Actualizado: 22/03/2019 14:06
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Ajuste, Exilio, Inmigrantes

Ley de Ajuste Cubano: modificar o moderar para salvarla

La lógica no permite, bajo ningún concepto, que se excluya lo político de la Ley de Ajuste Cubano, según el autor de este artículo

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Hace unos días, en el Día de los Fieles Difuntos (2 de noviembre), se cumplieron 49 años desde que el presidente Lyndon B. Johnson promulgó la Ley Pública 89-732, mejor conocida como la Ley de Ajuste Cubano (LAC). Excepcional, controversial, criticada y aclamada, la LAC está muy candente en las noticias en estos días. Esto es el caso, no sólo en los medios del sur de la Florida y el oficialista en Cuba. Curiosamente, diferentes perspectivas presentan y analizan distintos ángulos de la misma que todos atribuyen ser el producto de esta ley.

Tal como su nombre implica, la intención de esta legislación federal norteamericana fue darle una racionalización y una legalidad al contorno inmigratorio indefinido de los cubanos recién escapados de la incipiente dictadura castrocomunista.

O sea, fue para “ajustar” el estatus inmigratorio de un limbo entendido como refugiados políticos a residentes legales y permanentes. La LAC fue, sin duda, una reacción a una percibida temporalidad, que apuntaba no durar mucho. Me refiero al régimen comunista cubano. El Servicio de Naturalización e Inmigración de EEUU, da una cifra de más de 337.000 cubanos presentes en suelo estadounidense en el momento de materializarse la ley en 1966. Otras fuentes dan un número más alto.

Muchas cosas han cambiado desde que se firmó la LAC. Su razón de ser o existir, sin embargo, no es una de ellas. Por eso es necesario modificarla o entibiar la implementación de una serie de órdenes ejecutivas de la actual administración norteamericana que conspiran contra la supervivencia de dicha ley. Me refiero al puñal más dañino a la LAC que trabaja a favor de su aniquilación: el tráfico ilimitado de cubanos con residencia legal de EEUU, entrando y saliendo de Cuba indiscriminadamente. De no hacer nada y dejar la ley como está y/o de continuar con la política actual de permitir los viajes de cubanoamericanos, prácticamente irrestrictos, se está facilitando el cocimiento para su destrucción.

El propósito mayor de las medidas ejecutivas que dan licencia a dicha realidad, tiene que ver principalmente con la anulación de las sanciones económicas al despotismo castrista. En otras palabras, no es la intención primaria del presidente Obama quebrar la LAC. La priorización de su estrategia es matar al embargo sin que el castrocomunismo ponga fin a su bloqueo dictatorial en Cuba, como requiere la ley que sustenta las sanciones. Sin embargo, eso será su final si no se revierte la contradicción groso entre el espíritu de la ley (su esencialidad) y su implementación, gracias fundamentalmente a la política de relajaciones y el acomodamiento del mandatario actual norteamericano con el castrismo.

Las 522 palabras del texto de la insigne ley de 1966, no menciona explícitamente la cuestión política. Eso es cierto. Esto se ha prestado a que algunos argumenten que la LAC, bajo el manto de la supra Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965, al no referirse a lo político, pues nada o poco tiene que ver con eso, legalmente hablando. Esa conclusión es fallida. El principio sacrosanto del derecho de asilo político es la base substancial de la LAC. La Ley Pública 89-732 (LAC), desconectada umbilicalmente de lo político, es letra muerta. La lógica no permite, bajo ningún concepto, que se excluya lo político de esta legislación.

La preservación de una consistencia, tanto en lo moral como en lo práctico, del factor que juega la amenaza de ser perseguido o sancionado si se regresa al país de origen, tiene que estar latente. Una inmunidad permanente de ser reprimido al regresar repetidas veces al país donde aún mandan tiranos, es una condición que invalida moralmente y en la practicidad, cualquier acogida preferencial que una ley otorga a esos que entraron bajo su amparo.

