Paciencia de Job

Desde antes de la toma de posesión como presidente de Bolivia, el gobierno español estuvo reclamando a Evo Morales un refuerzo de la seguridad jurídica de la inversión extranjera en ese país sudamericano.

El pasado 4 de enero, Morales se entrevistó con el ministro de Asuntos Exteriores de España, Miguel Ángel Moratinos, y el énfasis estuvo en la "negociación" como medio de abordar eventuales controversias. (El presidente boliviano asumió su cargo el 22 de enero). Desde el primer momento, Madrid apostó por el diálogo político para intentar la concertación.

Después de la entrevista de Morales con el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante esa visita a España, el secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, dijo que estaba "plenamente convencido" de que el desarrollo económico y social de Bolivia era "compatible" con el marco jurídico imprescindible para que se mantengan las inversiones españolas en ese país.

Moraleda anunció además que Zapatero se había comprometido con Morales a condonar "una parte muy sustancial" de la deuda boliviana —que asciende a 120 millones de dólares— a cambio de programas educativos.

Tras indicar que Madrid defiende de manera "irrenunciable" los intereses de todas las empresas españolas en el extranjero, Moraleda subrayó que era pronto para conocer el programa económico de Morales respecto a las inversiones extranjeras, puesto que, dijo entonces, "aún no ha tomado posesión y no ha formado un gabinete".

Sin embargo, estas esperanzas se esfumaron de un plumazo, después que el pasado primero de mayo Morales anunciase la "nacionalización de los hidrocarburos" y ordenara la ocupación militar de las instalaciones petrolíferas.

Preocupación en Madrid

Consultado sobre el aspecto político de las relaciones España-Bolivia, el escritor y periodista cubano Carlos Alberto Montaner dijo a Encuentro en la Red que era "imposible" que Madrid pudiera manejar bien las relaciones con Morales.

"Evo odia a España, como nación, porque la supone culpable de mil atropellos históricos cometidos contra los pueblos indígenas. Y odia a la sociedad española porque forma parte de un primer mundo capitalista que, según el juicio ideológico de Morales, explota y saquea a los pobres del planeta", explicó Montaner.

El escritor estima que "si Zapatero cree que Evo Morales lo ve como un aliado amigo y progresista, no entiende el discurso radical indigenista".

Lo cierto es que, súbitamente, la petrolera hispano-argentina Repsol YPF, que opera en Bolivia a través de la empresa Andina, se encontró ante la incertidumbre de un decreto que establecía ciertas bases para negociar nuevos contratos con La Paz, en algunos casos sobre la base de principios leoninos.

Antes, la empresa pagaba el 18 por ciento de impuestos al Estado boliviano, que ahora pretende controlar, por el contrario, el 82 por ciento del negocio y las utilidades. Repsol YPF ha invertido en Bolivia 1.000 millones de euros entre 1997 y 2005.

El pasado 19 de mayo, el ministro boliviano de Hidrocarburos, Andrés Soliz, anunció que la negociación entre La Paz y las petroleras para la firma de nuevos contratos se aplazará tres meses, hasta la finalización de una auditoría de la inversión efectuada por las compañías. Nada se especificó sobre si la firma que realizará esa revisión financiera será alguna de reconocido prestigio internacional.

"Estamos hablando de tres meses", hasta contar con el resultado del estudio, "para tener los otros tres (meses) destinados a la negociación de los contratos", precisó el ministro en una rueda de prensa en La Paz.

El ejecutivo boliviano había concedido un plazo de seis meses a las multinacionales con inversiones en el sector para adecuar sus contratos a las nuevas reglas de juego. Ahora resulta dudoso que este proceso se pueda cumplir en la fecha prevista. Teóricamente, la nacionalización tiene como objetivo mejorar el nivel de vida de la población boliviana.

Justo lo contrario

En este sentido, el economista y catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Rodríguez Braun, dijo a Encuentro en la Red que "Morales está haciendo justo lo contrario de lo que necesita un pueblo libre y desarrollado".

Según Rodríguez Braun, "si quebrantar la propiedad privada y los contratos fuera la receta para el crecimiento, entonces el comunismo habría representado la prosperidad, y no la miseria que efectivamente representó".

Para el economista hispano-argentino, "el desenlace de este populismo nacional-socialista en el que ha desembocado parte de la izquierda latinoamericana, es aún incierto, no por su desenlace económico, que siempre es aumentar la pobreza, sino por la incógnita política: aniquilar la propiedad privada pretendiendo a la vez respetar la democracia —es decir, no como en Cuba— tiene la ventaja de la mayor legitimidad, pero a la vez la dificultad de que existe formalmente una oposición cuyos derechos no pueden ser violados sin que se note".

Así las cosas, y con las medidas posteriores de Morales, que obligaron al también español Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) a la entrega de las acciones que gestionaba de las petroleras (con el argumento del presidente boliviano de que "no hay nada que indemnizar. No estamos expulsando a nadie ni estamos expropiando, sólo estamos recuperando lo que corresponde al pueblo de Bolivia"), la pregunta que flota en el aires es: ¿cuánto durará la paciencia de Zapatero con Morales?

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