Actualizado: 22/11/2017 12:21
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Opioides, EEUU, Trump

Los opioides, las farmacéuticas y las promesas de Trump

El mismo mandatario que quiere dejar sin servicios médicos a millones intenta mostrarse compasivo y preocupado ante la epidemia de consumo de drogas

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Como suele ocurrir con Donald Trump, sus anuncios y promesas se resumen en algarabía, promesas y medidas que luego se quedan a medias.

Durante su campaña presidencial, Trump anunció que, de ser elegido, llevaría a cabo acciones contundentes para luchar contra la adicción a los opioides. En agosto pasado les dijo a los periodistas que declararía la epidemia una “emergencia nacional”. Lo hizo el jueves, pero limitándose al concepto de emergencia nacional de salud pública.

Hay una diferencia fundamental entre anunciar una emergencia de salud pública y declarar una emergencia nacional. La mayor distinción está en el dinero. El decreto no otorgará fondos adicionales para enfrentar un problema que mata a cerca de 100 estadounidenses cada día, y se limitará a expandir el acceso a los servicios médicos en zonas rurales. Ampliar el fondo de emergencias de salud pública —que en la actualidad solo cuenta con $57.000— queda en manos del Congreso para el próximo presupuesto.

Trump señaló a México como un factor importante de la crisis, debido a la entrada de drogas, así como a China.

“Un asombroso 90 % de la heroína en Estados Unidos proviene del sur de la frontera, donde construiremos un muro, lo que ayudará mucho en este problema”, aseguró. el presidente, aunque el tema a tratar el jueves no era el consumo de la heroína sino los derivados del opio.

Desde 1999, el número de muertes por sobredosis que involucran opioides se ha cuadriplicado. Entre 2000 y 2015, más de 500.000 personas murieron por sobredosis de drogas: los opiáceos representan la mayoría de ellas.

Según el Centro para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC), más de 27 millones de estadounidenses abusan de los opiáceos, que van más allá de la heroína. Casi el 50 % de las muertes por sobredosis en 2015, advierte el centro, están relacionadas con analgésicos de la familia de los opioides, recetados para tratar dolores moderados y fuertes en algunos pacientes.

Según Trump, la Agencia de Medicamentos y Alimentos (FDA) ha pedido que el fentanilo, una droga sintética que se fabrica ilegalmente, pero también de forma legal por algunas farmacéuticas, “sea expulsado del mercado inmediatamente”, y que en su próxima visita a China hablará con el presidente chino Xi Jinping sobre este tema porque, dijo, se fabrica allí.

Pero las palabras presidenciales no enfatizaron ni detallaron la gran responsabilidad que tienen por esta crisis algunas firmas farmacéuticas estadounidenses, entre ellas Purdue Pharma, productora del analgésico OxyContin, que se aprobó en 1995 y ya en 2001 sus ventas alcanzaron los $1.600 millones, una cifra superior a las de Viagra.

Solo en 2012, los médicos en esta nación escribieron más de 282 millones de recetas para analgésicos opiáceos, incluidos OxyContin, Vicodin y Percocet, una cantidad que equivalía casi a un frasco por cada habitante.

De acuerdo con una investigación publicada en el American Journal of Public Health, entre agosto de 2013 y diciembre de 2015, varias empresas farmacéuticas, entre ellas Purdue Pharma, pagaron más de $46 millones a más de 68 mil médicos de todo el país, a través de comidas, viajes y honorarios para incitarlos a recetar opioides. Purdue Pharma se declaró culpable de engañar al público sobre el riesgo de adicción del OxyContin en 2007 y tuvo que pagar una multa de más de $600 millones.

En la actualidad se ha extendido el consumo de la heroína y el fentanilo, 50 veces más poderoso que el OxyContin. Pero el origen del problema se encuentra en los abusos al recetar indiscriminadamente opioides y en la avaricia de los fabricantes de medicamentos. En discursos y tuits, el presidente ha amenazado a la industria farmacéutica. El jueves pasó por alto la oportunidad de realizar un ataque concreto y certero a esa industria. Prefirió lanzar las culpas al otro lado de la frontera.

La realidad es que los votantes de Trump se están muriendo, por sobredosis y suicidio, y el presidente ha venido a su rescate.

Un estudio de los economistas Angus Deaton y Anne Case encontró que durante los últimos 15 años un grupo —los hombres blancos de mediana edad— presentó una tendencia alarmante: sus miembros morían en cantidades cada vez mayores, y el indicador aumentaba en la medida de que estas personas carecían de un título universitario. La explicación en parte obedecía a factores como la globalización y los cambios tecnológicos, pero el dato verdaderamente inquietante era que ello ocurría en Estados Unidos más que en otros países de gran desarrollo, como los europeos.

