Actualizado: 20/10/2017 18:43
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| Opinión

Cuba, Oposición, Exilio

Sin patria, pero sin dólares

En la actualidad, la oposición cubana conforma un cuerpo heterogéneo y hasta cierto punto amorfo

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Al igual que el embargo. Como ocurrió con las incursiones armadas y los actos de sabotaje. La política de Washington hacia la disidencia es un fracaso.

El fiasco se hace manifiesto en momentos en que la oposición cubana atraviesa por una etapa de retraimiento, en buena medida debido al constante hostigamiento por parte del régimen.

Nacida con total independencia de Washington durante la época en que surgió la primera disidencia, el concepto se ha ampliado y repetido por la prensa en una extensión que resulta fácil de usar aunque imprecisa y de cuya práctica no es inocente el autor de este articulo.

En la actualidad, la oposición cubana conforma un cuerpo heterogéneo y hasta cierto punto amorfo. Pero en cuanto a imagen en el exterior, siempre enfrenta igual problema: mientras algunas de las organizaciones no reciben fondos de Washington, el argumento del dinero sirve para demonizarlas a todas.

Al mismo tiempo, el tratar de silenciar las críticas respondiendo que sirven a los fines de La Habana es repetir la vieja táctica de aprovecharse de la conveniencia política para obtener objetivos personales.

El tema de la ayuda a la disidencia gira más sobre el mal uso de los fondos que alrededor de las necesidades que cubren. No se trata de convertir en un pecado a priori el aceptar dinero del exilio, pero cuando éste proviene de un gobierno, no solo existe siempre la sospecha de que “quien paga manda” sino el peligro de injerencia extranjera.

La amenaza de una excesiva dependencia política al dinero estadounidense no parece preocupar a la oposición en la Isla, ni ha desencadenado una respuesta efectiva en el exilio. No hay el intento de suplantar con fondos cubanos la mayor parte del dinero destinado a los afanes democráticos en Cuba, lo que no niega que organizaciones privadas realicen envíos.

Han sido la impericia y la sospecha de mal uso los que han llevado a cuestionarse y tratar de reducir los fondos en determinados momentos. Sin embargo, la norma de sustentar estos esfuerzos con fondos proporcionados por los contribuyentes de Estados Unidos permanece en pie. Mientras ésta es la cara más visible del problema, la crisis es mucho más profunda.

Por encima de los comentarios y las anécdotas sobre compras incongruentes y gastos exagerados, planes estrafalarios que solo han significado un despilfarro de dinero, vale la pena reflexionar acerca del papel que desempeña una disidencia que depende de los fondos del gobierno de EEUU para existir.

Por décadas Washington estuvo empeñado en repetir en Cuba lo hecho en Haití, Afganistán, Irak y los países participantes en la fracasada “Primavera Árabe”: utilizar a exiliados y opositores para sus planes, aunque con la distinción de que no hay un objetivo de invasión militar a la Isla por parte de la Casa Blanca.

El traspaso de poder, de Fidel Castro a su hermano Raúl, no alteró los puntos cardinales de esta estrategia, hasta el anuncio del presidente Barack Obama el 17 de diciembre pasado.

Los aspectos fundamentales fueron el abandono de una confrontación bélica, un aumento de la presión económica, el fin de los intercambios culturales y educativos, la inmigración controlada y el énfasis en la colaboración con los grupos opositores afines al exilio conservador de Miami. Esta estrategia limitó aun más la de por sí reducida capacidad de acción de una disidencia más preocupada por las libertades políticas que por destacar la urgencia de un programa de justicia social.

Ya con anterioridad Obama había cambiado algunos puntos de esta táctica, en lo referido al aumento de remesas y ampliación de viajes, así como en lo que respecta a los intercambios culturales. Aunque el anuncio de diciembre aumenta las posibilidades en este sentido y abre las puertas a un mayor apoyo a la pequeña empresa privada y el trabajo privado autorizado en la Isla, hace aún poco en favor de un enfoque más amplio, más allá de lo económico, en lo que respecta a la sociedad cubana.

Una cosa es aspirar a que se adopten los beneficios de un sistema democrático similar al estadounidense —cuyas virtudes y defectos lo sitúan por encima del actual régimen cubano— y otra muy diferente es empeñar la gestión opositora con la sospecha de una dependencia excesiva a la política de un gobierno extranjero.

Hasta ahora, el intento iniciado por el gobierno del presidente Barack Obama, de cambiar las reglas en lo que respecta las relaciones gubernamentales entre Washington y La Habana, no parece preocupado en definir una nueva relación con los factores que podrían contribuir al avance de una nueva situación en la Isla, salvo en lo económico: la administración estadounidense parece empeñada en la apuesta en favor de la incipiente y limitada empresa privada y los cuentapropistas, mientras que al mismo tiempo no pierde oportunidad de tratar de infundir confianza —al menos en declaraciones y gestos por lo general simbólicos— en que mantiene en pie su apoyo a lo que considera el movimiento opositor.

Sin embargo, esta actitud parece condenada a un doble fracaso,

En primer lugar porque parte de ese sector opositor se ha definido por su rechazo al nuevo enfoque de la Casa Blanca, ha preferido mostrarse fiel a Miami, a los congresistas cubanoamericanos y a determinadas agencias que directamente e indirectamente forman parte del gobierno estadounidense, pero que conservan una independencia relativa, como es lógico dentro de la democracia —los cuales en resumidas cuentas son los que influyen o determinan a la hora de otorgar fondos— y por lo tanto no parece dispuesto a contribuir a esta vía de desarrollo, sino todo lo contrario: a entorpecerla.

