México: inseguridad, militarización y respuestas ciudadanas (I)

Nuestro primer entrevistado es el politólogo Ramón Centeno. Centeno es profesor en la Escuela de Administración Pública del Gobierno del Distrito Federal e integrante del Seminario de Procesos Políticos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Sede México. También es participante en la Coordinadora Metropolitana contra la Militarización y la Violencia.

Con frecuencia se señalan factores socioeconómicos (pobreza, desigualdad, desempleo masivo) como causas de la persistente inseguridad y criminalidad que sufren los países de nuestro continente. Sin embargo, es conocido que sociedades con similares características pueden vivir situaciones diferentes en cuanto a los niveles de violencia. ¿Cuáles serían, a su juicio, los elementos estructurales que reproducen en México la actual ola de violencia?

Ramón Centeno (RC): Una aproximación sociológica común para responder este cuestionamiento, implicaría escudriñar bases de datos con información sociodemográfica, para encontrar la “variable” que “explica” la actual ola de violencia que vive México. Sin embargo, el investigador que adopte este enfoque “clásico” para el caso que nos ocupa, puede subestimar, por pereza o desinterés, el estudio de la intencionalidad de los actores involucrados.

El creciente interés por la violencia mexicana es producto de la Guerra contra el Narco, la cual ocupa las primeras planas de los diarios del país además de haberse convertido en el principal tema de conversación. Cada día, aparecen nuevos muertos producto de esta guerra, políticos piden más mano dura, se incrementan las series televisivas que dignifican el papel de las fuerzas armadas, grupos civiles salen a las calles gritando “no más sangre”, etcétera. Así, se trata de un fenómeno de intenso tono político.

Para responder la pregunta, no hay que desgastarse más de lo debido en una recolección y selección de los “elementos estructurales”. Lo primero que hay que decir es que “la actual ola de violencia”, la que ha atraído la atención de la opinión pública, es la generada por la guerra que el presidente Felipe Calderón declaró a los cárteles de la droga inmediatamente después de inaugurar su mandato, en diciembre de 2006.

La pregunta que propongo sería algo así: ¿Cuáles serían las causas que explican la actual ola de violencia en México? La principal sería, entonces, de tipo político: una decisión gubernamental. Lo que conviene es indagar la intencionalidad de esa última.

El presidente Felipe Calderón, inmediatamente después de asumir la Presidencia, declaró la guerra abierta al crimen organizado. ¿Qué razones le llevaron a privilegiar esta estrategia dentro de su agenda política para todo el sexenio?

RC: La principal razón era su necesidad de superar la pronunciada debilidad con la que iniciaba su gestión. Había ganado por un mínimo margen y la campaña del Gobierno saliente en apoyo a su candidatura había generado fuertes sospechas de fraude electoral. Incluso la ceremonia donde fue investido, el 1 de diciembre de 2006, estuvo en riesgo de no ocurrir; duró escasos cinco minutos, con diputados bloqueando las entradas, Calderón entrando por la puerta trasera y él mismo colocándose la banda presidencial —cuando la tradición es que sea el presidente de la Cámara de Diputados el que lo haga—.

Ese año había dejado muy debilitado al régimen. Además de la crisis generada por las elecciones, hubo una insurrección en el estado de Oaxaca, huelgas mineras y una campaña política del Ejército Zapatista de Liberación Nacional; todas fuertemente reprimidas.

Así, para quitarse de encima los cuestionamientos sobre su legitimidad, colocó en primer plano la lucha que “la Nación”, a través de él, emprendería contra el enemigo público # 1: el crimen organizado, siendo los narcos el blanco principal. Con ello mandaba una sonora señal a la genuina demanda de mayor seguridad, que ya había generado protestas, destacando la de 2004. Pero principalmente, creaba una nueva ecuación política que rápido incrementó su autoridad y restableció una gobernabilidad estable.

Este despliegue armado, al ser la principal fuente de legitimidad de Calderón, convirtió una táctica de corto plazo en una estrategia de largo plazo. De ser una forma de superar una fragilidad al inicio del sexenio, se convirtió en la principal forma de asegurar la dominación política del régimen. Por eso, una vez activada esta campaña militar, Calderón lo que menos desea es renunciar a ella a menos que logre una aplastante victoria o se vea forzado a cambiar.

