Actualizado: 20/10/2021 13:39
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Reordenamiento laboral: oportunidades y riesgos

No ha habido una preparación adecuada para enfrentar el radical proceso de despidos, con pocas garantías para los afectados

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Ante el radical empeoramiento de la situación económica cubana y la acumulación de todo tipo de problemas, el Gobierno se ha visto forzado a emprender transformaciones de mayor calado, que a la vez que representan oportunidades para salir de la crisis, también comportan enormes riesgos, si las medidas no se toman coherentemente y con transparencia.

Se ha anunciado la racionalización de 1,3 millón de puestos de trabajo estatales, alrededor del 25% de la fuerza de trabajo ocupada. El proceso comenzó con el despido de 500.000 personas hasta fines del primer trimestre de 2011. Paralelamente, se anunció un programa para dar empleo a los ciudadanos “disponibles”, sobre el cual sólo se ha brindado información parcial. Así, serán creadas o ampliadas opciones como el arrendamiento, el usufructo, las cooperativas y el trabajo por cuenta propia —con la posibilidad de contratar mano de obra— rompiendo tabúes y dogmas que durante decenios obstaculizaron el desarrollo nacional.

El amplio reordenamiento laboral era una necesidad vital para la economía desde hacía mucho tiempo. Resulta imposible organizar centros de trabajo sobresaturados de empleados, con la consecuente improductividad, ineficiencia, altos grados de indisciplina y salarios reales insuficientes para vivir, como ha reconocido hasta el presidente Raúl Castro, lo que unido al sustancial descontrol existente promueve la corrupción y el delito.

La desvinculación de tantas personas, en condiciones de gran incertidumbre, afectará también a sus familias, creándose un delicado panorama social ya en la primera etapa del reordenamiento, puesto que directa o indirectamente la medida tendrá un fuerte impacto sobre la vida de millones de cubanos.

En el plano político, el paso indispensable pero arriesgado, confirma la inviabilidad de un sistema que condujo Cuba al desastre; realidad alertada desde hacía mucho tiempo por ciudadanos pacíficos, a quienes no se quiso escuchar y fueron represaliados con saña acusados de agentes extranjeros, no pocos encarcelados en condiciones infrahumanas y condenados a decenas de años.

A su vez, con el despido masivo de trabajadores queda evidenciada la falsa propaganda del régimen sobre la existencia del pleno empleo, con el propósito de aparentar un supuesto paraíso laboral; una falsificación insostenible actualmente, dada la gravedad de la crisis económica.

Lamentablemente, este doloroso proceso para toda la sociedad tendrá que vencer innumerables dificultades. En primer término, a pesar de que el Presidente anunció cambios estructurales y de conceptos el 26 de julio de 2007, poco se ha hecho hasta ahora. Por tanto, no ha habido una preparación adecuada para enfrentar el radical proceso de despidos, con pocas garantías para los afectados.

Que se conozca, no existe un cuerpo legal que sustente el programa de reordenamiento laboral, pues todo el tejido económico fue destruido a partir de 1959. Institucionalmente debieron darse pasos para ampliar el poder de decisión en los escalones administrativos inferiores, mediante la reducción paulatina del alto grado de centralización existente. Los organismos centrales debieron reducir sus dimensiones y transferir sus prerrogativas a niveles provinciales, municipales y de empresas en una mayor magnitud. Incluso algunos ministerios y organismos de la administración pública debieron ser eliminados o fusionados desde hace tiempo —como el ministerio del azúcar, hoy sin razón de existir—, o concentrados en un sólo ministerio los encargados de la economía, para realizar las funciones que hoy asumen varios, agilizándose la gestión del país, con una sensible reducción de los gastos administrativos y considerable eliminación de dañinos mecanismos burocráticos.

Asimismo, sigue sin solución la enorme fragmentación del mercado, con una diversidad sorprendente de precios para el mismo producto, y el mal de la doble moneda. Además, no se prepararon las condiciones para un indispensable mercado mayorista que abastezca a los cuentapropistas, arrendatarios y otros. Esto da por resultado que la economía continúe bajo una centralización excesiva y una agobiadora carga burocrática, llena de absurdas cortapisas y prohibiciones; escenario que de mantenerse, hará muy difícil la restructuración.

Por otra parte, la población siente una gran desconfianza ante la supuesta apertura. Esta actitud tiene su base objetiva en varias terribles experiencias vividas. La ciudadanía recuerda la “Ofensiva Revolucionaria” de 1968, y el aplastamiento de las pequeñas iniciativas privadas, que el propio Raúl Castro impulsó y que terminaron en 1985 con la “Política de Rectificación de Errores y Tendencias Negativas”. Así tampoco olvida “aquellas concepciones que condenaron al trabajo por cuenta propia casi a la extinción y a estigmatizar a quienes decidieron sumarse a él, legalmente, en la de década de los 90”, como subrayara el periódico Gramna el 24 septiembre pasado.

