Actualizado: 05/08/2021 10:23
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Política, Cambios

Reformas e Izquierda en Cuba. Miradas al presente

La izquierda cubana “del Siglo XXI” tendrá que asumir la defensa de los numerosos perdedores que traerán las reformas, y que se sumarán a los miles de trabajadores y localidades del país ya empobrecidos en las últimas dos décadas

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En estos días en que el sitio Havanatimes está publicando fragmentos del sugerente (y seguramente imprescindible) libro de Sam Farber sobre la revolución cubana, varios amigos —residentes en la Isla y en su diáspora— hemos intercambiado ideas sobre el rumbo de las reformas en Cuba. Hemos debatido sobre la(s) postura(s) que, frente a estas, debería tener cualquiera que se reclame de izquierda(s) distinguiéndose simultáneamente del socialismo de Estado vigente en la Isla y de la propuesta neoliberal. A partir de ese intercambio nacen estas “notas”.

En este diálogo encontramos que las visiones parciales o polarizadas no permiten captar la esencia de los cambios en curso. Algunos analistas presentan estas reformas como una mera continuidad, maquillada, del modelo económico y político que ha regido por el pasado medio siglo la vida de los cubanos. Otros, la explican como una mutación trascendental, una suerte de Revolución en la Revolución, donde “líderes y masas” marchan en perfecta sintonía de velocidad, horizontes e intereses. Unos ignoran, al defender la idea de equidad, los graves problemas del modelo aún vigente que hacen insostenible —sin subsidios externos— las modalidades conocidas de ciertas políticas sociales; otros asumen —con entusiasmo adolescente— los nuevos aires de cambio ignorando que asistimos a una reformulación de la hegemonía estatal sin las correspondientes ampliaciones de derechos y participación ciudadanos.

Lo que acontece a partir de 2008 es, a juicio de este columnista, una lenta y aún inacabada mutación del modelo clásico de socialismo de Estado a otro más cercano a las experiencias asiáticas. En este último, el mercado amplía su presencia sin que ello signifique una disminución drástica de la capacidad del Estado (y de la burocracia en tanto estamento que lo controla) para imponer su agenda en áreas clave de la esfera económica (como la gran industria, el transporte y las comunicaciones) así como en otras vinculadas a la información, organización y orden públicos en las cuales su presencia —no así su eficacia— es cuasi monopólica. En las reformas en curso no está en discusión el tipo de régimen político construido durante el medio siglo pasado, pues asistimos más a una suerte de liberalización económica (con su correlato de ampliación de ciertos espacios de acción individual anclados en la esfera económica) que a una democratización relevante e institucionalizada, pluralizadora de la vida y de los actores políticos, que derogue —de forma paulatina y relevante— el orden sociopolítico autoritario vigente en la Isla.

La (pre)visible ampliación de espacios de mercado —que dinamicen la producción y provisión de bienes y servicios de la gente frente al monopolio asfixiante e ineficaz del Estado— es positiva, tanto para la sociedad como para el mismo Estado, ya que este podría concentrarse en aquellas cuestiones verdaderamente estratégicas para el desarrollo nacional y hacer las cosas mejor. En ese sentido, la expansión de un sector de trabajo por cuenta propia, de la pequeña y mediana empresa privada (que, como sabemos, no son iguales al cuentapropismo a pesar de que en documentos y discursos oficiales ambas modalidades se nos presenten confundidas e indiferenciadas) y sobre todo del cooperativismo son pasos importantes, que pueden ser ligados a las medidas tomadas —o predecibles— a partir de la estrategia reformista en curso. Semejantes iniciativas conllevarían la expansión de una suerte de “ciudadanía propietaria” —en tanto condición esta que alude no solo la posesión formal y efectiva de activos económicos sino de bienes de uso personal y familiar— lo cual anclará más, creo, la gente a su tierra y la comprometerá a luchar por un mejor futuro dentro de las fronteras nacionales. Todo esto, claro está, si el Estado la acompaña de forma proactiva y no represa nuevamente —como sucedió en los años 90— sus energías e iniciativas.

Que el Gobierno de Raúl Castro quiera mejorar las condiciones de vida de la gente, que desee que se consuma más y mejor y que se eliminen algunas restricciones absurdas es sin dudas algo encomiable, que debe aliviar la suerte de la población cubana. Pero ello no equivale a suponer (como hacen algunos defensores de la reforma) que los cambios en curso amplíen el repertorio de libertades y derechos activos y, sobre todo, que permitan convertir en realidad la consigna de Poder Popular, sustancia de un inexistente socialismo democrático y participativo. Significa que la idea que subyace en estas reformas es que un país con gente materialmente satisfecha es más gobernable.

