La familia es la célula fundamental de la sociedad y el hogar su asiento natural. Por ello desde que el hombre abandonó los refugios naturales y la vida nómada, la vivienda pasó a constituir, por su insustituible y privilegiada función en el disfrute, educación y estabilidad, una condición básica de existencia, una de las necesidades más determinantes para los seres humanos y uno de los problemas de mayor preocupación y ocupación para los individuos, las instituciones, la familia, la sociedad y el Estado.

En Cuba su satisfacción siempre fue precaria. El ritmo de crecimiento aventajó la oferta de habitáculos y si el déficit resultante no fue mayor en la primera mitad del pasado siglo, se debió a las diversas opciones existentes de arrendamiento, compra y construcción.

En la segunda mitad del siglo la revolución priorizó el tema. En los primeros dos años se creó el Instituto Nacional de Ahorro y Vivienda para dedicar los fondos de la Lotería Nacional a ese fin; se planteó "a todo el que construya una casa para vivirla" eximirlo de impuestos durante 10 años; se dictó la Ley sobre la Rebaja de Alquileres para favorecer a los sectores de menores ingresos; se aprobó la Ley 218 sobre la venta forzada de solares yermos; se creó la Dirección de Viviendas Campesinas para la construcción en zonas rurales y se aprobó la Ley de Reforma Urbana en la que se reconocía la "posesión de la vivienda como derecho imprescindible e inalienable del ser humano".

Sin embargo, no se le prestó la debida atención a la importancia de la participación ciudadana, de forma autónoma y paralela al Estado, en la solución del problema habitacional.

Desde esa limitada óptica comenzó el primer plan para construir los 32.000 apartamentos anuales que requería el crecimiento demográfico en aquel momento; plan que no pudo rebasar, en los 11 años que van de 1960 a 1970, las 11.000 viviendas anuales como promedio. Agregando unas 230.000 al déficit antes existente. Un discurso de la época expresaba el "revés" sufrido mediante una falsa contradicción: "o nos desarrollamos —decía— o nos dedicamos a construir viviendas", cuando el planteamiento debió ser "desarrollarnos y construir viviendas".

La temprana experiencia puso en evidencia la ausencia de la participación autónoma de la sociedad. Eso, al parecer, fue lo que condujo a la idea de la "participación popular", pero sin autonomía, desde y dependiente del Estado. Esta nueva visión se puso en marcha en 1971 con la creación de las "microbrigadas": 33 trabajadores que, transformados en constructores, erigían un edificio, cobraban sus salarios por la empresa estatal, mientras la vivienda terminada pasaba a ser propiedad de la empresa para que esta la entregara en usufructo a los seleccionados.

Leyes y regulaciones

A pesar del auge alcanzado por ese movimiento de "participación popular", el ritmo de las construcciones entre 1971 y 1980, que demandaba entonces unas 38.000 viviendas anuales para cubrir el crecimiento poblacional, fue inferior a las 17.000 anuales de promedio, lo que añadió otras 200.000 al ya abultado déficit. La década de los años ochenta irrumpió con una población superior a los 10 millones de habitantes, para los que se requerían entonces unas 45.000 nuevas viviendas por año.

Ante ese reto, el gobierno se propuso a partir de 1981 elevar las construcciones hasta unas 100.000 anuales para satisfacer el crecimiento y disminuir gradualmente el déficit acumulado, pero nuevamente, a pesar de los enormes esfuerzos, no se pudo rebasar la cifra de 40.000 anuales como promedio en la primera década, lo que arrojó otro déficit de unas 50.000 viviendas.

La crisis habitacional —en una sociedad donde el trabajo había dejado de ser la fuente principal de ingresos y la conducta moral estaba subordinada a la sobrevivencia— encontró una salida en las ocupaciones y construcciones de viviendas no autorizadas. Desde ese momento se desaceleró el ritmo constructivo y el énfasis lo ocupó la promulgación de leyes y regulaciones para controlar el creciente desorden.

En diciembre de 1984 se promulgó la ley 48, "Ley General de la Vivienda", la cual autorizó la "transferencia de la propiedad" a los usufructuarios onerosos y ocupantes legítimos y legalizó aquellas situaciones pendientes de solución jurídica. Ello generó decenas de miles de "propietarios", pero sin construir nuevos habitáculos.