Cualquier desprendimiento de los parámetros de lo que establece ser un refugiado, inflige una sospecha imborrable y mortal que debilita la esencialidad de su privilegio y excepción. Esto es el caso, no sólo de la LAC, sino también con todos los otros mecanismos inmigratorios de entrada en EEUU, disponibles actualmente a los cubanos. Todas fueron negociadas, formuladas y aprobadas bajo la premisa de que en Cuba hay una dictadura y que eso merita un trato preferencial (por otros factores históricos y geográficos también). Cuando el distanciamiento de lo que constituye ser, explícita o implícitamente, un asilado político queda marginado a lo ridículo, la receta de su destrucción está al doblar de la esquina.

Otros argumentan que se debe de hacer una diferenciación entre los inmigrantes/refugiados cubanos. ¿Son refugiados políticos o económicos? La aplicación de la LAC, según esta corriente de pensamiento, debe de extenderse a lo que vienen bajo la categoría política exclusivamente. El problema con esa tesis, es que regímenes dictatoriales de corte de dominación total (totalitario del siglo XXI) hacen imposible separar un entorno de otro, En otras palabras, lo económico (o lo social) no se puede separar de lo político. Es imposible en modelos como el que controla Cuba.

La urgencia de preservar la LAC está vigente hoy, como lo estuvo en 1959. El problema no es la ley. La misma no es un enigma. El problema es su implementación actual. En Cuba sigue rigiendo una dictadura comunista. Es la misma que ha dominado el poder político por más de 56 años. Incluso, irónicamente, hasta están los mismos en la cúpula. Modificaciones económicas para producir modelos híbridos de un Estado leninista con economías mixtas, no es una novedad. Tampoco esto representa una transición democrática, ni siquiera una posibilidad seria a la misma.

La “tormenta perfecta” para descabezar la LAC se está gestando. El clima antiinmigrante en EEUU cada vez va cogiendo más fuerza. Por otro lado, el cabildeo a favor de una reforma inmigratoria señala la excepcionalidad del caso cubano con recelo y apunta a su contradicción inherente de “asilado pero puede regresar”, también va levantando presión.

Estamos viendo como representantes de estados fronterizos con una población inmigrante no-cubana, están agrupándose para matar la LAC. Iniciativas como el Acto para Eliminar el Tratamiento Especial de Programas Nacional para Cubanos de 2015 (“Ending Special National Origin-Based Immigration Programs for Cubans Act of 2015”), patrocinado por el representante Paul Goser de Arizona y otros ocho congresistas más, es una indicación de lo que viene.

Las condiciones en Cuba no meritan la abolición de la LAC. El mal socio-político, valga la redundancia, aún persiste. El comunismo cubano, sádicamente, se nutre del dolor del pueblo cubano y la separación de las familias y ha convertido la salida y entrada de los cubanos en una industria muy lucrativa. Las medidas de “acercamiento” de Obama han alimentado el fuego que quiere aniquilar la LAC. ¿Qué se debe de hacer? Hay dos alternativas.

La primera opción sería modificar la ley. Esto ya se hizo con anterioridad. En 1976 se enmendó, acortando el periodo de espera que recibir la residencia de dos años a uno. Se pudiera limitar y condicionar los viajes de los residentes estadounidenses o los ciudadanos naturalizados que se ampararon bajo la LAC.

Otra alternativa sería moderar la política ejecutiva de la actual administración norteamericana que da licencia al brinco constante y cuasi-irrestricto de los cubanoamericanos de un lado del estrecho de la Florida al otro. La Habana no es Orlando y los cubanos no entraron a EEUU con la misma alfombra que los peruanos, paraguayos, mexicanos, dominicanos o brasileños.

La cuestión no es que los cubanos de la Isla puedan salir o no. Eso se debe de mantener abierto. El problema radica cuando se acogen a la LAC, que es un privilegio inmigratorio y que reposa esencialmente (en espíritu) sobre una premisa política de asilo. Ese derecho de asilo, inherentemente, viene con su precio. La LAC merece ser salvada. Hay que actuar rápido. La misma tiene enemigos por todos lados.


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