su vivienda. Pero siente especial pánico ante la posibilidad de “perder la calle”, ese campo de batalla creado desde el inicio por Fidel Castro, donde no se puede escuchar ningún eco que se aparte de sus palabras, y mucho menos una voz independiente.

Con la muerte de Wilman Villar Mendoza, el proceso iniciado en la región oriental de Cuba se retuerce en sus orígenes, para caer en una paradoja lúgubre. La represión más intensa a los opositores —que en los últimos meses daba la impresión de haberse trasladado hacia la zona más alejada de la capital del país, a salvo de muchas cámaras y escudada en la apatía de más de un corresponsal extranjero— se sitúa como noticia en Santiago de Cuba. La misma ciudad que más de cincuenta y tantos años atrás vio las luchas que culminaron un día en que el ciudadano se creyó dueño de su destino, para verse víctima y victimario de un sistema que sólo ofrece la satisfacción emocional que se deriva del embrutecimiento, la envidia, el odio y el delito compartido. Sólo así se explica que otros cubanos golpearan a un hombre que solo escenificó una protesta pacífica, le negaran la atención médica requerida y, en última instancia, lo dejaran morir. Como si simplemente se tratara de representar la secuela de una película de horror, al parecer, la muerte de Zapata Tamayo no ha servido para que estos servidores de un régimen inhumano recapacitaran por un segundo, pensaran por un minuto cuánta miseria y dolor son capaces de desencadenar aferrándose a un régimen podrido en su esencia.

Vendrán ahora los conocidos expedientes inventados, con argumentos de violencia y robo, para tratar de manchar el historial del opositor. Las declaraciones médicas elaboradas desde el temor para justificar que se hizo todo lo posible para salvarle la vida. La realidad es que el gobierno de Raúl Castro acumula un rosario de tumbas, para decirlo de una forma elemental y algo cursi, pero también verdadera, que hace que solo se le pueda mirar con rechazo y repulsión. En ningún caso se justifica la violencia con la que el régimen ha arremetido contra unos ciudadanos deseosos de cambiar de forma pacífica el destino del país, en condiciones sumamente difíciles, bajo una intimidación constante y una carencia casi absoluta de recursos.

Es el momento de la solidaridad internacional con la disidencia cubana, de aislar políticamente al régimen de La Habana en cualquier foro internacional. Los mandatarios de naciones democráticas como Brasil tienen que evitar los viajes a la Isla. El Vaticano debe poner en la balanza su compromiso con los derechos humanos, y con los desafortunados de todo el mundo, y sus deberes como Estado. La propagación de la fe debe comenzar por la solidaridad con las víctimas. La presencia del papa Benedicto XVI en marzo en la Isla no será más que una carta abierta a la impunidad del régimen. Tal visita debe ser pospuesta. Es, en fin, la hora de la decencia frente al terror.


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