La obra de la intervención

A mitad del verano, la resistencia española había dejado de existir. Los soldados españoles permanecían en sus cuarteles en tanto los norteamericanos confraternizaban con los rebeldes cubanos y se iban adueñando de la administración. Formalmente, el dominio español sobre Cuba habría de cesar el 1º de enero de 1899 en que es arriada por última vez el pabellón de España en las fortalezas de La Habana. El general John R. Brooke, primer gobernador de la ocupación, no sólo llegaba investido de todos los poderes, sino imbuido de ese espíritu de rectitud y decencia que han tenido tradicionalmente los militares de esta nación. Lo acompañaba un equipo de industriosos profesionales (ingenieros, médicos, educadores, etc.) que venían a poner su experiencia y su saber al servicio de un país que apenas emergía de la devastación. El historiador Calixto C. Masó, que escribe desde el exilio más de sesenta años después y que hace un análisis bastante amplio y minucioso de este período, afirma que «la labor administrativa de los gobernadores militares John R Brooke y Leonardo Wood fue notable y en ocasiones hasta ejemplar —tomando este vocablo en su sentido estricto— para el futuro desenvolvimiento y desarrollo de Cuba».[1]

El índice de analfabetismo en Cuba en el momento que estalla la guerra hispano-americana se estima cercano al 70 por ciento de una población que apenas sobrepasaba al millón y medio de habitantes. Aumentar el nivel educacional de la isla fue una de las prioridades del gobierno interventor y, a ese fin, contó con los servicios de un educador excepcional, Alexis Everett Frye, a quien ningún maestro ni educando cubano en la actualidad sería capaz de recordar. Frye, que había sido profesor de la Escuela Normal de Chicago y superintendente de escuelas en San Bernardino, California, fue nombrado por Brooke superintendente general de escuelas y sobre él dice Masó:

[…]fue uno de los que mejor comprendió a Cuba y sus problemas, pues se dio cuenta, como había expresado Luz y Caballero, [de] que no bastaba crear escuelas, formar maestros e instruir a los alumnos, sino que era necesario educar, fortaleciendo las características nacionales de maestros y alumnos, y supo infundir a los primeros educadores públicos cubanos un espíritu de apostolado que se fue perdiendo en la etapa republicana.[2]

Y explica más adelante Masó:

Frye modificó el plan de estudios, el sistema de enseñanza y resolvió el problema de la carencia de textos. Introdujo el trabajo manual o sloyd, y creó los kindergártenes, agregando las asignaturas de Geografía, Estudios de la Naturaleza, Historia, Higiene, Dibujo y Música, así como la Educación Física, superando el viejo sistema de las tres erres, o sea, leer escribir y contar.[3]

Masó apunta como Frye fue el autor del primer libro de Geografía de Cuba, así como el promotor del Manual de Maestros, que se publicó en 1901 y que incluye la primera Historia de Cuba escrita por Manuel Sanguily. Se invirtió una considerable suma de dinero en la adquisición de mobiliario escolar —unos cien mil pupitres— así como de material escolar adecuado y se instalaron escuelas en edificios habilitados a ese efecto, entre ellos cuarteles y hospitales militares españoles. (Yo cursé mis primeros cuatro años de la primaria en un caserón de mi natal Trinidad que el gobierno interventor convirtió en escuela y que en la actualidad, más de 120 años después, sigue cumpliendo esa función).

«El número de escuelas», continúa diciéndonos Masó, «mientras Frey ocupó la superintendencia, aumentó de 300 a 3.313 y la matrícula escolar que, en 1899 fue de 85.009 subió en 1902 a 163.348. El número de maestros que en 1899 era de 2.665 […] en el curso de 1901 a 1902 aumentó a 3.579, de los cuales 1.445 eran hombres y 2.134 mujeres».[4] Asimismo, el presupuesto para la instrucción primaria ascendió de $716.892 en 1899 a $2.786.176 en 1902.

En cuanto a la segunda enseñanza, su reforma estuvo en manos de dos cubanos ilustres: Enrique José Varona y José Antonio González Lanuza, fundadores ambos, en 1907, del Partido Conservador. En la Universidad que contaba con 107 profesores, de los cuales sólo 7 eran titulares, se crearon las escuelas de Pedagogía, Veterinaria, Cirugía Dental y Arquitectura y los estudios de Ingeniería Agrónoma y Eléctrica. La escuela de pintura de San Alejandro, así como la de Artes y Oficios, nos dice Masó, «merecieron especial atención de Leonardo Wood, que dotó a esta ultima de un moderno edificio».[5]

