Actualizado: 20/04/2018 10:20
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Historia

Las razones de una Revolución

La Revolución cubana en sus inicios representó las genuinas aspiraciones de casi todo un pueblo que anhelaba su oportunidad para insertarse en la modernidad

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La Revolución Cubana representó uno de los hitos más importantes en el devenir político del siglo XX. Su huella en la memoria histórica mundial ha sido profunda y su legado ideológico goza aún de cierto predicamento en determinados sectores de pensamiento, particularmente en América Latina. Su influjo, aunque erosionado, se resiste a desaparecer. Quizás la principal razón sea la hábil manipulación del pequeño y frágil David frente al poderoso Goliat. Más allá de este lugar común, es incuestionable que a partir de la Revolución, el papel de Cuba en el contexto de las relaciones internacionales durante cuatro décadas sobrepasa con mucho las dimensiones de su territorio y de su población, así como su importancia geopolítica.

¿Por qué en una isla del Caribe se produjo una transformación tan radical?

Durante la última guerra contra el colonialismo español cobró fuerza entre muchos cubanos la necesidad de fundar una república basada en la independencia nacional y la justicia social, fundamentos del nacionalismo insular. Entre 1902 y 1958, dichas expectativas se frustraron en lo esencial, debido a la monoproducción azucarera y a la estrecha dependencia de Estados Unidos. El capital norteamericano promovió el crecimiento económico pero socavó el control de la economía nacional al configurar una eficiente red de explotaciones agroindustriales, convirtiendo la Isla en un enclave azucarero. La reciprocidad comercial protegía las importaciones norteamericanas, frenaba el desarrollo de las incipientes industrias cubanas y desalentaba el fomento de otras nuevas, reforzándose así el clásico modelo primario exportador.

Con una alta dependencia del comercio exterior, desde finales del siglo XIX la modernización de la economía cubana implicó un alto grado de especialización productiva y una elevada concentración geográfica de los intercambios mercantiles. Comercio, finanzas, infraestructura, servicios públicos, fuerza de trabajo, iban a remolque de las principales agroindustrias, sobre todo de la azucarera. Sólo a partir de los años 40, cuando los beneficios de la primera industria disminuyeron, las propiedades azucareras comenzaron a pasar a manos del capital cubano. Hacia 1958, el 62% de la zafra azucarera era producida por cubanos, mientras que sólo el 36,5% era norteamericano. No obstante, los volúmenes de producción descendieron de tal manera, en correspondencia con el sistema de cuotas norteamericano, que en la década del 50 apenas experimentan crecimiento, mientras se duplica la población.

A pesar de su evidente agotamiento como piedra angular del crecimiento, el azúcar continuaba representando la quintaesencia de la economía de la Isla gracias a los ingresos que generaba por concepto de exportación, y el mercado norteamericano, aunque fuertemente regulado, constituía su más importante mercado. Por ello, en el sector azucarero seguía residiendo la clave de la supervivencia de Cuba como nación, pues sin él no tardaría mucho en colapsar todo el sistema de reproducción económica nacional. En otras palabras; desde 1902 el azúcar era el motor de una intensa, aunque hipertrofiada, dinámica de progreso económico cuya vulnerabilidad era muy alta al depender de un sector sometido a la demanda exterior. A pesar de tal asimetría, la reciprocidad con Estados Unidos garantizó un auge económico y una modernización sin precedentes.

Recientes estudios han demostrado cómo junto al predominio azucarero y tabacalero se consiguió articular una pequeña pero eficiente red industrial que en muchos casos era subsidiaria de ambos sectores. Sin embargo, en otros mantuvo una relativa independencia de ellos y logró desarrollarse en medio de una normativa comercial tan adversa como el Tratado de Reciprocidad Comercial, entablando una intensa competencia con las mercancías norteamericanas (1). Resulta evidente que para un Estado con soberanía limitada como el constituido en 1902, no resultaba sencillo neutralizar a los exportadores norteamericanos los cuales no aceptaban la alteración de sus prerrogativas en el mercado cubano, así como vencer la resistencia de los intereses azucareros cubanos a los esfuerzos por proteger el mercado interno y desplegar una red industrial. “El conjunto de sectores burgueses relacionados con la exportación azucarera se moverá dentro de una orientación defensiva, intentando salvaguardar las condiciones favorables impuestas desde el exterior y sin motivo alguno para promover iniciativas de cambio, ya que la adopción de las decisiones que les conciernen se encuentra fuera de su alcance” (2).

