México: inseguridad, militarización y respuestas ciudadanas (II)

Cada semana las agencias que reflejan el acontecer en México nos hablan de las decenas de muertos provocadas por violentos enfrentamientos entre diversas bandas criminales y de estas con agentes policiacos y militares, así como de víctimas civiles del asesinato, el secuestro o el fuego cruzado de los choques armados. Esta entrega da continuidad a una serie de entrevistas a académicos, activistas sociales y personal vinculado a la implementación de políticas públicas, que busca arrojar luz sobre la grave problemática de la (in)seguridad en la nación azteca y las respuestas dadas por el gobierno y la sociedad a semejante coyuntura.

Nuestro entrevistado de hoy es el Dr. José Alfredo Zavaleta Betancourt, sociólogo e Investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana. Zavaleta es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (Nivel I) y Coordinador del Grupo de Trabajo “Seguridad en Democracia del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Adicionalmente es Coordinador del Proyecto “La gestión de la violencia en las escuelas de Educación Básica de Veracruz”, financiado por el Conejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) e investigador corresponsable del proyecto “Violence and Policing Latin American” del International Development Research Centre (IDRC) y el Colegio de México (COLMEX).

Con frecuencia se señalan factores socioeconómicos (pobreza, desigualdad, desempleo masivo) como causas de la persistente inseguridad y criminalidad que sufren los países de nuestro continente. Sin embargo es conocido que sociedades con similares características pueden vivir situaciones diferentes en cuanto a los niveles de violencia. ¿Cuáles serían, a su juicio, los elementos estructurales que reproducen en México la actual ola de violencia?

José Alfredo Zavaleta (AZB): El problema de la inseguridad y la violencia en México es que se produce en un ciclo de mayor desigualdad económica y el final de régimen político. El alto sentimiento de inseguridad y la delincuencia, común y organizada, son mecanismos de redistribución y solución de conflictos utilizados por algunos sujetos excluidos para incluirse en la sociedad mexicana. Es un mecanismo de inclusión efímera y bajo riesgo en la exclusión.

La violencia del narcotráfico y otras modalidades de delincuencia organizada no se entienden si no se caracteriza adecuadamente a la economía ilegal que ellas representan. El narcotráfico en particular es una rebelión patológica con ideología empresarial ilegal que lleva hasta sus últimas consecuencias la idea del libremercado, ante la impaciencia y el desencanto en la espera del ciclo del derrame de las ganancias para todos prometida por los economistas neoliberales que administran el país.

Es posible que esa violencia, que al igual que la revolucionaria de principios del siglo pasado viene de las regiones del norte, si nos atenemos a los clanes que la gestionan, sea la versión patológica e indeseable de la rebelión que algunos radicales e incluso militares a la defensiva, esperaban a propósito del aniversario del bicentenario de la Independencia y el centenario de la revolución.

El presidente Felipe Calderón, inmediatamente después de asumir la Presidencia, declaró la guerra abierta al crimen organizado. ¿Qué razones le llevaron a privilegiar esta estrategia dentro de su agenda política para todo el sexenio?

AZB: El Presidente no era partidario de esa decisión geopolítica; sin embargo, el entorno postselectoral. Las múltiples resistencias civiles a las políticas económicas, las luchas políticas armadas en el país, pero sobre todo, la presión estadounidense al gobierno federal para que aumentara la cooperación regional de seguridad mediante una nueva agenda y un nuevo mecanismo de integración militar, hizo que decidiera utilizar la estrategia de la militarización de las policías y la policialización de los militares para ponerle un candado a la democratización electoral y contener la desinstitucionalización policiaca, la deserción militar, el incremento de la delincuencia común y organizada y, eventualmente, contener la alianza de los movimientos civiles, el movimiento postelectoral y las luchas políticas armadas.

El punto era, cómo mantener integrada a la sociedad mexicana en un ciclo de bajo crecimiento económico y alta desigualdad, final de régimen y no alternancias en algunos estados del país, desinstitucionalización del Ejército y las policías, alta conflictividad social y política. La solución que estructuralmente estaba a la mano era una integración social basada en la institución estatal de mayor confianza entre los mexicanos. El problema ha sido que todo ello se ha intentado al mismo tiempo que se ha reformado al Ejército y se ha intentado crear una nueva policía federal, con la participación de los militares que fueron educados para intervenir en el campo y no en la ciudad, que desconocen, para enfrentar a insurgentes y no a delincuentes y ciudadanos con niveles de información y escolaridad diferentes. De allí que la eficacia y legitimidad de esa decisión sea ahora una fuente de ilegitimidad del gobierno federal.

