Biscet y los nuevos inmigrantes

El opositor cubano Óscar Elías Biscet aseguró el miércoles en Miami que la mayoría de los inmigrantes que forman parte de la nueva ola masiva de cubanos a EEUU son jóvenes que estaban vinculados laboralmente al Gobierno de la Isla. Y aunque los considera personas inconformes con el régimen, no considera que emigren por falta de trabajo y mucho menos que sean perseguidos políticos.

Biscet aseguró que estos inmigrantes tenían “empleos del Estado, muy buenos” y ahora son “abrazados” por la Ley de Ajuste Cubano de Estados Unidos, informa la agencia Efe.

Los cubanos que tocan territorio en EEUU son favorecidos por la Ley de Ajuste Cubano de 1966 y su política de “pies secos/pies mojados” y pueden quedarse en el país, mientras que aquellos que son interceptados antes de alcanzar la costa son deportados a la Isla.

Más de 35.000 inmigrantes cubanos han llegado a Estados Unidos en los primeros siete meses del presente año fiscal, que comenzó en octubre de 2015, según datos oficiales de EEUU.

Biscet, quien habló en un evento en el Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos, en la Universidad de Miami, señaló que muchos de estos inmigrantes forman parte de los “dobles pensadores” en Cuba, es decir aquellos que aunque están inconformes con el régimen “no se comprometen” a poner ese pensamiento en la práctica.

Las palabras del opositor constituyen una reafirmación de una tendencia creciente en un sector del exilio de Miami —y fundamentalmente dentro de los legisladores cubanoamericanos— de que la actual ola migratoria cubana no reúne verdaderamente los criterios políticos que tales legisladores consideran parte del espíritu, aunque no la letra, de la Ley de Ajuste Cubano. Aunque dicha normativa no otorga asilo político —para ello hay otros procedimientos dentro de las leyes estadounidenses—, por décadas su fundamentación fue defendida con criterios políticos en Miami. La clave implícita o explícita siempre fue el criterio de “persecución”. En este sentido, Biscet ha ido un paso más allá, al sostener no solo la inexistencia de persecución política, sino la ausencia de necesidad económica.

Los legisladores cubanoamericanos que quieren modificar la medida —quienes por otra parte apoyan a Biscet y lo presentan como un ejemplo de oposición y patriotismo— fundamentan precisamente sus demandas en dos factores: el abuso de los beneficios a consecuencia de la ley y la ausencia de conflictos con el régimen, y la inexistencia de represalias que le permiten en poco tiempo visitar de nuevo Cuba.

Las declaraciones de Biscet se insertan en dos fenómenos en crecimiento dentro de la oleada en aumento de emigrantes cubanos que aspiran a llegar a Estados Unidos.

Uno es la actitud cada vez menos tolerante frente a la huida en aumento de cubanos de la Isla. Desde hace décadas los cubanos son cada vez menos percibidos como personas en busca de libertad y más como individuos que buscan mejorar económicamente sus vidas, en el mejor de los casos. Otro es la conducta cada vez más agresiva que están mostrando algunos que huyen, lo que puede explicarse por una mezcla de factores que van desde la desesperación hasta condicionantes sociales. Junto a ambos aspectos se encuentra un tercer factor, y es la sospecha de que el régimen de La Habana no solo se aprovecha sino que explota la desesperación, el desamparo y las facilidades y condiciones existente en los países democráticos para beneficio propio.

Décadas de rechazo

Fue durante el gobierno del presidente Ronald Reagan —tan admirado en el exilio de Miami— que se produjo el primer cambio en la actitud de recibir a cualquier cubano que huía de Cuba, ya sea mediante el robo de una embarcación o como polizonte.

Andrés Rodríguez Hernández se convirtió en el primer cubano devuelto desde que Fidel Castro ocupó el poder en 1959. Había llegado a EEUU como polizón y fue devuelto a la Isla, donde fue condenado a prisión.

Reagan redujo a la mitad —de 36 a 18 meses— la ayuda federal concedida por la Ley de los Refugiados de 1980 a los cubanos procedentes del Mariel. Rompió la promesa de otorgar visas a todos los expresos políticos y permitió la encarcelación en el centro de indocumentados de Krome, por largos períodos de tiempo, de quienes huían de la Isla en balsas y pequeños botes.