La salud y la higiene públicas fueron otros de los caballos de batalla del gobierno interventor que encontraba en Cuba la situación más deplorable en esos terrenos. La fiebre amarilla, la malaria y el tifus eran enfermedades endémicas y las nuevas autoridades entendieron sabiamente que la solución de estos problemas sanitarios era esencial para echar las bases de un nuevo Estado. Franklin Matthews, que publica su libro The New-Born Cuba en 1899, da testimonio del estado de La Habana al comienzo del gobierno interventor:

Cuando los norteamericanos tomaron posesión de la ciudad[… l]os animales muertos abundaban, se encontraba basura por dondequiera, las alcantarillas iban a desaguar al océano o a la bahía con emanaciones pestilentes. Olores nauseabundos llenaban el aire, y el estado de los edificios públicos era tal que los oficiales del Ejército norteamericano rehusaron ocuparlos. Para ilustrar las espantosas condiciones de los edificios públicos, permítaseme decir que en uno de los salones del castillo de La Fuerza, ocupado por la Guardia Civil y en el grupo de edificios públicos, entre los cuales descollaba el palacio de los Capitanes Generales, se encontraron no menos de quince gatos y perros muertos… Treinta y dos carretas de basura sacaron del palacio del gobernador.[6]

El equivalente de Frye en lo concerniente a la educación, lo sería el mayor William C. Gorgas en el terreno de la salud pública, partiendo de las labores de saneamiento, al establecer un servicio de limpieza de calles y recogida de basuras —que antes de la administración norteamericana era muy deficiente o casi nula— la cual se complementó con inspecciones domiciliarias. De estas se llevaron a cabo 66.219, se manipularon 11.937 cargas de materiales de casas desinfectadas y se limpiaron 6.902 fosas.

El 25 de junio (de 1899) llegó a La Habana una comisión presidida por el Dr. Walter Reed, a quien acompañaban los también médicos James Carrol, Arístides Agramonte y Jesse Leazer, con la misión especial de estudiar la fiebre amarilla, que se extendía a pesar de los esfuerzos sanitarios de Gorgas. Luego de varios ensayos infructuosos, la comisión decidió comprobar la teoría del epidemiólogo cubano Carlos J. Finlay, quien proponía que la enfermedad era transmitida por la picada del mosquito Stegonia fasciata o Aedes Aegypti. Los doctores Leazer y Carrol se prestaron a ser picados por el mosquito transmisor y ambos contrajeron la fiebre amarilla, a consecuencia de lo cual falleció el primero. Comprobada así esta teoría, la enfermedad no tardó en ser erradicada al petrolizar las aguas estancadas donde se desarrolla la larva del mosquito trasmisor. Un año después, esta plaga que había sido el azote de Cuba desde los tiempos de la colonización, había desaparecido por completo.

La reforma administrativa, en todos sus aspectos, fue emprendida con eficacia y prontitud por el gobierno interventor. Se destaca, por indudables méritos, la restructuración —o acaso más bien la recreación— del servicio postal, que padecía de corrupción endémica y se encontraba en pésimas condiciones al cese de la dominación española. Para entonces, los empleados de correos, incluidos sus jefes locales, no habían recibido salario alguno en los últimos 10 meses y toda la mecánica de este servicio estaba en ruinas, al punto que los destinatarios de las cartas debían pagarles a los carteros el valor del franqueo, de donde estos devenían la compensación salarial que de otro modo no percibían.

El encargado de poner en pie al servicio postal de Cuba fue el mayor E. G. Rathbone, quien fue nombrado Director de Correos el 21 de diciembre de 1898, apenas 10 días antes de que EEUU se encargara oficialmente del gobierno de la isla. Rathbone encontró que los españoles habían prácticamente saqueado el sistema postal, como también lo habían hecho en la Aduana y en todos los otros departamentos del gobierno. «No dejaron», dice Matthews, «ni un centavo, ni un sello, ni siquiera un documento oficial»[7].

Lo primero que hizo este director, de quien no creo que ningún cubano tenga memoria, fue poner a la venta nuevos sellos de correos en La Habana, establecer salarios para los carteros y otros empleados del servicio postal y reestructurar todo el sistema, incluida la escala salarial. Se dio cuenta de que lo único que exigían las circunstancias era imponer en la isla, partiendo prácticamente de cero, el sistema que regía en Estados Unidos. Se establecieron diez negociados sujetos a su dirección y aunque se organizaron con personal inexperto, en pocos días el departamento tenía cubiertas el cien por ciento de las plazas y funcionaba con sobrada eficiencia en comparación con la gestión española. La correspondencia certificada —que existía en tiempos de España de manera deficiente— se reguló, y los giros postales y el servicio de entrega especial, que hasta entonces eran desconocidos, se implantaron. En sólo 60 días, Rathbone consiguió corregir y encauzar un sistema que tenía muchos años de ineficacia, corrupción y abandono. En una entrevista con Matthews, él le dijo que su objetivo era equipar el servicio postal de tal manera «que cuando llegara la hora de entregárselo a los cubanos, fuera absolutamente moderno y funcionara en perfecto orden».[8] El telégrafo también tuvo importantes mejoras, llegando sus líneas al termino de la ocupación estadounidense a 5.632 kilómetros y sus estaciones de servicio a 77.

