¿Y la represión?

El incremento de la represión en los años 2014, 2015 y 2016 es evidente y cuando se analizan las políticas norteamericanas hacia Cuba, por el progresismo nacional e internacional, la represión se hace invisible.

La recopilación de datos de los arrestos arbitrarios, allanamientos y “actos de repudio” gubernamentales por parte de dos organizaciones cubanas de Derechos Humanos no se tiene en cuenta en la política internacional bilateral con Cuba.

Según la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional ilegal, (CCDDHHRN) en coordinación con el Observatorio Cubano de Derechos Humanos en el exterior, (OCDH), las cifras de arrestos arbitrarios anuales son las siguientes:

• En el año 2010, un total de 2.074 arrestos arbitrarios.
• En el año 2011, un total de 4.123 arrestos arbitrarios.
• En el año 2012, un total de 6.602 arrestos arbitrarios.
• En el año 2013, un total de 6, 424 arrestos arbitrarios.
• En el año 2014, un total de 8.970 arrestos arbitrarios.
• En el año 2015, un total de 8.314 arrestos arbitrarios.
• En el año 2016, un total de 9.351 arrestos arbitrarios.

En la actualidad existen 140 presos políticos en Cuba y el Gobierno lo niega.

“Deshielo”, “Apertura” y represión

El salto es notable desde enero de 2014 en adelante. Precisamente, durante 2014 comienzan las negociaciones públicas con la Unión europea para eliminar la Posición Común de 1996, y, por otra parte, durante ese año se inician las negociaciones secretas de Alejandro Castro Espín, jefe del Consejo de Defensa Nacional con el Gobierno norteamericano.

La tesis de los voceros del “tendido de puentes” sobre la incorporación masiva de la población a la oposición, no se sostienen. Ninguna organización opositora ha publicado un incremento de su membresía entre 2014 y 2016. Más bien, muchos han tenido que exiliarse fruto de la represión y la arbitrariedad de los órganos represivos cubanos, como el equipo de Cubalex y tantos otros periodistas independientes y activistas de derechos humanos.

El incremento es notable también en los años que comienza la tímida “reforma”, y evidencia la postura del Gobierno de Cuba: frente a la “actualización” interna y la apertura internacional la política es recrudecer la represión en el país. Así lo demuestran las expulsiones de los profesionales de sus empleos como Juan Carlos Cremata, Omar Everleny, Yanelys Nuñez Leyva, Oscar Casanella, Ariel Ruiz Urquiola, José Ramírez Pantoja y Julio Antonio Fernández Estrada que han sido considerados discrepantes políticos. En 2017 han sido expulsados de la Universidad de Villa Clara 15 profesores y estudiantes por discrepancias políticas. También se incrementa la censura contra los cineastas en los filmes Santa y Andrés del director Carlos Lechuga y el filme Nadie de Miguel Coyula. Los niños y adolescentes hijos e hijas de las Damas de Blanco son intimidados y hasta expulsados de sus escuelas por orientación de la Seguridad del Estado cubana.

Las negociaciones de tendido de diálogo y su contraria, el cierre del diálogo, han sido hasta ahora un fracaso para lograr una mínima mejoría en los derechos humanos económicos, sociales, culturales civiles y políticos en Cuba, el diálogo debe ser mantenido pero la negociación debe cambiar radicalmente.

Las negociaciones tienen que ser proactivas, intensivas, de proposiciones concretas, parciales y medibles en dos o tres meses máximos. No se deben negociar “grandes paquetes de medidas” porque atrincheran las posiciones de ambas partes. Es condición imprescindible la transparencia en los acuerdos concretos que se van logrando en cada encuentro, con una declaración pública de ambas partes en lo que acuerdan y se comprometen, y en cada ocasión. La falta de transparencia que impone el Gobierno cubano a sus interlocutores ha evidenciado que se traduce en un incremento de la represión interna con total impunidad. Si bien el Gobierno cubano contabiliza 24 encuentros de alto nivel con el gobierno de EEUU en dos años —otro tanto se podría señalar con la UE—, estos no se han traducido en concreto en alguna mejoría de los deplorables niveles de violación de los derechos humanos en Cuba. No sólo la intensidad, sino los resultados concretos, medibles y evaluables cada dos o tres meses y la declaración pública de cada grupo de compromisos por ambas partes, son imprescindibles para desbloquear el enquistamiento del gobierno cubano y el cese de su represión.

Sin el cese de la represión, y la incorporación del derecho internacional a su legislación interna como miembro de la ONU y Estado parte en seis convenciones y dos protocolos facultativos de derechos humanos, la política de diálogo y de tendido de puentes resultará un nuevo fracaso de la política internacional con relación a Cuba.

El centro de la política internacional no puede girar alrededor de los flujos de dinero que entren o no entren en Cuba con una política u otra. Las reformas económicas internas de los últimos 10 años demuestran que las políticas del Gobierno no son inclusivas sino con resultados altamente excluyentes para el 80 o 90 % de la población.

El centro de la política tiene que ser el cese de la represión. La sociedad civil cubana no puede incidir en los cambios internos por la represión. En segundo lugar, la mejoría drástica de todos los derechos humanos en Cuba de acuerdo a los compromisos internacionales del Gobierno cubano, si lo que se pretende es la estabilidad política del país, su desarrollo y el incremento de la cooperación internacional en condiciones de paz y sin violencia institucional creciente contra la población.

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