La continuidad de las ilegalidades condujo a la Asamblea Nacional del Poder Popular en 1988 a aprobar la ley 65, una segunda "Ley General de la Vivienda", encaminada a reordenar las regulaciones anteriores para "propiciar la solución del déficit habitacional" y fortalecer el control estatal sobre las operaciones alrededor de la vivienda.

En ese momento la escasez de materiales de construcción y la paralización del movimiento microbrigadista, como efecto de la caída del Muro de Berlín, se reflejó en un descontrolado boom de construcciones, compraventas y alquileres al margen de la Ley, a lo que el Estado respondió con nuevas regulaciones complementarias y con la creación, en diciembre de 1995, del Grupo Nacional, una nueva institución integrada por los institutos de la Vivienda y de Planificación Física y los ministerios de Justicia y del Interior para controlar el desenfreno. Las medidas restrictivas, por su propia naturaleza, agudizaron el déficit ante una población en constante crecimiento.

En julio de 2000 se aprobó un nuevo Decreto-ley, el 211, para regular las construcciones por esfuerzo propio y los trámites de permuta. Este decreto prevé inspecciones físicas a los inmuebles, exige una imprescindible autorización institucional para permutar y autoriza a funcionarios estatales para determinar sobre la propiedad de la persona, menoscabando así el derecho de propiedad reconocido antes por la Ley 65.

En febrero de 2001, el Consejo de Estado aprobó otro Decreto-ley para el control de las contravenciones. De acuerdo con esta última medida, el Instituto de la Vivienda no sólo monopoliza, sino que ahora elimina definitivamente la compraventa entre particulares y otorga a las entidades municipales de la Vivienda el derecho de confiscación.

Como consecuencia de las medidas restrictivas y de la disminución del ritmo de las construcciones, en la década del noventa —con un cálculo bastante conservador— se dejaron de construir no menos de 100.000 viviendas, que unidas a las de décadas anteriores arroja unas 600.000 casas dejadas de construir en los 40 años que van de 1960 a 2000: el preludio de una posible tragedia que ya hoy es realidad.

Como efecto de estas medidas y de la incapacidad del Estado cubano para resolver por sí sólo el problema habitacional en los 40 años que van de 1960 a 2000, se agregó al déficit existente otras 600.000 viviendas.

Factores de la crisis

A la insuficiencia de las construcciones se unen el envejecimiento natural del fondo de viviendas, la falta de mantenimiento, y los crecientes y peligrosos derrumbes. La Habana, con su magistral, reluciente y bella capital, es fiel exponente de la crítica situación habitacional. La caducidad de los edificios y la ausencia de mantenimiento han generado un proceso de derrumbes que, además de abultar las estadísticas del déficit, ha ocasionado cuantiosas pérdidas de vidas humanas. Dos ejemplos de los últimos cinco años son suficientes para ilustrar esta afirmación.

El añejo edificio de cinco plantas, signado con el número 558 en la calle Águila entre Barcelona y Zanja, fue víctima de la quinta y última etapa de un prolongado proceso de derrumbes que duró 18 años hasta desplomarse definitivamente el 5 de diciembre de 2001, con el doloroso saldo de seis muertos y varios heridos. La afectación sufrida por el edificio colindante hizo que sus ocupantes lo abandonaran inmediatamente. Uno de los cuales, diez años atrás, había sufrido un proceso similar al derrumbarse un inmueble de la calle Amistad.

El miércoles 29 de junio de 2005, en otro edificio de tres plantas situado en la calle Manrique número 622, entre Reina y Salud, se desplomaron partes del techo y de la escalera que comunicaba los 22 apartamentos. Aunque no hubo que lamentar la pérdida de vidas humanas, sus ocupantes quedaron aislados del mundo exterior debido a los escombros acumulados en el área de la escalera.

Esta edificación, que data de la segunda década del pasado siglo, estaba apuntalada por dentro y, como la anterior, declarada inhabitable desde hacía varios años sin que se hubiera procedido a su reparación. Esos derrumbes, que de forma permanente dejan sin vivienda a nuevos vecinos, constituyen un acontecimiento cotidiano en la capital del país.

Una tercera agravante han sido los peligrosos huracanes que desde 1996 entraron en una etapa de alta actividad, con un efecto devastador sobre el fondo habitacional. En la Isla de la Juventud y en la provincia de Pinar del Río hasta hace poco tiempo estaban pendientes de recuperación un número indeterminado de casas destruidas por los huracanes Isidore y Lili, que azotaron el occidente del país en el año 2002. El Charley, en el 2004, afectó unas 70.000 viviendas, de las cuales 31.000 corresponden a la capital, con 469 derrumbes totales.