En lo concerniente a la infraestructura, se construyeron numerosos kilómetros de carreteras, incluidos los puentes, así como se mejoraron los caminos vecinales. Se llevaron a cabo mejoras en los puertos y vías fluviales y se arreglaron y pavimentaron calles en las ciudades principales. Masó resalta «las obras del puerto de Cárdenas, el Paseo del Prado, el Malecón, la Academia de Ciencias, la Escuela de Artes y Oficios, el Hospital No. 1, así como la adaptación de cuarteles y hospitales militares para la enseñanza, instalándose la Universidad [de La Habana] en la [colina de la] Pirotecnia, la Escuela Luz y Caballero en el Hospital de San Ambrosio, la Biblioteca Nacional en la Maestranza de Artillería y, posteriormente, el Archivo Nacional en la Casa de Recogidas».[9]

La Enmienda Platt

Esta eficientísima labor de gobierno llegó a su fin el 20 de mayo de 1902 cuando el gobierno interventor le traspasa la soberanía de Cuba al gobierno salido de la primera consulta electoral. «Al fin hemos llegado», cuéntase que dijo Máximo Gómez mientras izaba nuestra bandera en la azotea del Palacio de los Capitanes Generales. Era sin duda un gran logro, una indiscutible victoria, teniendo en cuenta todos los obstáculos que se habían interpuesto en este proyecto desde que lo iniciara Carlos Manuel de Céspedes en 1868.

Sin embargo, la independencia de Cuba nos llegaba de manos de los norteamericanos y esto, para algunos, era motivo de frustración e ineptitud. En tres años de guerra (1895-1898), y pese a la campaña de tierra arrasada que los mambises llevaron de un extremo al otro del país, los cubanos no estaban ganando la contienda, tal como nos han dicho ciertos historiadores. Ahora, al término de una administración ejemplar, Estados Unidos nos entregaba la república, pero con un apéndice constitucional que lastimó el orgullo de muchos: la Enmienda Platt.

Aunque propuesta ante el Senado de EEUU como iniciativa del senador Oliver Platt, de quien tomó el nombre, la Enmienda Platt fue concebida por el secretario de Guerra Elihu Root como la más sólida garantía de la independencia de Cuba y la protección de vidas y bienes particulares de los habitantes de la república que estaba por nacer. Este gesto, imbuido de buenas intenciones, revelaba, al mismo tiempo, un cierto nivel de desconfianza hacia el autogobierno de los cubanos. En otras palabras, Estados Unidos se ofrecía como garante de la empresa que los cubanos estaban a punto de iniciar.

Esta desconfianza, aunque adversa a la simpatía y buena opinión que tenía de nosotros el pueblo norteamericano, ya había sido expresada por otros. Cabe destacar lo que escribiera el joven Winston Churchill, que visitó brevemente la isla como corresponsal de guerra a fines de 1895: «Un gobierno cubano sería peor, igualmente corrupto, más caprichoso y mucho menos estable. Bajo ese gobierno, las revoluciones serían periódicas, la propiedad insegura, la equidad desconocida».[10]

La visión de Churchill tal vez era demasiado pesimista y, en alguna medida, quedó desmentida (sobre todo en lo que atañe a la propiedad) en las primeras décadas de la nueva república, pero la corrupción, la inestabilidad y las «revoluciones» de distinta índole que se sucedieron casi desde el principio (1906, 1912, 1917, 1923, 1930) servirían para darle la razón (Churchill viviría lo suficiente para ver la llegada de Fidel Castro al poder, que significó el fin de todos nuestros ideales republicanos. Cuando fallece en 1965, setenta años después de su ominoso pronóstico, Cuba ya se había convertido en un despotismo soviético).