En este escenario, las Cámaras de Comercio Industria y Navegación, el Centro Nacional del Fomento Fabril e Industrial de Cuba, creado en 1902, y, más tarde, la Asociación Nacional de Industriales de Cuba (ANIC), fundada en 1923, desempeñaron los papeles protagónicos en pos de conseguir nuevos espacios dentro del mercado nacional para sus productores fabriles. No obstante, la ANIC nunca gozó del apoyo del Estado, ni consolidó sólidas alianzas con otros sectores sociales capaces de propiciar la diversificación, aunque no por ello puede menospreciarse la actividad y el discurso de la burguesía industrial no azucarera en defensa de los intereses nacionales.

Los esfuerzos en pro de la diversificación industrial no lograron superar el enorme poder de los intereses azucareros basados en el régimen de latifundio. Este último factor agravó la situación del empleo, ya que sólo existía ocupación durante la zafra, manteniendo a una gran masa de campesinos parados durante el “tiempo muerto” y sin acceso a la propiedad de la tierra. De tal modo, el predominio de la industria azucarera reforzó la subordinación de Cuba respecto al mercado norteamericano, obstaculizó la diversificación económica y restringió las posibilidades de mejorar el nivel de vida de la población, en especial la establecida fuera de los límites de la capital del país. Existen datos que indican que el crecimiento medio anual real del producto interno bruto (PIB) desde 1947 hasta 1957 fue de 1,35%. En términos per cápita, dicho crecimiento se convierte en negativo teniendo en cuenta que el crecimiento de la población fue en esos mismos años de 1,57%, o sea, mayor que la tasa de crecimiento del PIB (3).

El reclamo de independencia económica y justicia social seguía siendo una legítima reivindicación compartida por diversos intereses corporativos y amplios sectores sociales.

Panorama socio-político

En tal escenario se produjo un impetuoso desarrollo de las profesiones liberales y las élites urbanas, conjuntamente con los perniciosos excesos de un sistema político inmaduro y corrupto, donde la violencia para dirimir los conflictos era moneda corriente. Esto impidió ofrecer una seria y duradera alternativa de gobernabilidad democrática. Al mediar el siglo XX, Cuba, después de librar dos guerras de independencia contra el colonialismo español, sufrir dos ocupaciones militares de Estados Unidos y ser escenario de una revolución frustrada a mediados de los años 30, fue capaz de darse una nueva constitución en 1940, muy avanzada para la época, que refrendaba un orden liberal y democrático. Protegía la propiedad privada y alentaba el despliegue de una política intervencionista por parte del Estado, mientras que prescribía una reforma agraria, junto con la promoción de una serie de derechos sociales. Decretó el sufragio universal, igualitario y secreto, y estableció la práctica del referéndum popular, admitiendo el acceso de toda la ciudadanía al desempeño de funciones y cargos públicos.

A lo largo de los años 40 no se hicieron realidad muchos de esos preceptos, pues los gobiernos presididos por los líderes del Partido Revolucionario Cubano Auténtico, forjado en la lucha contra Machado, no consiguieron promulgar un conjunto de leyes complementarias a la Constitución, ni diversificar la economía; igualmente fracasaron en sus intentos por erradicar el latifundio. Los “auténticos” habían generado muchas expectativas desde su arribo al poder en 1944. Sin embargo, el abandono de sus ideales por el enriquecimiento ilícito, la proliferación de bandas armadas –el gangsterismo político– y la corrupción generalizada que caracterizó a sus gobiernos, condujo a una profunda crisis de credibilidad de la democracia parlamentaria. Desafortunadamente, el contexto político en aquel momento no se caracterizaba por zanjar las diferencias por medio del diálogo entre los opositores y el compromiso con las instituciones democráticas era bastante precario. Por otra parte, la cultura política del pueblo se decantaba por el carisma de un líder antes que por un programa político o corriente ideológica. “Era ciertamente el síndrome del caudillo, esa atrofia de la conciencia cívica que con persistencia endémica ha frustrado el funcionamiento de la democracia en Cuba…” (4). De tal suerte, la violencia se consolidó como el vehículo idóneo para desplazar a los adversarios.