Unos días después, Iván "El Terrible", calificado así por la crueldad del zar ruso, azotó nuevamente el occidente de la Isla, dejando una considerable cantidad de hogares destruidos total o parcialmente. Sólo en la provincia de Pinar del Río, entre 2002 y 2004, se calculan "98.000 inmuebles dañados". El más reciente de ellos, el huracán Dennis, en julio de 2005 destruyó la mayor parte de las casas existentes en algunos lugares de la provincia Granma, como Niquero y Cabo Cruz, y en general dejó un saldo de 120.000 viviendas con daños parciales o totales. Es decir, cientos de miles de viviendas destruidas que se agregan a las dejadas de construir y a las que desaparecen a causa de los derrumbes.

El crecimiento poblacional, el envejecimiento del fondo de viviendas, el aumento del deterioro por la falta de mantenimiento, los continuos derrumbes, el efecto de los ciclones y la disminuida capacidad constructiva del Estado conforman el trágico cuadro del problema habitacional. Cuadro que con el efecto del huracán Dennis devino tragedia.

Sorprendentemente, en junio de 2005 La Habana fue sede del V Encuentro Mundial de los Programas Ciudades Sostenibles y Agenda 21 Local. En el evento se dio a conocer que en el año 2004 se pudieron construir solamente algo más de 15.000 viviendas, cuando el crecimiento demográfico demanda no menos de 50.000 anuales. También se supo que el 43 por ciento del fondo habitacional "se encuentra en regular y mal estado" y que hasta abril de 2005 la "falta de liquidez" impidió resolver 15.889 derrumbes totales y 12.563 parciales.

En el discurso por el aniversario del 26 de julio de 2005, el jefe del Estado cubano informó que hay ya 7.300 viviendas, terminadas en el 2005 (lo que apunta a unas 14.000 durante el año). En su intervención anunció también que se construirán "100.000 nuevas viviendas en el año 2006"; es decir, se retoma la aspiración de la década del ochenta.

Tomados en conjunto, los datos analizados indican que el déficit actual de viviendas no debe ser menor del millón y que el actual crecimiento demográfico demanda unas 50.000 nuevas cada año. De cumplirse la nueva promesa al ritmo de 100.000 anuales, cada año se rebajarían 50.000 al déficit de un millón. Ello significa 20 años construyendo a ese ritmo de forma permanente, cosa imposible de lograr si se intenta nuevamente realizarlo solamente desde el Estado, como lo demuestra la experiencia del casi medio siglo anterior.

Por la magnitud, la falta de perspectiva y las afectaciones humanas, se impone una reflexión nacional con la participación conjunta de autoridades, especialistas, instituciones y ciudadanos impedidos hasta ahora de una real participación como sujetos activos, para entre todos analizar causas, experiencias, posibles soluciones y desatar toda la creatividad, inteligencia e intereses en la solución de la tragedia.

La solución

El creciente déficit habitacional registrado en Cuba —aproximadamente de un millón de viviendas—, unido al crecimiento de una población que exige un ritmo de construcción de unas 50.000 nuevas casas cada año, ha convertido el problema habitacional en tragedia.

Ante los fracasados intentos y la persistencia del Estado en ignorar la participación activa, paralela y autónoma de la sociedad en un problema que le aqueja tan directamente, se impone una reflexión nacional con la participación conjunta de autoridades, especialistas, instituciones y ciudadanos impedidos hasta ahora de una real participación en la solución de la crisis.

La concepción ética y humanista del hombre como fin lleva a la esencia del erróneo e inviable enfoque de las relaciones entre Estado y sociedad, o mejor dicho, a la subordinación de la sociedad al Estado; una tergiversación que desconoce el hecho cierto de que los hombres y sus familias empezaron a construir viviendas antes de la aparición e intervención del Estado, lo que aconseja desterrar la concepción estatal de la vivienda desde la limitada visión de los números: cantidad de viviendas construidas y cantidad dejadas de construir, déficit habitacional, proyectos, cifras para el nuevo período y promesas incumplidas.