A partir de entonces y hasta hoy, el problema migratorio cubano ha sido una constante presente en la política norteamericana, en que las crisis han alternado con épocas de una emigración más o menos organizada, pero siempre creciente. Las soluciones del Gobierno estadounidense siempre han sido puntuales —dentro de un espíritu que hay que reconocer que se ha caracterizado por la generosidad— y nunca definidas, por las características propias del problema; el determinante fundamental se ha mantenido sin cambio, y es la existencia del régimen cubano. Pero lo que ha ido cambiando a lo largo de los años es la actitud del exilio hacia los nuevos inmigrantes.

Cuando la administración del presidente George W. Bush repatrió a seis cubanos acusados de secuestrar una embarcación, que luego recibieron condenas en la Isla, la comunidad exiliada respondió indignada. Es difícil que igual ira ocurriese ahora, en el caso hipotético de que algo similar pasara.

En enero de 2006, la repatriación de 15 inmigrantes que llegaron a un puente semiderruido, en una época parte de la línea de ferrocarril entre Miami y los Cayos de la Florida, puso en evidencia no sólo lo inadecuado de la política de pies secos/pies mojados, sino las injusticias que se comenten a su amparo.

Más allá de lo injusto de la devolución —el estado de abandono del puente no lo excluye de formar parte del territorio norteamericano: no es una “tierra de nadie”, imposible apoderarse de los pedazos de armazón en ruina y venderlos como chatarra o declararlos la “República Independiente del Puente”—, la falta de sensibilidad y la indiferencia del Gobierno norteamericano indignó a muchos en Miami.

A finales de febrero, un tribunal de Miami estimó que la decisión de devolverlos a Cuba había sido un error y que debían ser aceptados en EEUU. Posteriormente, el 24 de marzo, el Servicio de Inmigración y Naturalización les otorgó visas a todos. salvo a uno que estando a bordo de un barco de los guardacostas dijo tener problemas pendientes con la justicia en Cuba. El 28 de marzo empezaron los trámites para obtener el permiso de salida de la Isla.

Ahora un juez federal decidió no interferir en la repatriación de los balseros cubanos que fueron encontrados en un faro de la Florida a 6,5 millas náuticas del cayo Sugarloaf el pasado 20 de mayo.

Los migrantes permanecían en una patrulla en alta mar esperando la decisión del magistrado.

Hay diferencias en ambos casos. El juez determinó que la ley "pies secos, pies mojados" no se extiende al Faro American Shoal, donde fueron hallados, mientras que los abogados de los cubanos aseguraban que por tratarse de una instalación federal, un faro cumplía supuestamente con la premisa de que es territorio de EEUU, ya que es una edificación federal que está sobre propiedad federal. Pero el hecho de que no existiera una conexión con tierra, como en el caso precedente, fue determinante.

Sin embargo, más allá de las posibles diferencias legales, lo que vale destacar es la apatía de la comunidad cubana ante el hecho. Solo una organización, El Movimiento Democracia, mostró su apoyo a los inmigrantes.

Hostilidad y agresión

Uno de los 11 balseros cubanos que desembarcaron en una playa del condado de Broward, en una llegada caótica que incluyó el disparo de pistolas Tasers y el uso de balas pimienta, fue acusado de asalto después de que presuntamente el inmigrante atacara con un machete a un agente federal que intentó detenerlo en el mar.

Los 10 hombres y una mujer a bordo de la embarcación de la Guardia Costera ignoraron las órdenes para detenerse. Algunos de los balseros blandieron sus cuchillos y amenazaron con hacerse daño si los agentes se acercaban. El incidente llegó al punto de que uno de los balseros se apuñaló con un cuchillo. La herida fue superficial y recibió atención médica.

Han ido en aumento los informes de la Guardia Costera de balseros que supuestamente se infringen heridas para tener que ser atendidos en centros hospitalarios estadounidenses, y así poder acogerse a “pies secos/pies mojados”.