Tras el suicidio de Eduardo Chibás, líder populista del Partido Ortodoxo, las clases sociales que pugnaban por un adecentamiento de la administración pública –“vergüenza contra dinero”–, sufrieron una terrible frustración. De tal modo, cuando Batista asaltó el poder en la madrugada del 10 de marzo de 1952, apenas tuvo que enfrentar algún amago de oposición en el conjunto de la sociedad. Se impuso así la vía militarista que buscaba una recomposición de la oligarquía conservadora, instaurándose un régimen de fuerza y violación de los derechos humanos.

Batista, intensificó la política de intervencionismo estatal y para ello amplió la red de organismos bancarios paraestatales especializados, algunos de ellos creados durante el gobierno de Prío. Tales instituciones sirvieron de soporte orgánico y funcional al Estado para el despliegue del Plan para el Desarrollo Económico y Social. El mismo tenía como fin mantener el nivel de actividad económica mediante la captación de recursos por parte del Estado, utilizando el mecanismo del gasto público. Dichos fondos se movilizaron con el objetivo de desarrollar nuevas actividades agrícolas e industriales, intentando así modificar el patrón de reproducción tradicional de la economía cubana.

A tal punto llegó la fusión de los intereses del Estado cubano con los monopolios norteamericanos y el gran capital nacional, que de hecho el régimen asumió rasgos muy acusados de un capitalismo monopolista de Estado (5). Aquél proceso inversionista basado fundamentalmente en la construcción de nuevas obras de infraestructura de cara al turismo y concebido para la modernización de La Habana, estuvo plagado de fenómenos de corrupción, pues menos del 50% del gasto público representaban los costes reales, mientras que el resto constituían las comisiones y los márgenes de beneficio para los incondicionales del régimen (6).

El elevado margen de discrecionalidad política de aquel proceso inversionista supeditó la adjudicación de contratas para el trazado de una autopista, o la concesión de créditos para el desarrollo, a favorecer a los empresarios adictos al régimen y respondió a la lógica de la corrupción imperante. Cuba, pese a contar en los 50 con un Estado profundamente implicado en promover un nuevo desarrollo dependiente a partir de la fusión de sus intereses corporativos con los inversionistas extranjeros y los grupos más fuertes de la oligarquía nacional, no fue capaz de quebrar el consagrado poder del azúcar. La estrategia de desarrollo económico y social de la dictadura falló tanto en su propósito de encontrar un nuevo modelo de desarrollo dependiente, como en extender el relativo progreso al resto del país.

En el aspecto social, la Cuba de los 50 exhibía un panorama cuajado de profundos contrastes. Por una parte, se encontraba entre los cinco primeros países de América Latina en indicadores tales como urbanización, alfabetización, ingreso per. cápita, mortalidad infantil y esperanza de vida. En educación, los logros a nivel macro eran apreciables: en 1958, existía una matrícula a la escuela primaria pública de 1.300.000. Los institutos de bachillerato ascendían a 95, entre públicos y privados, funcionaban 19 Escuelas Normales, 14 Escuelas de Economía Doméstica, 7 Escuelas de Artes Plásticas y varias escuelas de periodismo, artes dramáticas y ballet. Además, en La Habana de los 50 existían dos universidades estatales; más la de Santiago y la de Las Villas, así como algunas privadas. “Cuba contaba con 3,8 estudiantes universitarios por cada mil habitantes, la misma cifra de Argentina, Chile y México. Los profesionales universitarios, sobre todo los de carácter técnico e industrial, constituyeron una vasta red que permitió la progresiva y plena cubanización de la producción y la gestión del país” (7).

Algunos especialistas definen a la sociedad cubana prerrevolucionaria como de clase media; este sector agrupaba casi 180.000 profesionales, administradores y ejecutivos, cerca del 10% de la población económicamente activa. Las 203 asociaciones profesionales eran organizaciones de la clase media y ésta, además, no paraba de crecer (8), lo cual da idea de la pujanza de la sociedad civil cubana de la época. Según Pérez-Stable, “importantes sectores de la clase sindicalizada, especialmente en La Habana y en las más modernas empresas industriales, suponían también una ayuda potencial para la renovación del capitalismo dependiente” (9).

