Marcha cívica en Cuba: ¿por qué el Estado se siente amenazado por esta manifestación?

El gobierno cubano ha declarado ilegal la Marcha cívica por el cambio, prevista para el 15 de noviembre. Es una pena, una oportunidad desperdiciada. El gobierno calificó la marcha de delito de “provocación” y de ser “parte de la estrategia de ‘cambio de régimen’ para Cuba”, originada en Estados Unidos.

La marcha, propuesta inicialmente para el día 20 de noviembre, y después trasladada para el 15 —debido al anuncio de ejercicios militares— no parece ser una marcha insurreccional. Seré ingenuo, pero no pide la renuncia del Gobierno ni de ninguno de sus miembros. No rechaza la irrevocabilidad del sistema socialista cubano, establecida en la Constitución de 2019. No hace calificación derogatoria alguna de personas o instituciones del gobierno cubano. Sus principios cívicos declarados son: 1) Contra la violencia, 2) Respeto de todos los derechos de todos los cubanos sin importar donde vivan 3) Liberación de presos políticos y 4) Solución de las diferencias a través de vías democráticas y pacíficas.

Civismo proviene del latín “civis”, la misma raíz de “ciudadano” y califica de ser humano cívico a quien es consciente de sus derechos y deberes, es libre, crítico, responsable, participativo y solidario. Eso describiría a un buen ciudadano en un Estado de derecho, como se cataloga a Cuba en la propia Constitución de 2019.

Obviamente, los reclamos cívicos apuntan a situaciones políticas que requieren, según los solicitantes, solución. Pero no necesariamente las peticiones populares, por numerosas que sean, consiguen los cambios políticos solicitados. La historia política contemporánea está llena de ejemplos. Es responsabilidad del Estado considerarlas válidas y hacer o no, en consecuencia, reparaciones al respecto. Pero las manifestaciones populares en sí, no son delito, como tampoco lo será la del 15 de noviembre.

Parte esencial en toda constitución son los derechos del Estado y los derechos del individuo. De cuán contrapuestos o armónicos son. Las constituciones nacionales sirven para regir la convivencia general de los individuos, ya ostenten poder desde el Estado, o sean simples ciudadanos. Las interpretaciones de la Constitución las resuelven los tribunales constitucionales. En Cuba le corresponde al Tribunal Supremo Popular y su presidente es Rubén Remigio Ferro, quien el 24 de julio, en conferencia de prensa y a propósito de las manifestaciones populares del 11J declaró públicamente: “Las opiniones diversas, incluso de sentido político diferente al imperante en el país, no constituyen delito. Pensar diferente, cuestionar lo que se está haciendo, eso en sí mismo no constituye delito. Manifestarse, es más, lejos de constituir delito, constituye un derecho constitucional de las personas”.

La prohibición de la manifestación del 15 de noviembre se basa en la presunción de delito en los manifestantes de querer cambiar el carácter socialista del sistema cubano, “irrevocable”, según el artículo 4 de la Constitución. Sin embargo, el presidente del Tribunal Supremo Popular dice que el derecho a manifestarse, “lejos de constituir delito, constituye un derecho constitucional de las personas”.

El Estado cubano es fuerte. No solo por sus estructuras de control social, de orden público y militar, sino por sus cerca de 700.000 militantes del partido y su apoyo popular. El gobierno cubano no es un grupo de privilegiados que se mantiene en el poder solo por la seguridad del Estado, la policía y las ergástulas de Castro, como se piensa generalmente en Miami. El apoyo popular a la revolución existe.

En Cuba no hay encuestas de opinión, ni se permiten asociaciones políticas distintas del Partido Comunista, cosa que podría establecer porcentajes de oposición política. Mi opinión es que el gobierno cubano mantiene apoyo popular, pero no igual al porcentaje de aprobación de la Constitución de 2018, que fue del 87% que el gobierno se atribuye inalterado. El propio Díaz-Canel previó, en julio de 2020, que su gobierno podía perder apoyo popular cuando dijo: “El peor riesgo [de las medidas económicas previstas] estaría en no cambiar, en no transformar, y en perder la confianza y el apoyo popular”. Y eso parece haber sucedido.

No es fácil de entender cómo un Estado fuerte puede sentirse amenazado por una manifestación de ciudadanos. La información presentada ante las autoridades calculaba un máximo de 5.000 manifestantes en La Habana, que marcharían por el Prado desde el Malecón hasta el Capitolio Nacional, apenas unos 1,4 kilómetros, en unas tres horas de tiempo total. ¿Iba a derrocar esa manifestación allí mismo a un Gobierno que ha resistido a la primera potencia mundial durante 62 años y su embargo por 60, recrudecido además últimamente por Donald Trump y Joe Biden? La inteligencia cubana debe tener, de existir, toda la evidencia contra Yunior García Aguilera, dramaturgo y principal promotor de la marcha. Al igual que en las siete provincias del país donde también se ha anunciado.

Sería obligación del Estado cubano revelar las pruebas que tipifiquen los delitos de los que acusan a los ciudadanos manifestantes, y de admitir el caso ante el Tribunal Supremo Popular de Cuba. Eso sí, previendo para los ciudadanos privados en discordia todas las garantías procesales.

Pero ya es tarde. Antes de la publicación de esta columna, Yunior García Aguilera y varios colaboradores fueron advertidos por las autoridades cubanas de que, de insistir en la manifestación, serían acusados de varios delitos que comportan prisión. García Aguilera reitero su decisión de manifestarse y respondió a la advertencia: “Si me llevan a juicio, si me encarcelan, renunciaré a cualquier defensa”. La suya es una valiente posición, inédita en Cuba.

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