En enero de 2016 la agencia Associated Press tuvo acceso a un informe de la Guardia Costera que daba cuenta del aumento de personas que saltan al agua, se intentan envenenar a sí mismos o se provocan heridas, en un intento desesperado por ser llevados a tierra para recibir tratamiento.

El informe señalaba la hostilidad de los migrantes citaba casos de varias embarcaciones improvisadas que llevan a al menos una docena de migrantes que han rehusado detenerse ante las órdenes de las autoridades estadounidenses, provocando persecuciones a baja velocidad que duran horas antes de rendirse, de acuerdo a una información de Martínoticias.

Protestas

Aunque sin llegar a igual grado de violencia, la indefinición en el caso de los emigrantes cubanos en Ecuador ha llevado a un aumento de las protestas

El grupo que en horas de la madrugada del pasado domingo fue desalojado de las inmediaciones de la embajada de México en Quito, se dirigió a la embajada estadounidense, en la búsqueda de una solución a la crisis en que están envueltos. La policía no los dejó llegar a la embajada donde tenían previsto entregar una carta solicitando ayuda para pedir refugio.

El lunes una representación de los inmigrantes se presentó en la sede diplomática de los Estados Unidos en Quito, y entregaron una carta donde solicitan visas humanitarias y/o asilo político como solución al problema migratorio a los más de 5.000 cubanos que permanecen en Ecuador, de acuerdo a Martínoticias.

En medio de una fuerte presencia policial, unos 500 cubanos se concentraron en las afueras de la embajada estadounidense para esperar la respuesta a la carta que entregaron allí, pero en horas de la tarde se retiraron del lugar.

La embajada de México en la capital ecuatoriana ratificó el miércoles que no facilitará el traslado de decenas de cubanos que se encuentran varados en Ecuador y que han pedido les ayuden a llegar a Estados Unidos.

Juan Manuel Nungaray, ministro en jefe de la embajada, en declaraciones a la red de televisión Ecuavisa dijo que México tiene “una política migratoria que establece una serie de requisitos y procedimientos para los solicitantes de visa ...(que) tienen que cumplir esos requisitos”.

Consultado acerca de la posibilidad de establecer un corredor humanitario y facilitar visas de tránsito, como lo hizo su país para los cubanos varados en Centroamérica, respondió que “aquí (en Ecuador) la situación es muy distinta, por eso la postura de nuestro gobierno es diferente”.

Curiosamente, quien coordina las acciones de los más de 5.000 cubanos que viven en Ecuador y buscan emigrar a Estados Unidos es un exdiputado.

Peter Josué Borges Basulto tuvo una trayectoria destacada en el régimen cubano desde la infancia. De pionerito jefe de destacamento a diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular, con la doble militancia en la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y el Partido Comunista,

De líder en la primaria, Borges pasó a jefe de colectivo en la etapa de secundaria básica y presidente de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM) en el municipio de Camagüey. Por su vinculación con el programa de formación de maestros integrales, una iniciativa que buscaba llenar los vacíos dejados por el éxodo masivo de maestros en la enseñanza secundaria, se convirtió en un dirigente que se codeaba con las altas esferas de la UJC y la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), informa 14ymedio.

Borges ha promovido manifestaciones frente a las embajadas de Estados Unidos y México para pedir visas humanitarias para los migrantes cubanos.

“Para unos se trata de un presunto espía, implantado por el omnipresente Departamento de la Seguridad del Estado cubana, con el fin de asegurar una fuente de divisas para el Gobierno de la Isla; para otros es el mesías que se propone llevar al pueblo a la tierra prometida, Estados Unidos, en medio de las turbulencias”, señala Mario J Pentón en su reportaje en 14ymedio.

Entonces y ahora

Biscet formuló sus declaraciones ayer miércoles, día que fue honrado con las llaves de la ciudad de Coral Gables por su alcalde, James Cason, quien fue jefe de la Oficina de Intereses de EEUU en La Habana (SINA).

Durante la época en que Cason estuvo a cargo de la SINA, fue acusado por el Gobierno cubano de incumplir, en gran medida y de forma sistemática, el plan de otorgamiento de visas a los cubanos.

Estados Unidos solo había dado 10.724 visas en los nueve meses que concluyeron el 30 de junio, un 53,6 % de la cuota mínima anual de 20.000 que debe conceder al cierre de septiembre, según acuerdos firmados por ambos países en 1994.