La amplia presencia del Ejército y la Marina asumiendo, en las calles, tareas de seguridad interna es lo que ha llevado a algunos a hablar de la “militarización de México”. ¿Este fenómeno es realmente efectivo para detener el crimen organizado? ¿En qué medida afecta la democracia? ¿Cuáles deben ser los límites de su injerencia y temporalidad?

RC: Lo cierto es que la guerra de Calderón ha fracasado. Aunque se han capturado capos importantes, las organizaciones del narco siguen vivas y operantes, eso sí, con mejor armamento y tácticas militares más profesionales. Además, no se detiene el conteo de víctimas: ya suman más de 40 mil muertos, 10 mil desaparecidos y 120 mil desplazados.

Es erróneo resolver el problema del narcotráfico apostando por la desaparición física de los individuos que integran los cárteles. Aunque lo lograran, el negocio genera tan altas ganancias, que permanentemente existirán grupos dispuestos a alimentar una demanda de narcóticos que no cesa. De insistir en la misma estrategia, únicamente se provocará una presencia militar permanente en las calles mexicanas y muchas más bajas civiles.

La solución más viable sería definir, como problema de política pública, la necesidad de eliminar el negocio del narcotráfico. Esto es, acabar con las bases económicas que permiten la reproducción continuada de las millonarias empresas ilegales que son los cárteles de la droga. Un mecanismo es retirar del debate prejuicios culturales y tratar a las drogas que trafican los narcos como a otras drogas cuya compra-venta es legal y está reglamentada, como el tabaco y el alcohol. Esto haría decaer los precios por la vía del mercado. O, más radical, también podría pensarse en el monopolio estatal de la venta de enervantes por debajo de precios del mercado, a fin de retirar toda posibilidad de hacer un negocio de esta producción y circulación de mercancías. Lo anterior, acompañado de una campaña nacional contra las adicciones. Es decir, la estrategia militar es una opción innecesaria, costosísima y, además, condenada al fracaso.

Esto suena para muchos a propaganda irresponsable de izquierda. Sin embargo, el Informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas, de Naciones Unidas, emitido este mismo junio de 2011, empieza con esta aseveración: “La guerra global a las drogas ha fracasado, con consecuencias devastadoras para individuos y sociedades alrededor del mundo”. Esta misma Comisión —que incluye a los ex presidentes Gaviria (Colombia), Zedillo (México) y Cardoso (Brasil); y escritores como el mexicano Carlos Fuentes o el Nobel peruano Mario Vargas Llosa— recomienda “Alentar a los gobiernos a que experimenten con modelos de regulación legal de las drogas a fin de socavar el poder del crimen organizado”. Por si quedara alguna duda, explicitan que, “Esta recomendación se aplica especialmente al cannabis, pero también alentamos otros ensayos de descriminalización y regulación legal”.

Es decir, si a Calderón le hubiera interesado acabar con el narcotráfico, tenía opciones más efectivas que la que decidió. Pero su interés era otro: fortalecerse políticamente. Mientras la estrategia actual permanezca, la militarización de México continuará socavando los avances democráticos que la sociedad había conquistado y se seguirá acentuando la tendencia autoritaria. Hoy, quienes exigen la desmilitarización son acusados de ser infiltrados del narco. Los casos más preocupantes son los de activistas sociales asesinados en Chihuahua (Marisela Escobedo, familia Reyes Salazar, Susana Chávez, por citar algunos), a quienes el régimen ha vinculado al narco para explicar sus muertes, a pesar de que los familiares y gente cercana denunciaron la complicidad del Estado en dichas tragedias.

Peor aún, la penetración del narco en las instituciones gubernamentales es un fenómeno del cual cada vez hay más indicios. Con altos mandos militares recibiendo altas sumas de dinero para dar información clave y protección a uno o más cárteles (Revista Proceso) o con acusaciones a Calderón de proteger al principal capo, “El Chapo” Guzmán, como documenta la periodista Anabel Hernández en Los Señores del Narco, para quien el Gobierno ha desatado una “guerra entre cárteles en donde el gobierno juega el papel de aliado de una de las partes” (en entrevista con Matteo Dean).

De este modo, los límites de injerencia y temporalidad no están en función de éxitos militares que no ocurrirán, sino que dependen de un cambio total en el enfoque que el Estado debe asumir para enfrentar al narco. Sin embargo, esto no ocurrirá si la sociedad mexicana no presiona en este sentido, pues hoy por hoy, ningún actor del sistema político del país cuestiona la guerra de Calderón, ni siquiera los personajes que se autodenominan de izquierda, como Andrés Manuel López Obrador o Marcelo Ebrard; ambos del Partido de la Revolución Democrática y con pretensiones presidenciales.