Con respecto a los medios de comunicación social, en 1959 existían en La Habana 14 grandes diarios, algunos de ellos de distribución nacional, dos revistas semanales de información general como Bohemia y Carteles, funcionaban más de 250 estaciones de radio y el país contaba con un radiorreceptor por cada 6,28 habitantes, el tercer puesto en América Latina. Emitían 5 canales de televisión; la población contaba con un televisor por cada 25 habitantes, ocupando el primer lugar en el subcontinente (10).

Empero, la modernidad cubana ocultaba agudas desproporciones, entre ellas una baja tasa de crecimiento económico, el papel preponderante del azúcar como generador de ingresos, exagerada dependencia de Estados Unidos para capital y mercados, insuficiente actividad inversionista, altas tasas de desempleo crónico y subempleo –el desempleo abierto en 1958 era del 12% de la fuerza laboral– y el débil crecimiento de la economía, así como muy acusadas diferencias entre el medio rural y el urbano (11). El 71% de la fuerza laboral urbana y el 64% de la rural tenían empleo a jornada completa durante todo el año. Entre la población rural, el analfabetismo era casi cuatro veces mayor y la matrícula escolar de las edades comprendidas entre los 5 y los 14 años era de menos de la mitad; mientras en las ciudades los logros en educación y cultura eran mucho más significativos. Con respecto a la salud pública, en 1950 el Informe de la Misión Truslow del Banco Mundial señalaba que la salud constituía un serio problema en Cuba, pues la gran mayoría de la población rural infantil sufría de parasitosis intestinal. Los trabajadores agrícolas tenían un déficit diario de 1.,000 calorías y estaban situados en un 16% por debajo de la media es estatura y peso. El 60% de los médicos, el 62% de los dentistas y el 80% de las camas de hospital estaban en La Habana; en el campo sólo había un hospital.

Los índices de calidad de vida expresaban igualmente tales diferencias. Existía un 20% de analfabetos. La mayoría de la población rural carecía de agua corriente (85%), de servicios sanitarios dentro o fuera de la vivienda (54%), de electricidad (93%) y de refrigerador (96%) y era más normal que sus viviendas se encontraran en condiciones precarias (26%), o que no estuvieran construidas con materiales sólidos. La inmensa brecha entre La Habana y el resto del país era aún mayor. Casi un 25% de la población vivía en la provincia de La Habana, principalmente en la ciudad. La capital poseía casi el 50% de la totalidad de la industria, incluyendo ocho de las catorce plantas con más de 500 obreros. Los habaneros tenían más probabilidades de superar el tercer grado y de obtener algún nivel de educación primaria intermedia (52%), y representaban la mayor parte de los graduados de estudios secundarios (60%), de escuelas de oficios (50%) y de estudios universitarios (70%) (12).

La tendencia de la distribución del ingreso representaba otra muestra palmaria del liderazgo habanero. Entre 1952 y 1958 el total de los salarios se mantuvo casi inalterable; entretanto, en la capital se elevaba del 53 al 64%. Provincias como Las Villas, Camagüey y Oriente sufrían sensibles disminuciones de los salarios en igual período de tiempo, lo cual contribuye a explicar el generalizado apoyo que a partir de 1958 recibió la guerrilla rebelde por parte de la población de la zona centro-oriental del país. Mientras que La Habana vivía en la opulencia, destapándose en aquellos años una verdadera orgía consumista en gran parte de su población, buena parte del país, particularmente las comarcas rurales remotas, carecían de los más elementales servicios para desenvolver una existencia humana decorosa. La aparente prosperidad que fascinaba a habaneros y a turistas a finales de los 50, fue resultado del gasto de las reservas internacionales que Cuba logró acumular durante los años de la Segunda Guerra Mundial a partir de los ingresos extraordinarios por las exportaciones de azúcar. El revelador estudio hecho en 1957 por la Agrupación Católica Universitaria se refería en los siguientes términos a la clamorosa asimetría entre la urbe habanera y las zonas del interior de la República. “La ciudad de La Habana está viviendo una época de extraordinaria prosperidad mientras que en el campo, y especialmente los asalariados, están viviendo en condiciones de estancamiento, miseria y desesperación difíciles de creer...Ya es hora de que nuestra Nación deje de ser feudo privado de algunos poderosos. Tenemos la firme esperanza de que dentro de algunos años Cuba será no propiedad de unos pocos, sino la verdadera patria de todos los cubanos” (13).