Detrás del hecho se encontraba una disociación entre los objetivos culturales y el acceso de ciertos sectores a los medios necesarios para llegar a ellos. Precisamente la creación del Estado de bienestar estaba supuesta al alivio o la eliminación del inconveniente. Pero lo que había ocurrido era una transformación de objetivos y medios, que había llevado al mismo tiempo a que uno de los grupos poblacionales hegemónicos, que se pensaba ausente en buena parte del problema —ciudadanos blancos de la clase media baja y pertenecientes a la etnia dominante del país— eran ahora las víctimas, al tiempo que los medios para resolverlo —el Estado de bienestar, pluralismo, multiculturalismo— transformados en supuestos culpables.

La resultante era miedo, angustia, inseguridad, insatisfacción e incluso causa de suicidio. Todos estos factores influyeron en muchos que votaron en favor de Trump, más que las cifras sobre recuperación económica, los índices de desempleo y el hecho comprobado de que la inmigración ilegal era la más baja en años.

En 2016 se conoció que una franja de la población estaba muriendo masivamente por el alcoholismo, la drogadicción y el suicidio. Ciudadanos de la raza blanca, edad mediana y baja educación. Y precisamente ese sector poblacional fue el que resultó decisivo, en muchos lugares, para el triunfo de Trump. Convertido en presidente, el magnate tenía que enfrentar un problema que en principio delegó en su yerno, Jared Kushner, por cierto, ausente de la ceremonia.

Ahora, meses después de ocupar la Casa Blanca, el mandatario firmó un decreto para combatir la epidemia de muertes por sobredosis de drogas, en un acto donde recordó la muerte de su hermano por alcoholismo —como si se tratara simplemente de una reunión de Alcohólicos Anónimos— y gracias al cual el Gobierno canalizará más recursos —dentro de los existentes, porque el plan no contempla mayores fondos— hacia las zonas rurales donde precisamente radican esos partidarios de Trump.

Aunque sin dejar de mencionar las tareas de prevención, educación y asistencia médica, buena parte del énfasis de Trump estuvo dirigido al aspecto policial. Resulta además paradójico —por no decir hipócrita— que quien quiere dejar a millones sin los beneficios de los servicios de salud para quienes no cuentan con los recursos para pagar por ellos, como son los beneficiarios de un sistema de Medicaid ampliado gracias a la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible (Obamacare), intente ahora mostrarse como un gobernante compasivo.

Paradoja e hipocresía también presentes en ese abogar ahora por mayor control de los analgésicos conteniendo opio, cuando en realidad hasta el momento su administración se ha caracterizado por la eliminación de regulaciones al sector empresarial, lo que ha tenido como consecuencia que las cartas de advertencia que emite la FDA han bajado a mínimos en la última década.

En última instancia, el acto en que se decretó que la crisis por el abuso en el consumo de los opiáceos era una emergencia de salud pública fue una puesta en escena destinada a establecer un mayor control, en buena medida policial, sobre la sociedad estadounidense. Eso es precisamente lo que Trump viene desarrollando, desde su discurso de aceptación de la nominación presidencial republicana. En aquella ocasión afirmó que él presidiría “un país de la ley y el orden” y el jueves aprovechó la crisis por el consumo de drogas para enfatizar su ambición caudillista. Si se mostró compasivo y se detuvo en una anécdota personal, no hay por ello que dejarse engañar: nos recordó que no fuma ni bebe, excelentes cualidades que también adornaban a Hitler. Basta no olvidar que se trata del gobernante que no ha mostrado reserva ni escrúpulo alguno para programar una reunión dentro de poco con el presidente de Filipinas Rodrigo Duterte, una especie de carnicero que ha decidido resolver el problema de la drogadicción por el simple expediente del asesinato.

Si durante su campaña presidencial Donald Trump supo aprovecharse para llegar a la Casa Blanca de un sentimiento de ira, frustración y desarraigo en un sector de la población de este país, que por otra parte, y en lo personal, ha traído como consecuencia el aumento de los casos de dependencia a las drogas y suicidio, ahora busca igualmente valerse de esas dramáticas consecuencias para intentar, una vez más, hacer retroceder a la nación a décadas anteriores: un retroceso que él llama “hacer grande América de nuevo”, y que en realidad es una vuelta a un pasado de intolerancia y atraso social, cultural y político.


Una versión abreviada de este artículo, por razones de espacio, también aparece en el Nuevo Herald.


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