Temiendo acaso que una nueva constitución pudiera abrogar la Enmienda Platt, Estados Unidos la incluye en el Tratado Permanente que suscribe con el nuevo gobierno cubano en mayo de 1903. A partir de ese instante es indiferente la existencia o no del apéndice constitucional. Ambas naciones quedan obligadas con los términos de un tratado del que son signatarias. Este matiz que es esencial para entender la relación bilateral es ignorado o desconocido por muchos de los comentaristas de lo cubano y distorsionado en la práctica por ambas partes contrayentes, como bien lo explica el jurista y diplomático cubano Luis Machado en un libro sobre el tema que publica en 1922 y que, ochenta años después, es objeto de una edición facsimilar en Miami.[11]

En modo alguno este tratado —que recogía en su totalidad la Enmienda Platt— conculca la soberanía de Cuba ni le impone una supervisión onerosa. Cuba podía suscribir libremente toda suerte de acuerdos con cualquier otro Estado soberano, sin que mediara ninguna interferencia de Estados Unidos, asimismo, la intervención no era una amenaza constante que paralizara el curso de las relaciones políticas y económicas de la neo república. Como bien apunta Machado, Estados Unidos se reservaba el derecho de intervenir sólo en tres circunstancias: «para conservar la independencia de Cuba (en caso de que se viera amenazada por una potencia extranjera); para mantener un gobierno adecuado a la protección de la vida, la propiedad y la libertad individual y para cumplir las obligaciones asumidas en el Tratado de Paz con España el 10 de diciembre de 1898».[12]

No faltaron funcionarios norteamericanos que, ignorantes de la letra y el espíritu de este contrato, amenazaran a los cubanos con intervenir a la menor provocación, y que igual hicieran gobiernos y oposiciones en Cuba, amedrentándose mutuamente con un expediente que era de muy estricta aplicación y que, en la práctica, no tenía otro propósito que garantizar la estabilidad y el buen funcionamiento de nuestra república. De suerte que la Enmienda Platt, tal como se consigna en el Tratado Permanente, no es otra cosa que un muro de contención, casi teórico, que el gobierno de Estados Unidos le impone a Cuba para que obre de conformidad con su propia constitución.

Luis Machado, en la obra ya citada, incluye dos testimonios esclarecedores de parte de los autores de nuestro debatido apéndice constitucional: Elihu Root y Oliver Platt. El primero, en carta al gobernador militar Leonard Wood, el 29 de marzo de 1901, le expresa:

Espero que Ud. habrá podido desvanecer de la mente de los miembros de la Convención Constituyente toda idea de que la intervención descrita en la Enmienda Platt es sinónima de entrometimiento o interferencia en los asuntos del gobierno cubano.

Sólo significa, desde luego, la acción formal del gobierno de los Estados Unidos, basada en justos fundamentos de fracaso o peligro inminente, y de hecho no es más que una declaración o reconocimiento de hacer lo que los Estados Unidos hicieron en abril de 1898, como resultado del fracaso de España para gobernar a Cuba. No le da a los Estados Unidos derecho alguno que ya no posean y que ellos no hubieran de ejercitar, sino que les da en beneficio de Cuba una posición entre Cuba y las naciones extranjeras en el ejercicio de aquel derecho, que puede ser de inmenso valor para habilitar a los Estados Unidos a fin de proteger la independencia de Cuba.[13]

Y, por su parte, el senador Oliver H. Platt, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y redactor de la enmienda que lleva su nombre, se pronuncia sobre el mismo tema en texto dirigido al secretario de la Guerra de Estados Unidos el 26 de abril de 1901:

He recibido su comunicación de hoy, en la cual dice usted que los miembros de la comisión de la Convención Constituyente cubana temen que las disposiciones relativas a la intervención, hechas en la cláusula tercera de la Enmienda que ha llegado a llevar mi nombre, tenga el efecto de impedir la independencia de cuba y en realidad establezcan un protectorado o suzeranía por parte de los Estados Unidos, y me pide que exprese mis puntos de vista sobre la cuestión que suscitan.

En contestación diré que la enmienda fue cuidadosamente redactada con el propósito de evitar todo lo posible la idea de que al aceptarla la Convención Constituyente produjera el establecimiento de un protectorado o suzeranía, o en modo alguno se mezclara con la independencia o soberanía de Cuba; y hablando por mí mismo, parece imposible que se pueda dar semejante interpretación a la cláusula. Estimo que la Enmienda debe ser considerada en conjunto y debe ser evidente, al leerla, que su propósito bien definido es asegurar y resguardar la independencia cubana y establecer desde luego una definida inteligencia de la disposición amistosa de los Estados Unidos hacia el pueblo cubano, y la expresa intención en aquellos de ayudarlo, si fuese necesario, al mantenimiento de tal independencia.