Maduración de la situación revolucionaria

Frente a las luchas intestinas por el control político que dividían el campo de la oposición a Batista, tanto dentro de los auténticos, como en las filas de los ortodoxos, la consigna de “por la libre empresa y la Constitución del 40” se convirtió en la principal demanda en contra de la dictadura. Una vez más se ponía de manifiesto la incapacidad cubana para consolidar un gobierno democrático libre de corrupción y de violencia, en el marco de la dependencia y el tutelaje respecto a Estados Unidos. El joven abogado Fidel Castro supo capitalizar la situación de malestar y de ilegitimidad que embargaba en aquellos momentos la República y con un numeroso grupo de jóvenes se propuso enfrentar la dictadura y liderar la lucha armada. Aunque el asalto a la fortaleza de Moncada fue un rotundo fracaso, este acontecimiento sirvió a Castro para saltar a la palestra pública como adalid de las libertades, cautivando el imaginario popular. Entretanto, el resto de los sectores moderados de la oposición fracasaban en sus intentos por lograr una salida pacífica y negociada del conflico, agravado por el asesinato del congresista Pelayo Cuervo a manos de la policía de Batista y la rotunda negativa de éste a convocar elecciones antes de 1958. Lo único que consiguió el dictador fue que la ciudadanía se fuera identificando con la violencia revolucionaria, desacreditándose la oposición moderada como una fuerza capaz de alcanzar una transición pacífica a la democracia.

El alegato de autodefensa de Castro devino plataforma política del Movimiento 26 de Julio. En él se delineaban los aspectos esenciales de un programa político de contenido popular-democrático y nacionalista, desdeñando deliberadamente de su definición de pueblo a los hacendados, los grandes latifundistas y a los empresarios industriales y comerciales. Tras su breve encarcelamiento y después de ser beneficiado con una amnistía general, Castro decidió continuar la insurrección. Entre 1957 y 1958 el pequeño foco guerrillero fue cobrando fuerza. La Habana, el Directorio Revolucionario 13 de Marzo atacó el Palacio Presidencial y un grupo de esta organización creó otro foco guerrillero en las montañas del Escambray. Por otra parte, las propias fuerzas armadas soportaban motines internos, como el de Cienfuegos.

La base social de la guerrilla se nutrió en buena medida de campesinos serranos, sub-empleados y jornaleros ocasionales sin tierras que no tenían una idea exacta de qué cosa era la Constitución del 40 pues la mayoría eran semianalfabetos y jamás habían visitado La Habana. Si la población campesina y de las ciudades del interior se enroló en la guerrilla, fue porque tenían muy poco que perder y bastante que ganar. La evidente asimetría La Habana/resto-de-lpaís, hizo que la Cuba “del interior” se incorporara al Ejército Rebelde, pues a la vez que miraba a la capital con desazón, veía en el M-26-J una organización política nueva, ajena a la politiquería tradicional, que se jugaba la vida contra la dictadura y cuya plataforma los representaba. Otra cosa pasaba en la clandestinidad en las ciudades, pues muchos de los que se implicaron en la lucha urbana en La Habana, Santiago de Cuba, etc., provenían de las profesiones liberales y sí se movían principalmente por estímulos políticos, tales como recuperar el ritmo constitucional y restaurar las libertades perdidas.

El movimiento revolucionario en contra de la dictadura no lo provocó exclusivamente la violación de la legalidad por Batista y su obstinada permanencia en el poder, si bien esto radicalizó el proceso. Fue la quiebra del prestigio y de la confianza ciudadana en los políticos y en las instituciones lo que produjo la bancarrota de la desacreditada democracia cubana. Tal situación, unida a la urgente necesidad de llevar adelante una transformación agraria que elevara el nivel de vida del campesino cubano, así como el despliegue de políticas que favorecieran el incremento de la educación y la salud pública con un alcance verdaderamente nacional, erradicando además todo tipo de discriminación, fue lo que alentó a los sectores sociales más desposeídos a incorporarse al Movimiento 26 de Julio o apoyarlo decididamente.