No puede soslayarse que durante casi 50 años la propaganda oficial, dirigida por los sectores más conservadores del Gobierno, profirió los peores insultos hacia las personas emprendedoras, calificándolas de ambiciosas y antisociales. Varias pequeñas aperturas y las ferias de artesanos terminaron en gigantescas represiones, como la tristemente recordada “Operación Pitirre en el Alambre” del Ministerio del Interior.

Muchos cubanos están conscientes de que dentro del Gobierno y el Partido Comunista cada día tienen posiciones más importantes quienes defienden los cambios y las transformaciones, aunque en no pocas ocasiones con incoherencias, vacilaciones y temores. No obstante, también se conoce que los conservadores se resisten a abandonar los viejos métodos, pues ven en peligro su poder y los privilegios durante tanto tiempo detentados por ellos y sus familias.

Cuando se habla de cooperativas de productores y arrendamientos, muchos fijan su mirada en las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC) y las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA) absolutamente controladas por la burocracia del Estado y apenas con poder de decisión, verdaderos desastres, improductivas y sacos sin fondos de los recursos de la nación.

Otro mal ejemplo ha sido las tierras otorgadas en usufructo. Pasados dos años, únicamente están en producción el 46% del más de un millón de hectáreas entregadas, debido en gran medida al exceso de mecanismos burocráticos para controlar los nuevos agricultores. Si se quiere que las nuevas formas de producción funcionen, no pueden ser dirigidas desde arriba. Las cooperativas deben formarse basadas en la voluntariedad, sin camisas de fuerza, con libertad para producir con sus propios esfuerzos y sin injerencias políticas.

Además, se requiere un sistema tributario racional, que no ahogue a los nuevos propietarios. El profesor Carmelo Mersa Lago ha señalado que habría que comenzar con niveles bajos de impuestos, que posteriormente podrán ser ajustados. En Cuba no hay una tradición en materia tributaria, porque este Gobierno la destruyó y debe ser recuperada. A esto se agrega que los nuevos productores tendrán que comprar sus insumos a precios altos en el mercado minorista u otras fuentes. Si los impuestos son muy elevados, con el factor mencionado, muchas personas pudieran sentirse desestimuladas y otros quebrar rápidamente. Hasta tanto no pueda contarse con un mercado mayorista, y sedimente la experiencia del pago de impuestos, debería adoptarse esa recomendación.

Por otra parte, no se conoce que se haya elaborado un sistema contable sencillo, que permita sentar las bases del sistema tributario, lo cual pudo haberse previsto. Si en esta cuestión no se procede con sensatez, pudiera suceder que muchos nuevos empresarios opten por mantenerse en el mercado subterráneo para evitar ser asfixiados por los altos precios minoristas y excesivas tributaciones. La tarea de dar empleo a tantas personas nunca será fácil, mucho menos con la implementación de políticas erradas que pudieran dar por consecuencia elevadas tasas de desempleo e inflación, elementos que en las condiciones cubanas, ya marcadas por un demasiado largo período de menesterosidad y frustración para la mayoría de los asfixiados cubanos, podrían propulsar serias convulsiones sociales con todas sus perversas consecuencias.

También preocupa el concepto de idoneidad. Hasta el momento, se había utilizado en el turismo y la contratación de personal para empresas extranjeras, priorizándose la subordinación a la política del Estado-Partido. Esa práctica debe ser desterrada totalmente, y prevaler la capacidad y productividad de las personas. Todos conocen que los sindicatos son totalmente controlados por el Gobierno, por lo cual los trabajadores deben velar para que el proceso se realice con la mayor transparencia y ética posible, de lo contrario podría incrementarse la irritación que ya de por sí concita la masividad del despido.

Este proceso indispensable para terminar el desorden laboral, siempre tendrá gran complejidad y será doloroso. Se acomete en momentos de grandes dificultades económicas; no hay capacidad financiera ni para devolver parte de los fondos de las empresas extranjeras depositados en los bancos, y se rumora que importantes socios comerciales podrían eliminar el seguro al crédito y a las exportaciones. El comportamiento de la economía es muy preocupante. La inversión en 2009 cayó en un 15% y volvió a disminuir en el primer semestre de 2010 en más del 14%, según la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE); una situación que profundiza el proceso de descapitalización presente desde los inicios de los noventa, con una pronunciada incidencia en la destrucción de puestos de trabajo y la imposibilidad de la creación de nuevos en la medida necesaria.

Por tanto, resulta insoslayable la máxima seriedad, responsabilidad y, sobre todo, sentido común para que no fracase este intento de reordenamiento laboral. Hay que abandonar las tendencias controladoras con propósitos políticos. Hoy no cabe hablar de actualizaciones de un sistema económico, político y social absolutamente disfuncional. Es hora de transformaciones radicales y de reconocer los enormes errores cometidos en la conducción del país durante decenios.


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