Continúa aumentando el número de presos políticos en Cuba

A propósito de la presentación de nuestra más reciente Lista Parcial de Condenados o Procesados por Motivos Políticos, deseamos exponer las siguientes valoraciones:

Es un hecho incontestable que ha tenido lugar un aumento neto en cuanto al total de esta categoría de prisioneros en comparación con el primer semestre de 2005 (de 306 a 333 casos documentados).

Estas cifras totales reflejan un balance entre las excarcelaciones que tuvieron lugar durante el segundo semestre de 2005 y el número de nuevos condenados o procesados en ese período.

El término Lista Parcial reconoce la posibilidad cierta de que el número de presos por motivaciones políticas es aún mayor, pero no puede precisarse con exactitud debido a la falta de información propia de los regímenes cerrados y a la total imposibilidad de libre acceso al enorme sistema carcelario de Cuba (más de 200 prisiones y campos de internamiento) por parte de ONG nacionales o internacionales de derechos humanos, incluyendo la propia Cruz Roja Internacional. El Gobierno de Cuba, junto al de Corea del Norte, es uno de los poquísimos en el mundo que prohíbe dicho acceso.

Este aumento neto en cuanto al número de personas que están sujetas a condenas por motivos políticos es coherente con el sostenido empeoramiento de la situación de derechos civiles, políticos y económicos en Cuba, especialmente durante el pasado año 2005 en que fueron condenadas o procesadas otras 53 personas por las citadas motivaciones políticas (13 en el primer semestre y 40 durante la segunda mitad del año).

Prisioneros de conciencia

El Gobierno de Cuba sigue teniendo el mayor número de Prisioneros de Conciencia, adoptados por Amnistía Internacional, en todo el Hemisferio Occidental, y es muy probable que a escala mundial.

Al presente hay 64 presos de conciencia en las cárceles, 12 excarcelados bajo una precaria Licencia Extra Penal según la cual siguen cumpliendo sus altas condenas y pueden ser regresados a prisión en cualquier momento, sobre la base de una simple decisión policial, y 4 bajo libertad condicional. Al no haber sido liberados incondicionalmente, tal como reclaman Amnistía Internacional y amplios sectores de la comunidad mundial, y por la propia situación de vulnerabilidad en que se encuentran, es razonable seguir considerándoles como personas que cumplen condenas por motivos de conciencia.

Nuestra Comisión propondrá en las próximas semanas a varias decenas más de presos políticos cubanos para que se considere su posible adopción como Prisioneros de Conciencia.

Esta categoría se aplica a todos los presos políticos que no han empleado ninguna forma de violencia ni han abogado por ello y que han sido condenados, generalmente, por los llamados "delitos de opinión", lo cual significa que son jurídica y moralmente inocentes, de conformidad con las normas civilizadas de convivencia.
Peligrosidad predelictiva

Durante el segundo semestre de 2005 se hizo más evidente la tendencia a encarcelar disidentes bajo el inquietante cargo de "peligrosidad predelictiva". Debido a la aplicación de esta figura jurídica hay miles de cubanos en las cárceles, incluyendo varias decenas de disidentes, quienes cumplen condenas de hasta cuatro años de prisión.

No tenemos ninguna duda en cuanto a la inocencia de todos los ciudadanos internados en prisiones bajo esta figura que, por su propia definición, no supone que la persona cometa un delito específico para ser encarcelado luego de un proceso muy sumario, siendo suficiente que la policía considere que dicha persona pudiera cometerlo en un futuro.

El anacrónico Código Penal vigente contiene otras figuras desconcertantes como son aquellas que definen los llamados delitos con finalidad emigratoria, que suelen aplicarse a personas que tratan de escapar de la Isla por la fuerza o en forma irregular. Tales son los casos de Salida Ilegal del Territorio Nacional y, con mayor frecuencia, los actos llamados de "piratería" que, para colmo, son sancionados bajo el título de Delitos Contra la Seguridad del Estado (delitos políticos) del Código Penal.

Actos de repudio

A partir de lo expresado durante su discurso del 26 de julio de 2005 por el Comandante en Jefe Fidel Castro (jefe del Estado, presidente del Gobierno y Máximo Líder del único partido político con existencia legal en Cuba), resultó evidente que se otorgaba "luz verde" a la reanudación sistemática de los "actos de repudio", los cuales constituyen una forma parapolicial de represión e intimidación contra pacíficos disidentes que se atreven a expresar su desacuerdo con la situación que prevalece en Cuba, especialmente en materia de derechos civiles, políticos y económicos.

Luego del mencionado discurso han tenido lugar más de medio centenar de estos actos represivos y es muy posible que sigan ocurriendo a lo largo de 2006.

Según nuestras investigaciones, el procedimiento consiste en la selección de las víctimas por parte de la policía política secreta, cuyos oficiales hacen las coordinaciones ulteriores con estructuras del partido gobernante y de organizaciones pro-gubernamentales, las cuales se encargan de movilizar a decenas o centenares de partidarios del Gobierno para que agredan verbal o físicamente, en sus domicilios o en las calles, a pacíficos disidentes bajo la apariencia de "acciones espontáneas de las masas revolucionarias enardecidas".

Derecho a servicios básicos de educación, asistencia médica y protección social

A diferencia de la pésima, situación existente en cuanto a todos los derechos civiles, políticos y económicos, el Gobierno de Cuba continúa garantizando ciertos servicios sociales, en virtud de los cuales es notorio y plausible que existen escuelas y maestros para todos los niños y cuando un ciudadano tiene problemas de salud puede acceder a un médico de manera relativamente expedita, a pesar de las persistentes limitaciones en cuanto a materiales escolares, medicamentos y otros medios.

El Gobierno de Cuba mantiene una positiva política de seguridad y asistencia sociales de amplio alcance, si bien las pensiones son más bien modestas y, en muchos casos, sólo aseguran niveles mínimos vitales.

A partir de ese cuadro positivo, en sentido general, en cuanto a ciertos derechos sociales definidos en los Artículos 25 y 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Gobierno de Cuba, de manera independiente y soberana, debiera, esforzarse en mejorar la desfavorable situación que sufre la inmensa mayoría de los cubanos en cuanto al ejercicio irrestricto de los demás derechos contenidos en la citada Declaración, en cuyo propósito debe ser alentado y apoyado por la comunidad internacional, especialmente por aquellos países que han logrado mayores niveles de respeto a los derechos de la persona humana.

Contexto internacional

A pesar de que la República de Cuba, entre 1946 y 1948, fue una relevante promotora de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en estrecha relación con Francia y Estados Unidos, en las últimas décadas el gobierno de la Isla se ha asociado, lamentablemente, con algunos de los peores violadores de tales derechos a nivel mundial (como son los gobiernos de Zimbabwe, Corea del Norte, Sudán, Birmania y Siria, entre otros) para actuar de manera, concertada, en el sistema de las Naciones Unidas, apoyándose los unos a los otros, con la finalidad de bloquear resoluciones en favor del respeto indivisible de todos los derechos de la persona humana o para entorpecer el perfeccionamiento de los órganos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

A ese respecto, nuestra Comisión seguirá insistiendo en que el Gobierno de Cuba debe firmar y ratificar los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Estatuto de la Corte Penal Internacional; el Protocolo para la Abolición de la Pena de Muerte y demás instrumentos de la ONU en materia de Derechos Humanos.

Carlos J. Menéndez Cervera
Observador de Derechos Civiles

Elizardo Sánchez Santacruz
Observador de Derechos Civiles

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