La amplia presencia del Ejército y la Marina asumiendo, en las calles, tareas de seguridad interna es lo que ha llevado a algunos a hablar de la “militarización de México”. ¿Este fenómeno es realmente efectivo para detener el crimen organizado? ¿En qué medida afecta a la democracia? ¿Cuáles deben ser los límites de su injerencia y temporalidad?

AZB: La policialización del Ejército para enfrentar al narcotráfico implicó la resignificación de la seguridad nacional y la seguridad pública, así como una flexibilización de las funciones de éste.

La función del Ejército es limitada, no puede ganar esa guerra. La estrategia de este ha sido pulverizar a los clanes para que la Policía Federal los ataque en las ciudades, sin embargo, la atomización de los carteles en clanes ha extendido la violencia y generado mayores daños a terceros sin indeminización y la policía federal no ha logrado institucionalizarse sin patologías que representan en algunos casos los núcleos duros de la gestión de la ilegalidad de la delincuencia organizada.

Allende que la Suprema Corte declara constitucional la participación de los militares en las calles en la lucha contra los narcotraficantes, la ley secundaria de seguridad nacional detenida en la Cámara de Diputados desde hace 3 años, por los riesgos que implica que el Ejército actúe sin controles legislativos y civiles, es un buen indicio de que la sociedad mexicana no está dispuesta a aceptar la violencia ni de los delincuentes ni de los militares, es decir, rechaza la guerra contra la sociedad en la cual puede convertirse la lucha contra el narcotráfico.

El poeta Javier Sicilia ha encabezado un movimiento nacional contra la guerra de Calderón. Sin embargo han existido discrepancias de Sicilia y otros actores del movimiento respecto a una exigencia formulada el pasado 10 de junio en Cd. Juárez: “Fin inmediato de la estrategia de guerra, desmilitarización de la policía y regreso del ejército a los cuarteles.” Entre semejantes planteos radicales y las apuestas gradualistas y de concertación ¿cuál debe ser la apuesta esencial de la sociedad civil mexicana para parar esta guerra que ya ha costado la vida a 40 mil ciudadanos?

AZB: Es probable que Sicilia haya sido rebasado por algunas organizaciones civiles que no están de acuerdo en que se reúna con el Presidente o llegue a exclamar que no pide ni la salida del Secretario de Seguridad Pública ni que el Ejército salga de las calles.

En verdad, va a ser trágico si la sociedad mexicana sacrifica a uno de sus voceros, tildándolo de traidor.

Es posible que en medio de tanto crispamiento y descomposición institucional los mexicanos organizados no entiendan que el diálogo con el Gobierno federal es imprescindible aunque no escuche argumentos acerca de cambiar la estrategia, porque no puede cambiarla debido a que tiene convenios regionales de seguridad como la Iniciativa Mérida o bien porque los ciclos de violencia duran por lo menos una generación de 25 años.

Es posible, asimismo, que el gobierno federal mienta cuando dice que en 2012 o 2015 se tomará la decisión de regresar a los militares a sus cuarteles.

En cualquier caso, es importante señalar que este gobierno federal a punto de cierre, no puede, ni quiere, quitarle el fuero a los militares, a quienes ha encomendado nuevas funciones y que esto es toral, retirarlos de las calles —en eso tiene razón Sicilia— sería añadirle mayor tragedia al drama. Para eso, el Gobierno federal ha puesto al vocero de seguridad nacional a deshacer mitos con otros mitos que me permito enumerar:

1. En México hay una guerra regular; 2. El Ejército, la Armada y la PF están en su mejor momento; 3. Hay una estrategia inteligente; 4. La guerra se va ganando; 5. Vivimos más seguros; 6. El Ejército y la Armada han debilitado a los clanes de la empresa ilegal de drogas con las aprehensiones de sus gerentes; 7. Los logros de una estrategia inteligente se observan a corto plazo; 8. Los daños colaterales son poco importantes y representan un precio que tiene que pagarse; 9. Es la única opción; 10. Los beneficios de la guerra gubernamental, a pesar de la cuota de violencia que añade, se verán en una segunda fase de la cual no se tiene idea, tal como sucedía con la promesa neoliberal de un derrame económico futuro.

De cualquier forma, el futuro de la sociedad mexicana, su integración y calidad democrática dependerá de sujetar a mecanismos de control civil a los militares. El fuero de los militares es la piedra de toque. El riesgo es abrir la caja de pandora del autoritarismo.

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