En segundo, y más importante, porque la nueva aproximación de la Casa Blanca al caso cubano depende para su éxito —en última instancia— de lograr captar la confianza no solo en ciertos sectores del propio gobierno dentro de la Isla sino en un marco que trascienda el considerar la oposición al régimen simplemente como el enfrentamiento a la falta de libertades democráticas —una actitud moral válida pero limitada— y a buscar un enfoque inclusivo que establezca un futuro negociado, donde la entrada de nuevos factores no sea a cambio de la salida obligatoria de quienes actualmente participan en la gestión de gobierno.

Claro que desde la perspectiva exiliada no se trata de una salida encomiable ni mucho menos, pero responde más a expectativas reales que el aferrarse a una solución no viable en estos momentos.

El apostar a un cambio radical en Cuba. Es decir, al establecimiento de un gobierno democrático a corto plazo, puede implicar una satisfacción justiciera —patriótica, si alguien se aferra los caducos esquemas decimonónicos— pero con pocas posibilidades de triunfo. Declararse a favor de este proyecto libertario inmediato requiere de un apoyo de fuerza que en estos momento no existe.

De lo contrario, se peca en la contradicción de abogar por tratar de contribuir al establecimiento de una sociedad civil independiente y al mismo tiempo proclamar la existencia en Cuba de un sistema totalitario. El totalitarismo es ajeno y opuesto a una sociedad civil. Para comenzar a establecer una sociedad civil hay primero que eliminar el Estado totalitario. ¿Y dónde están las divisiones? Es decir, las divisiones armadas, no las que existen dentro del movimiento opositor.

Considerar que en Cuba se ha iniciado lentamente —y con todas las limitaciones que valga la pena señalar— la transición de un régimen totalitario a uno autocrático no significa ni un reconocimiento a quienes gobiernan ni una negativa a la naturaleza represiva imperante.

La dictadura de Fulgencio Batista se caracterizó por los asesinatos y la tortura, pero no estableció un sistema totalitario, Fidel Castro sí lo hizo. Reconocer que en estos momento la Isla está evolucionando en este sentido —y no por voluntad de la élite gobernante sino por necesidades nacionales e internacionales— es indispensable para comprender la situación actual.

El gobierno cubano acaba de anunciar una serie de medidas que parecen destinadas a desempeñar el papel de la “zanahoria” que necesita Obama para proseguir un camino apenas iniciado: la puesta en vigor de una nueva Ley Electoral, que deberá regir las elecciones generales de 2018, y la realización del VII Congreso del Partido Comunista (PCC) del próximo año; la puesta en marcha de una nueva división político-administrativa y la generalización del modelo de funcionamiento de los órganos locales del Poder Popular, que se experimenta actualmente en las provincias de Artemisa y Mayabeque.

Como suele ocurrir en Cuba, lo dicho no ofrece mucha información y queda abierto a propósito para las especulaciones, No se trata de depositar demasiadas esperanzas en el anuncio, pero hay algo cierto: lo que se inicia a partir de ahora es la transición del poder de la generación histórica a los nuevos políticos cubanos. Raúl Castro ya ha anunciado que no buscara reelegirse para un tercer mandato al frente del Consejo de Estado.

Por supuesto que ahora vendrán las declaraciones de los disidentes afines a Miami. de que nada importante ocurrirá y que solo se trata de cambios “cosméticos”. Pero más allá de que palabras de este tipo garanticen fondos y nuevos viajes, poco valor hay en despreciar lo que ocurre en el país.

Si bien el gobierno de La Habana no ha logrado establecer un programa de desarrollo económico que satisfaga las necesidades de la población, sí ha sido capaz de mantener al pueblo bajo el régimen de una economía de subsistencia. Ni el desarrollo ni la miseria extrema generalizada en tiempo y espacio.

Mientras la disidencia pudo en un momento enfatizar sus demandas sobre las diferencias en los niveles de vida, incrementados en los últimos años, en su lugar ha encaminado su discurso hacia la lucha por una alternativa política y reclamos en favor de la libertad de expresión.

Este esfuerzo se vio afectado por la represión en Cuba, pero tuvo una amplia repercusión internacional.

La situación, sin embargo, ha derivado hacia un panorama en que elementos dispersos y contradictorios contribuyen al statu quo: la obligatoria mención a la oposición de los gobiernos extranjeros, desde los europeos al norteamericano, mientras en la Isla impera el aislamiento del movimiento.

De ahí que resulte desatinada y falta de pudor cualquier comparación entre el papel del movimiento disidente cubano y la función que desempeñaron en su momento organizaciones como Solidaridad en Polonia.

La discrepancia entre la proyección internacional de la oposición en Cuba y su bajo relieve en la Isla ha sido un factor que ha contribuido a perjudicarla por vías diversas, como la promoción de figuras menores a partir de sus afinidades con el exilio de ultraderecha. Pero donde los opositores han resultado más afectados es en la repetición de errores por parte de Washington. Tanto cuando financió la lucha armada contra Castro como cuando apoyó la vía pacífica, Estados Unidos ha impuesto no solo su ideología sino también su política.

Es hora de que EEUU modifique esta política, y deje de brindar recursos a organizaciones que emplean la mayor parte de ese dinero a subvencionar grupos pocos efectivos, más empeñados en una función de cabildeo no declarado en favor de la política por años sostenida por el Partido Republicano, que a contribuir al avance democrático en Cuba, Esto no implica una transferencia de dinero a instituciones afines al régimen ni a supuestos representante de una “sociedad civil” que no existe en la Isla. Es simplemente que Washington debe ampliar sus perspectivas y dejar a los cubanos resolver los problemas por ellos mismos: sin patria, pero sin dólares. Puede argumentarse que así no se resolverán los problemas, pero al fin se sabrá quienes son los verdaderos opositores.


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