Por otra parte, el pequeño y mediano empresariado no-azucarero, los profesionales, etc., creían que este movimiento de signo ideológico variopinto sería capaz de satisfacer las demandas a favor de un cambio de rumbo económico, fomentando el proteccionismo. Batista intentó imprimirlo por medio de su Plan de Desarrollo Económico y Social, generando con él determinados elementos de capitalismo monopolista de Estado, pero falló, pues careció de un amplio consenso social. Asimismo, la turbulencia política que provocó su asonada y las acciones militares que a partir de 1957 se produjeron en algunas ciudades y sobre todo en la zona este del país, impidió en buena medida su éxito, más allá del favoritismo político y la vergonzosa corrupción que generó.

A finales de 1958, ante el empuje de la invasión guerrillera hacia el oeste de la Isla, capitaneada por Ché Guevara y Camilo Cienfuegos y el reconocimiento del liderazgo de Fidel y el M-26-J por el resto de la oposición a Batista, la dictadura apura sus últimas horas hasta que el 1° de enero de 1959 se desploma definitivamente. Días después, Castro se dio un baño de multitudes en La Habana, cuyos habitantes no dudaron en proclamar públicamente que cada una de las casas de la capital era propiedad del líder rebelde. La Revolución cubana en sus inicios representó las genuinas aspiraciones de casi todo un pueblo que anhelaba su oportunidad para insertarse en la modernidad.

El desmantelamiento del capitalismo y la sociedad liberal

Una de las innegables virtudes del liderazgo de la Revolución cubana, sobre todo en su fase final, fue haber logrado la concertación nacional de fuerzas provenientes de diversos espectros políticos, pero que no obstante convergieron en un objetivo común: la lucha contra la dictadura para una vez obtenida la victoria, proceder a la restauración de la democracia y las libertades civiles y políticas conculcadas. Esta vez la reimplantación de la Constitución del 40 pasaba por hacer realidad los ideales de democracia, de justicia social y de una administración pública honrada junto con la eliminación de los latifundios, el logro de la diversificación agrícola e industrial, la expansión de los servicios de educación y de asistencia médica, así como impulsar una injerencia benéfica del Estado en la economía –respetando la propiedad privada– con el fin de fomentar el pleno empleo, proteger al mercado y a la industria nacionales.

Al carro de la Revolución se montaron pequeños propietarios agrícolas o arrendatarios, jornaleros y campesinos sin tierra, pequeños colonos, maestros y profesores, pequeños y medianos empresarios industriales y comerciantes, así como jóvenes de las profesiones liberales, obreros industriales y clases populares en general. Muchos de ellos confiaban en que el nuevo poder revolucionario, sin apartarse del marco democrático y liberal que refrendaba la Carta Magna pisoteada por Batista, atendería sus reivindicaciones, estimulando su actividad con el fin de que ocuparan el lugar que les correspondería como agentes impulsores de un nuevo desarrollo de la economía nacional. Sin embargo, fueron engañados, pues el atropello de las libertades, el control estatal de la economía, la censura de prensa y la alianza con el comunismo, nada tenían que ver con las genuinas aspiraciones de democracia y libertad por las cuales se habían involucrado de diversas maneras en la Revolución. Para ellos resultó una muy dolorosa experiencia ver cómo una Revolución que concibieron para abolir las dictaduras, al radicalizarse, se tornó dictatorial.

La Ley Fundamental –“auténtica acta de defunción de la democracia representativa basada en las elecciones por sufragio universal y en la división de poderes” (14)–, dictada por el Consejo de Ministros el 7 de febrero de 1959, le adjudicó a esta instancia de poder una facultad legislativa irrestricta, facilitando la acelerada centralización del poder político y económico. A partir de la creación del primer gobierno revolucionario el concepto de soberanía quedará muy tocado. El pueblo dejará de ser el pueblo civil, el ciudadano, deviniendo desde entonces “pueblo organizado y uniformado: pueblo estatal” (15)



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