La SINA culpó al gobierno cubano por el incumplimiento. Dijo que este había rechazado entregar visas a empleados del Departamento de Estado para trabajar en Cuba y ha impedido la contratación de ciudadanos cubanos para ocupar 47 vacantes en la Sección de Intereses. El Gobierno cubano también había impedido que el Departamento de Estado importe materiales y abastecimientos para mejorar el inmueble, agregó.

Por su parte, La Habana negó estas acusaciones. Josefina Vidal, directora del Departamento de América del Norte del Ministerio de Relaciones Exteriores, dijo entonces a la AP que 18 de las 20 plazas destinadas al cumplimiento de los acuerdos migratorios estaban cubiertas. Añadió que se estaban procesando las visas para las dos restantes. Agregó que este año Cuba había otorgado visado a ocho trabajadores temporales destinados a realizar tareas relacionadas con los trámites migratorios.

En ocasiones anteriores la SINA había confrontado atrasos en la entrega de visas. Tampoco Cuba permitía la salida de algunas de las personas que habían recibido los visados. Pero durante la época de Cason fue la primera vez que Washington declaró que no iba a cumplir con las 20.000 visas anuales.

Las razones que adujo Cason entonces no fueron convincentes. Al parecer los motivos políticos parecer los motivos políticos habían pesado más que las excusas burocráticas. El Departamento de Estado no logró explicar de forma satisfactoria cómo es que, en un par de años o menos, había visto disminuir sus recursos en La Habana en un grado tan elevado que no era capaz de llevar a cabo todos las tramitaciones prometidas. Eso sin contar que no había lanzado mensaje de alarma alguno al respecto. Fue la nota de la cancillería cubana la que dio a conocer el problema.

James Cason se marchó de la Isla en 2005 entregando para la fecha más de 20.000 visas.

“Este logro destaca nuestro compromiso continuo con una emigración segura, legal y ordenada”, dijo en una declaración de prensa el hasta entonces jefe de la diplomacia estadounidense en la isla. La SINA “ha entregado a los cubanos 20.075 documentos de viaje” durante 2005, afirmaba la nota. “Los argumentos esgrimidos reiteradamente por el régimen de Castro sobre las supuestas intenciones de los Estados Unidos de precipitar una crisis migratoria masiva son a todas luces falsos”, manifestó Cason en aquella ocasión.

El 21 de junio de 2004 —mucho después de la administración Clinton y la “Crisis de los Balseros”— Fidel Castro lanzó al presidente estadounidense George W. Bush una amenaza velada de éxodo masivo.

Ese día Castro dijo, frente a más de 200.000 cubanos movilizados por La Habana para protestar contra las restricciones de viajes adoptadas entonces por Washington y el aumento de las condiciones para el envío de remesas a la Isla:

“Podrían ocurrir cosas indeseables, que no son buenas para el pueblo de Cuba ni para el pueblo de Estados Unidos. Podrían destrozar el acuerdo migratorio, podrían provocar éxodos masivos que no estaríamos en condiciones de impedir”.

Para esa fecha, ya hacía algún tiempo desde que el presidente estadounidense George W. Bush, y no Bill Clinton, había formulado la declaración de que un éxodo masivo desde la Isla sería considerado un acto de guerra. Incluso dicho argumento fue uno de los utilizados por Castro para justificar el fusilamiento de tres jóvenes negros, que intentaron secuestrar una embarcación en 2003.

Con el acercamiento entre Washington y La Habana, amenazas de este tipo no se formulan abiertamente, pero continúan latente. El Gobierno estadounidense sigue temiendo que se desate un éxodo masivo, y es por ello que mantiene vigente la Ley de Ajuste Cubano y la política “pies secos/pies mojados”. Al parecer, va a dejar el problema al próximo inquilino de la Casa Blanca, sea republicano o demócrata. Pero la situación de la inmigración cubana continúa deteriorándose y la división de los propios cubanos al respecto aumenta. Es una caldera de vapor colocada en un fuego cada vez más intenso. Lo que no se sabe es cuándo va a estallar.

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