Estas son mis ideas y, aunque yo no puedo hablar por todo el Congreso, creo que mi intención fue comprendida perfectamente por aquel cuerpo.[14]

Desafortunadamente, las malas interpretaciones prevalecieron y el conflicto entre moderados y liberales en las primeras elecciones que se celebraban en una Cuba libre (1906) en las cuales —sin discusión— el gobierno de Estrada Palma recurrió a la intimidación y el fraude para conservar el poder, dieron lugar a una guerra civil que trajeron de vuelta a los norteamericanos por iniciativa nacional. En lugar de llegar a un acuerdo con los liberales rebeldes que se sentían traicionados por la gestión gubernativa, el Presidente dejó acéfalos los poderes públicos y, luego de hacer renunciar a su gabinete en pleno, renunció el mismo e hizo inevitable la intervención. Cuando Gonzalo de Quesada, ministro plenipotenciario de Cuba en Washington, solicitó la intervención en nombre de Estrada Palma, el presidente Theodore Roosevelt respondió: «Dígale al presidente Palma que yo puedo enviar ahora mismo los barcos que me pide, pero que piense en la mancha imborrable que caerá sobre su nombre».[15]

Hubo, pues, desde el principio, una tendenciosa manipulación de parte de algunos funcionarios cubanos (y también estadounidenses) de un recurso que Estados Unidos había consagrado en el Tratado Permanente en beneficio y salvaguarda de nuestra república, cuya estabilidad deseaba y necesitaba en pro de los muchos intereses que había contraído en su territorio. Hay que reconocer que, a pesar de que los cubanos se seguían amenazando mutuamente con la Enmienda Platt, Estados Unidos nunca se animó nuevamente a invocarla luego de la segunda intervención y que los amagos que hizo al respecto durante la crisis del gobierno de Machado no pasaron de la pura pantomima.

En 1934, quedaba abrogada la Enmienda Platt, así como el Tratado Permanente (que se suscribía bajo nuevas bases) y parecía que Cuba había alcanzado la mayoría de edad libre del tutelaje de nuestros vecinos. Desafortunadamente, lo que hacían los cubanos era prescindir de un anclaje que garantizaba su estabilidad, al tiempo que ingresaban en un tiempo de expectativa revolucionaria que encontraría su alumbramiento en el triunfo castrista de 1959, el cual daría lugar, no importa cuantos buenos auspicios lo acompañaran, a nuestro colapso institucional. Acaso por aspirar a más, nuestra democracia terminaba en menos.

No fue una mala idea que Estados Unidos garantizara nuestra libertad y nuestra prosperidad, a pesar de las taras coloniales que el breve período del gobierno interventor no pudo erradicar. La intervención norteamericana que puso fin a nuestra última guerra de independencia fue un hecho afortunado que aceleró nuestro desarrollo en todos los órdenes —político, económico, social, cultural—, un salto de calidad que los cubanos no supieron apreciar o entender en toda su importancia y magnitud. Rechazar esa alianza o tutela nos llevó al absurdo de la gestión castrista que ha postrado a nuestro país en las últimas seis décadas y lo ha convertido en una miserable sentina, con una población envilecida, una economía en quiebra, una infraestructura arruinada y una política decrépita y sin horizontes.

Irónicamente, hoy, al igual que en 1897 (cuando arreciaba la campaña de Weyler) o en 1960 (cuando el régimen castrista despojaba a los cubanos de sus libertades y sus bienes) sigue teniendo pertinencia la intervención militar de Estados Unidos en Cuba; la imponen la misma geopolítica y el agravamiento de una situación que no parece dejar otra salida. Hemos hecho un largo y catastrófico periplo para venir a dar a la misma orilla.

[1] Calixto C. Masó, Historia de Cuba. Miami, Universal, 1975, p. 438.

[2]Ibid., p. 440.

[3]Idem.

[4] Calixto Masó, Op. cit., p. 441.

[5]Idem.

[6] Franklin Matthews, The New Born Cuba, New York and London, Harper & Brothers Publishers, 1899, pp. 95-96.

[7]Ibid., p. 165.

[8]Ibid., p. 178.

[9] Calixto C. Masó, Op. cit., p. 442.

[10] William Manchester, The Last Lion, Little Brown and Co., 1983, p. 230.

[11] Luis Machado, La Enmienda Platt — La isla de corcho. Edición facsimilar, Miami, Editorial Cubana, 2002.

[12]Ibid., p. 98.

[13]Ibid., p. 110.

[14]Ibid., pp. 111-112.

[15] Carlos Manuel de Céspedes, El diario perdido. Ed. Eusebio Leal, La Habana, Ediciones Boloña, 2018, p. 331.

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