Hay que situar definitivamente, de hecho y de derecho, al ser humano como lo primero, lo que implica favorecer su participación activa en un problema que le afecta tan directamente como el hogar. La disyuntiva se presenta así: el Estado promueve y respeta la autonomía y las libertades que propicien la participación activa, paralela y subsidiaria de la ciudadanía y de la sociedad civil; o sencillamente, el Estado, en su omnipotente arrogancia, lo promueve todo y con ello también lo paraliza todo.

Lo anterior no significa que se pueda prescindir del Estado. Sin él tampoco hay solución. No se trata de simple maniqueísmo, sino de coparticipación Estado-sociedad civil-individuo; pues la vivienda como necesidad social primaria es también materia de responsabilidad pública.

El Estado cubano, como cualquier otro, debe y tiene que participar en la solución del problema, sólo que debe dejar a los demás su correspondiente cuota de participación. Al menos tres razones justifican y exigen su presencia: 1) La vivienda es al mismo tiempo un bien de consumo y de inversión que satisface una necesidad básica pero, por ser muy oneroso, requiere de un largo período de construcción y de fuentes de financiamiento; 2) Hay componentes de la construcción como el cemento y la madera, por sólo citar dos, que dependen de grandes empresas y de mercados abastecedores de materiales constructivos; y 3) La edificación y el urbanismo exigen normas tecnológicas de habitabilidad, diseño urbano, sistemas sanitarios, energéticos, viales y de comunicación, entre otros, que no se pueden dejar al libre albedrío.

Si impensable es la solución sin el Estado, impensable es también sin la participación autónoma de la sociedad a través de pequeñas y medianas empresas privadas o cooperativas, comunitarias, familiares e incluso personales para la producción y venta de materiales, la construcción y reparación de inmuebles, como fuente alternativa de recursos financieros, y como inversionista y fuente de mano de obra.

Lo que está agotado en Cuba es la opción del Estado omnipotente. Toca ahora el turno a la relación armónica entre Estado y sociedad. En ese sentido, la experiencia cubana de casi medio siglo es bastante aleccionadora.

La función social de la vivienda

Resumo algunos de los factores que son de obligada presencia en cualquier intento sensato de solución. En primer lugar, situar en primer plano al ser humano y desde ahí definir la función social de la vivienda. Aquello que los ingleses expresaron de forma sucinta desde el siglo XIX: "no se puede tratar con la gente y sus viviendas por separado". Ello permitiría la participación ciudadana al margen de criterios políticos, ideológicos o de cualquier otro tipo.

Segundo: es necesario volver a analizar del derecho de propiedad, un derecho natural emanado del instinto de posesión de bienes que explica el derecho milenario que los hombres tuvieron sobre herramientas y utensilios del hogar y que hoy se extiende a cuantos bienes brindan seguridad y estabilidad, entre los cuales la casa ocupa un lugar privilegiado. La propiedad constituye una institución necesaria al ciudadano y al desarrollo por razones puramente prácticas y se justifica en la medida que sea útil para el bien de los hombres.

En tercer orden, la realización de estudios multidisciplinarios sobre el problema habitacional, que, junto a los factores físicos y económicos, abarquen los psicológicos, sociológicos y demográficos que requiere el enfoque humanista del asunto. Cuarto: por la magnitud del problema y la cantidad de factores a integrar se requiere de un nuevo organismo rector con rango de ministerio que absorba las funciones que realizan los organismos existentes e incluya otras nuevas, pues ninguno de los actuales abarca toda esa complejidad.

En quinto lugar, la creación de bancos especializados; exploración de nuevas fuentes de financiamiento, como lo fue el Instituto Nacional de Ahorro y Vivienda en 1959 o las experiencias republicanas de las cajas de ahorro y las sociedades de créditos mutuos; libre comercio de materiales y libertad de compraventa; derecho a la creación de pequeñas y medianas empresas para construir y reparar casas y producir materiales de construcción, acompañado todo de un trabajo educativo dirigido a crear una conciencia urbanística y de protección al entorno.

La tragedia de la vivienda en Cuba es una de las causas del éxodo masivo, constituye un problema de seguridad nacional, es responsable de gran parte de los conflictos familiares y matrimoniales y fuente de desesperanza y descontento ciudadano. Se impone dejar a un lado los intereses políticos e ideológicos y actuar responsablemente ante la crítica situación existente.

La experiencia histórica, nacional y foránea, ha demostrado que sin la participación activa de la ciudadanía y de la sociedad civil es imposible e inviable la realización de los nuevos proyectos anunciados desde el Estado.

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