Una ampliación de la democracia no aparece en el horizonte de las actuales reformas, con la modesta salvedad de una limitación de mandatos, hija del sentido común y del conocimiento de la biología. Y cuando desde una mirada de izquierda apostamos por una ampliación democrática no nos referimos al modelo de democracia procedimental y minimalista, que acompañó la implementación del neoliberalismo en la región. A la democracia podemos reinterpretarla como una deseable ampliación de la incidencia y cogestión de la sociedad organizada (y de los ciudadanos como individuos portadores de deberes y derechos) que acompaña un Estado benefactor, en la defensa y promoción de lo público y de todos los derechos de la gente. Democracia que rechaza a las “soluciones” mercantilizadoras y autoritarias que se ofrecen —como cantos de sirena— a los problemas del desarrollo y del orden social en las condiciones de la periferia tercermundista.

Cualquier estrategia de izquierda, frente al proceso de reformas en la Cuba actual, debe insistir en la defensa de las llamadas “conquistas de la Revolución” —que no son otra cosa que el fruto del trabajo y sacrificio del pueblo a despecho de las chapucerías y caprichos burocráticos— en la forma de exigencias concretas de una educación, salud y seguridad públicas, universales y de calidad. Que cada niño —sea de Miramar o Palma Soriano— tenga garantizado un buen maestro y condiciones materiales para educarse, como lo tuvo mi generación, sin que la política educativa dependa de “Planes Emergentes” carentes de retroalimentación o de insensibles condicionamientos presupuestales del Fondo Monetario Internacional. Que las mujeres tengan garantizado el derecho a decidir sobre su cuerpo, sin ver criminalizada su decisión por poderes seculares o eclesiásticos. Que los profesionales de la salud devengan un ingreso decoroso, sin verse tentados a emigrar a países del Norte, a enrolarse en Misiones Internacionales o vender, de forma ilegal, sus servicios a los connacionales, como vías para obtener recursos que les permitan adquirir medios de vida y bienes de consumo. Y que cuando la Libreta —ese símbolo de la “pobreza planificada”— desparezca, por decreto o desangramiento, sea solo porque los trabajadores puedan ver hecha realidad la máxima socialista que reza “de cada quien según su capacidad, a cada quien según su trabajo”.

Al tiempo, los socialistas tenemos que acompañar las reformas actuales con otras propuestas operativas y concretas de políticas de transparencia, rendición de cuenta y participación de la gente en la toma de decisiones a todo nivel y en la constitución de sujetos económicos y políticos —comunitarios, cooperativos, asociativos— alternativos tanto al orden vigente como a los encantamientos neoliberales. Para hacer concretas y sustentables semejantes iniciativas habrá sin duda que echar mano no solo al acervo propio, sino también tomar en cuenta —sin que ello equivalga a diluir esencias— las mejores propuestas del pensamiento demoliberal, del socialismo democrático, del cristianismo social y de los movimientos populares, por solo mencionar algunas de las corrientes que pululan, activas, por la región y el mundo. Y también dialogar, con mutuo respeto y sin exclusiones ni mimetismos, con sus exponentes en la Isla, pues solo la comunicación y la solidaridad entre los “sin poder” permitirá una comprensión de los verdaderos horizontes, semejanzas y diferencias entre nuestras agendas, impidiendo su manipulación por todos los gobiernos y poderes fácticos (empresariales, mediáticos, religiosos) involucrados en la “cuestión cubana”.[1]

Simultáneamente, la izquierda cubana “del Siglo XXI” tendrá que asumir la defensa de los numerosos perdedores que traerán las reformas, y que se sumarán a los miles de trabajadores y localidades del país ya empobrecidos en las últimas dos décadas. Por último —pero no por ello menos importante— es ineludible incorporar a nuestros discursos y acciones problemáticas poco asumidas por nuestro legado ideológico y organizativo, tales como la de los Derechos Humanos (que no pueden ser administrados o sesgados, a despecho de su universalidad e integralidad) y la expansión de identidades particulares —de género, raciales, socioambientales, contraculturales— que no encuentran cabida en el modelo de socialismo estatista ni tampoco en las derivas a las previsibles formas de mercantilismo autoritario e inserción subordinada (típico de república bananera) que nos reserva el mercado global. Seguramente esta no es una agenda que reconforte a capos, mesías y mercaderes, pero puede servir de brújula para conducir algo digno de llamarse izquierda por mejores rumbos, poniendo proa al futuro de la nación.



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