Actualizado: 17/11/2019 19:45
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Cuba, Reformas, Cambios

No pretendemos reformar el “socialismo estatal”, sino cambiarlo

Defendemos otro socialismo bien distinto; pero no aspiramos a imponer ninguna sociedad específica

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Este artículo fue escrito por un colectivo de autores: Marlene Azor, Pedro Campos, Armando Chaguaceda, Ovidio D’Angelo, Andrés Dovale, Claudio Fernández, Hibert García, Jorge O. González, Ariel Hidalgo y otros.


Algunos comentaristas críticos de las posiciones de la izquierda socialista y democrática cubana, asocian a los partidarios del Socialismo Participativo y Democrático (SPD) al interés de “reformar el socialismo de estado”. Para ello, aluden a nuestro apoyo ampliamente crítico a algunas de las iniciales declaraciones del Presidente Raúl Castro y a ciertas medidas de la llamada “actualización” las cuales, si bien han flexibilizado y reajustado viejas y absurdas regulaciones, en su conjunto no cambian —en esencia— las principales características socioeconómicas y políticas del modelo autoritario vigente.

En todo caso; varias de esas medidas tienden a un redimensionamiento del estado centralizado para hacerlo más fuerte, acompañado de una limitada restauración del capitalismo privado, en contraposición a nuestras propuestas de democratizar la vida política del país y priorizar las formas libres, autogestionadas, cooperativas y asociativas de producción, las que marchan muy a la zaga de las otras y cuyo sentido socializador carece de la difusión necesaria.

No prejuzgamos los fines de tales comentarios, solo pretendemos dejar establecido, una vez más, que ni nos identificamos con el vigente “socialismo de estado”, ni con sus intentos hegemónicos por reformarlo bajo el manto de una limitada liberalización.

Nosotros aspiramos a cambiarlo de forma sustantiva y con una orientación democratizadora.

Luchamos por un Socialismo Participativo y Democrático, que tendría que ser sustentable y para el progreso, por el desarrollo de una nueva sociedad inclusiva, democrática con participación autónoma de los ciudadanos en la toma de decisiones en todos los ámbitos, hacia el predominio paulatino de las formas autogestionarias de producción y gobierno social, en verdadera transición socialista que, por imperio de las condiciones objetivas de desarrollo socioeconómico, no excluye pero tampoco privilegia las distintas formas privadas de producción .

Nuestras críticas al modelo vigente, han sido suficientemente claras. No creemos que el socialismo signifique un estado dueño absoluto de los medios de producción, con relaciones alienantes que bloquean formas más democráticas de cooperación y distribución de los ingresos, ni con el partido único que deja la política fuera del control social, ni con limitaciones a la libertad de expresión y asociación, ni con enfoques sesgados de los derechos humanos.

Expresamente, nuestras propuestas no coinciden con los conceptos de “dictadura del proletariado”, de “partido único dirigente de la sociedad”, de la “propiedad del estado como eje principal de la economía”, ni con todas las formas de monopolio en la economía y la política.

Nuestras posiciones quedaron bien establecidas en nuestros principales documentos programáticos: “Cuba necesita un socialismo participativo y democrático. Propuestas programáticas” (agosto de 2008) y “Propuestas para el avance al socialismo en Cuba” (enero de 2011), presentados al pueblo de Cuba, en ocasión de las convocatorias al VI Congreso del PCC.

Que defendamos una sociedad con una democracia que combine formas representativas, participativas, deliberativas y directas que empodere verdaderamente a los ciudadanos y promovamos las formas asociativas de producción como alternativas a la explotación asalariada y la igualdad de derechos —no el igualitarismo—, no quiere decir que pretendamos imponer algún modelo específico de sociedad.

Como demócratas convencidos, creemos que debe ser la ciudadanía, por medio del voto directo y secreto, la que determine luego de un amplio intercambio horizontal, deliberativo y con transparencia informativa, —distintos a los insuficientes mecanismos de consulta vertical del actual gobierno, que antes o luego siempre decide—, el tipo de sociedad en que desea convivir, siempre con respeto a los intereses de las minorías.

La democracia sin exclusiones a la que aspiramos, para ser verdadera, debe tender cada vez más a la amplia participación de todos los ciudadanos, a la difusión libre de ideas y a la elección de todos los cargos público por medio del voto directo y secreto a partir de candidatos, propuestas y proyectos no predeterminados por superestructuras. Al uso de los referendos y de los presupuestos participativos aprobados por todos los afectados y contribuyentes, con un amplio desarrollo de las autonomías municipales, con representaciones de los verdaderos intereses populares, revocables y no de la manera designada y delegada actual.

