La Habana rechazó este lunes en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU la liberación de los presos políticos, insistió en no admitir la existencia de casos de torturas, y se desentendió de las recomendaciones hechas por países occidentales en busca de un cambio en la aplicación de leyes contra la oposición interna, y del levantamiento de las restricciones a la libertad de expresión y de asociación.

La actitud asumida por la delegación cubana en el primer Examen Periódico Universal al que se somete la Isla, dejo bien claro que el régimen no está abierto a las críticas, ni siquiera a las constructivas, provenientes de países democráticos o amigos.

La ministra de Justicia, María Esther Reus, dijo que el gobierno estaba satisfecho de lo que en Ginebra se conoce como "diálogo interactivo", es decir, el debate acerca del informe presentado por el país ante el mecanismo de Examen Periódico Universal, que rige al Consejo.

La discusión sobre Cuba tuvo lugar el pasado jueves. Este lunes se presentó el documento que recoge las conclusiones.

De las casi 90 recomendaciones hechas a La Habana, la ministra de Justicia dijo que la delegación cubana aceptó, de inmediato, 60; otras 17 serán respondidas por escrito antes de junio, cuando el Consejo se reúna adoptar el informe del grupo de trabajo que analizó el caso de la Isla. Un tercer grupo, de 12 recomendaciones, fue rechazado por estar "en contra de los derechos a la autodeterminación del pueblo de Cuba", según la funcionaria.

Lo que La Habana acepta

Las recomendaciones aceptadas por el gobierno son, principalmente, las hechas por los miembros del Movimiento de Países no Alineados, que alaban los éxitos de la Isla en educación y salud, y la cooperación internacional en esos mismos sectores.

En ese contexto, esta la arenga hecha por Venezuela para que Cuba "siga profundizando en la construcción del socialismo, bajo principios de solidaridad y justicia y en el reforzamiento de la participación ciudadana en la democracia pro activa". Curiosamente, esa idea aparece en el primer párrafo de las recomendaciones recogidas por la troika que dirigió el análisis sobre la Isla, integrada por Uruguay, Bosnia-Herzegovina y Gabón.

El embajador de Uruguay, Alejandro Artucio, al presentar las conclusiones, resalto el "dialogo y la cooperación desempeñados por Cuba durante todo el examen", e introdujo algunos cambios en la redacción del informe final a petición de Bután, Federación de Rusia y Azerbaiyán, entre otros.

Artucio indicó que los miembros del Consejo tiene dos semanas para modificar, mejorar o cambiar alguna de sus intervenciones durante el debate.

Las 17 sugerencias que La Habana dijo responderá por escrito corresponden a peticiones formuladas por naciones como Canadá, Holanda, Francia, Italia, Suiza, Chile, Italia, Brasil, Gran Bretaña, Francia.

Entre ellas entran la rápida ratificación de los pactos sobre derechos sociales, económicos y culturales, y los derechos civiles y políticos, pilares del sistema de derechos humanos de la ONU.

Asimismo las referidas a la situación en las prisiones, las medidas adoptadas para enfrentar la prostitución infantil, la independencia judicial, y la extensión de invitaciones para que todos los relatores del sistema de derechos humanos visiten el país.

Las recomendaciones rechazadas

El rechazo absoluto fue para una docena de recomendaciones hechas por varios países occidentales, que buscaban el fin de medidas restrictivas contra la oposición interna y contra la libertad de expresión y de asociación, así como la liberación de los presos de conciencia y el mejoramiento de las condiciones en las cárceles.

La ministra Reus afirmó que esas sugerencias reflejan una "inexplicable falta de información". No obstante, dijo que el gobierno confirmaba su compromiso de cooperar con el sistema de la ONU, un compromiso que algunos expertos estiman se aplica selectivamente, en función de los intereses de La Habana.

Las recomendaciones hechas en los párrafos 53 (b) y (c), 64 (a), 79 (c) y (d), 96 (b), 105 (b), 106 (a), 109 (b) y (c), y 110 (b) y (c) "fueron rechazadas por Cuba, sobre la base de que de una u otra forma interfieren sus derechos de libre determinación y el derecho soberano a escoger su sistema político, económico y judicial", dice el documento de conclusiones del debate sobre Cuba, citando a la delegación de la Isla.

Además, porque "ningún país puede aceptar sugerencias que contribuyan a aplicar políticas diseñadas por super-potencias con el objetivo de destruir un legítimo orden constitucional escogido por el pueblo", añade, en una aparente referencia a Estados Unidos.

La Habana tampoco acepto que en Cuba se practicase la tortura, independientemente de las denuncias de Amnistía Internacional, la Organización Mundial contra la Tortura, y Human Right Watch, entre otras ONG que, junto a grupos de la disidencia interna y el exilio, presentaron numerosos testimonios.

Durante el debate del 5 de febrero, la delegación cubana dijo que donde único se torturaba era en la base naval de Guantánamo, y que cuando el actual presidente estadounidense, Barack Obama, logre cerrar ese centro de detención, ya no se hablará más de torturas en el territorio de la Isla.

La postura latinoamericana

La posición asumida por Latinoamérica no fue homogénea. Si bien las representaciones de Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá, Honduras, Jamaica, Trinidad y Tobago y República Dominicana se dedicaron en ensalzar los avances atribuidos a Cuba en educación, vivienda y salud, otros como Brasil, Chile y México formularon algunas importantes sugerencias.

Esos países, pidieron al régimen adherirse al Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional, acelerar la ratificación de los pactos de derechos económicos, sociales y culturales, así como el referido a los derechos civiles y políticos.

No faltaron insistentes voces para que se mantenga la moratoria establecida en 1992 sobre la no aplicación de la pena de muerte (rota en 2003 con la ejecución de tres hombres que secuestraron una embarcación de pasajeros), con vistas a la total abolición de este castigo. Al respecto, se recordaron llamamientos hechos en años anteriores por Amnistía Internacional —entre otras importantes ONG— para que las autoridades cubanas se abstengan de imponer esta medida a opositores bajo supuestos cargos de atentado contra la seguridad del estado.

En las intervenciones de Brasil y Chile quedo explícita la preocupación sobre la importancia de una efectiva independencia de los procedimientos y de la administración judicial, y por que exista una protección adecuada para quienes defienden los derechos humanos, ya que bajo las condiciones de democracia que rigen en esos países son principios clave.

También hubo llamados al gobierno para que, a tenor del pacto de derechos civiles y políticos firmado el pasado año y pendiente de ratificación, se ofrezcan garantías efectivas a la libertad de expresión y al respeto a la libertad de movimiento, tanto dentro como fuera de la Isla, tal y como lo expuso el embajador chileno, Carlos Portales, en el debate.

La maniobra cubana en su primer Examen Periódico Universal suscitó preocupación entre gobiernos democráticos y organizaciones no gubernamentales, que temen el inicio de un nuevo estilo de politización: la que podrían ejercer en el escenario del Consejo de Derechos Humanos los estados miembros del Movimiento de Países No Alineados, que La Habana preside actualmente.

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