El poeta Javier Sicilia ha encabezado un movimiento nacional contra la guerra de Calderón. Sin embargo, han existido discrepancias de Sicilia y otros actores del movimiento respecto a una exigencia formulada el pasado 10 de junio en Cd. Juárez: “Fin inmediato de la estrategia de guerra, desmilitarización de la policía y regreso del ejército a los cuarteles”. Entre semejantes planteos radicales y las apuestas gradualistas y de concertación ¿cuál debe ser la apuesta esencial de la sociedad civil mexicana para parar esta guerra que ya ha costado la vida a 40 mil ciudadanos?

RC: Yo participé, en Cd. Juárez, el 10 de junio, en las mesas de discusión del “Pacto Ciudadano por la Paz con Justicia y Dignidad”. Estuve en la número 2, la que produjo la redacción citada en la pregunta después de un intenso pero rico debate con gente que llegó de todo el país. Después de la discusión en las mesas, el Pacto se leyó en sesión Plenaria, con Sicilia al lado. Se volvió a leer en la noche, también con Sicilia al lado. Firmó, llamó a todo México a hacer lo mismo, lo llamó “el Pacto”, ése que todo mundo sabía que sería la culminación de la Caravana que una semana antes había partido de Cuernavaca.

Al día siguiente, en El Paso, Texas, el poeta tergiversó lo ocurrido y señaló que el documento al que había dado lectura era solo las “relatorías” de las mesas. ¿Qué ocurrió entre la media noche del 10 de junio y las doce horas posteriores? Imposible saberlo, pero una hipótesis es que se diera cuenta, por reflexión propia o por presiones externas, de que tal exigencia cancelaba toda oportunidad de diálogo con el Gobierno, su apuesta principal.

Pero debe recordarse que antes, en la enorme manifestación que él encabezó el 8 de mayo, con 150 mil participantes, había exigido la renuncia del Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, instrumentador de la Guerra contra el Narco. El mismo Sicilia, en colaboración directa con grupos estudiantiles agrupados en la Coordinadora Metropolitana contra la Militarización y la Violencia, había auspiciado, el 28 y 29 de abril, en Cuernavaca, el encuentro “Jóvenes en la Emergencia Nacional”, donde la “desmilitarización inmediata” y la “legalización de las drogas” fueron algunas de las exigencias surgidas, aplaudidas en su momento por todo el movimiento, incluido el poeta.

No es que el movimiento se dividiera entre “extremistas” y “moderados”, pues el Pacto de Juárez fue producto de la discusión democrática entre los participantes que convergieron en el movimiento que el poeta convocó como respuesta al asesinato de su hijo. Lo que ocurrió es que la política del poeta hizo explosión por su inconsistencia intrínseca. La radicalidad de sus denuncias terminó por hacer corto circuito con sus ilusiones de concertación.

Esto explica que a pesar de haber señalado, el 8 de mayo en el Zócalo de la Cd. De México, que “un componente fundamental que explica esta escalada de violencia y guerra es la enorme corrupción y su infiltración en el Estado en todos sus niveles”, Sicilia haya mantenido en todo momento la expectativa de conmover a los políticos del poder al grado de llevarlos a abandonar la militarización de México: “Cuando deja hablar su corazón y al hombre, no al presidente de la República, creo que Calderón puede encontrar caminos. (…) Ojalá escuche; ojalá haga ese silencio que deje escuchar a su corazón y al hombre, no al personaje que representa: el presidente de la República.” (Proceso 1802)

Pero Calderón no está dispuesto a abandonar su estrategia —su sostén político—, como ha reiterado en múltiples ocasiones. La alternativa que la sociedad debe impulsar para parar esta guerra, es la que sugerí en la pregunta anterior. Y en el actual momento, para articular a los sectores sociales organizados, es necesario que estos reivindiquen el Pacto de Juárez y continúen el movimiento que Sicilia inició: la desmilitarización es una exigencia totalmente plausible, que debe permanecer firme, sin matiz alguno. Es necesaria una respuesta social contundente que obligue a las instituciones a abandonar la actual estrategia de guerra, que hoy está bastante arraigada.

© cubaencuentro.com