Aspiramos a un socialismo que defina claramente una tendencia a la eliminación paulatina de todas las formas de explotación de los seres humanos.

En tal sentido, deseamos una economía que priorice la socialización de la propiedad y de la apropiación de los resultados del trabajo; que además del cooperativismo amplio, el trabajo libre asociado, las formas de economía auto y cogestionadas en diverso grado y el trabajo por cuenta propia, personal y familiar, contemple también la pequeña y mediana empresa privadas. Creemos que en las entidades donde se devengue salario, el trabajador debe ser, además, partícipe de las utilidades, de la gestión de la propiedad y poseer formas efectivas para defender sus derechos.

Igual, entendemos la necesidad de la inversión foránea, en forma principalmente indirecta y siempre que aporte capital, tecnología y mercado. Cuando sea imprescindible la inversión directa extranjera, deberá estar asociada a empresas nacionales, y sujeta a macro-regulaciones estatales que garanticen los intereses de la nación y, específicamente, firmarse un contrato colectivo de trabajo que proporcione a los trabajadores salarios decorosos, protección sobre cualquier forma de discriminación o explotación, participación en parte de las ganancias de la entidad y plenas garantías para el ejercicio de la actividad sindical independiente.

El estado debería garantizar y mejorar los logros alcanzados en la salud y la educación para todos, para lo cual los profesionales y trabajadores de ambas esferas, así como los ciudadanos beneficiados por esos servicios, deberán tener una real participación en las decisiones que se tomen a todos los niveles y propiciar el desarrollo de otras formas no estatales que tiendan a socializarlas aún más. Experiencias latinoamericanas en la forma de Consejos de Salud y Educación, que gestionan eficaz y democráticamente las políticas públicas, deberán ser incluidas en cualquier reforma del sector.

Los cubanos residentes en el extranjero deberán tener los mismos derechos de los residentes en el país, tanto en lo económico, como en lo social y en lo político, con la única excepción de quienes vean invalidado el ejercicio de estos derechos por ser comisores de algún delito de acuerdo a lo establecido en el Derecho Internacional.

En particular, rechazamos toda forma de violencia para conseguir fines políticos y promovemos el diálogo y las vías pacíficas y democráticas para la solución de los conflictos y la búsqueda de una salida a la crisis cubana que no podrá resolverse manteniendo el modelo estatalista —que ha demostrado su inviabilidad en todas partes donde se intentara— o de la imposición de un modelo neoliberal, elitista y enajenador de la soberanía nacional.

Por último, mientras reafirmamos nuestro convencimiento de que no es posible el socialismo, sin plena democratización de la vida política del país y sin una política clara dirigida a la amplia socialización de la economía, apreciamos que el partido/gobierno/estado cubano, bajo el denominado proceso de “actualización”, en lugar de avanzar al socialismo, se aleja por emprender un fortalecimiento de las instituciones estatales en todos los órdenes, reforzando el modelo político autoritario de gobierno y el control de las empresas estatales por el aparato burocrático, apoyándose en una limitada restauración del capitalismo privado.

El carácter discordante de las medidas y acciones de la “actualización” está llevando a una agudización de las contradicciones entre la elite burocrática y todas las demás capas sociales del pueblo cubano, explotadas directamente a través del trabajo asalariado mal pagado, o indirectamente por vía de los altos impuestos, la doble moneda y las limitaciones aplicadas por los monopolios estatales al trabajo por cuenta propia, al cooperativista y al capitalista privado.

En estas circunstancias, y con vistas a evitar que esas contradicciones se desborden de forma incontrolable, con incalculables consecuencias, los partidarios del SPD llamamos —una vez más— a un diálogo nacional, horizontal, abierto, democrático, sin exclusiones, con participación de los cubanos de dentro y de fuera, de todas las tendencias políticas, que permita encontrar una solución política a la situación actual y abra vías a la sociedad martiana “con todos y para el bien de todos”, que figura en la Constitución.

Sin democracia sustantiva que empodere al pueblo en las cuestiones de gobierno a todos los niveles, sin libertad plena, sin socialización de la economía, no hay patria, nación ni socialismo posibles


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