El gobierno busca procesar a Globovisión por supuesta incitación a la alteración del orden público y al asesinato de Chávez

El ente regulador del sector de telecomunicaciones de Venezuela anunció el lunes que la televisora de noticias Globovisión, abiertamente crítica del presidente Hugo Chávez, podría perder su licencia de emisión, por la supuesta difusión de mensajes de texto telefónico que incitarían a la alteración del orden público y al asesinato del mandatario, reportó la AP.

El ministro de Obras Públicas, Diosdado Cabello, del que depende el organismo regulador, dijo que las autoridades también pedirán iniciar una "investigación penal" para determinar si los propietarios de la emisora de televisión Globovisión deben ir a juicio por presuntamente tratar de incitar a la rebelión.

"Aquí no hay excusas de ninguna naturaleza. Estos mensajes son filtrados por las televisoras... lo que sale en pantalla es lo que la televisora quiere que salga en pantalla", dijo el ministro al referirse a la difusión de un mensaje de texto donde un usuario supuestamente llamaba a un golpe de Estado.

Al ser preguntado sobre si el gobierno cerrará Globovisión, Cabello respondió: "Eso depende de la investigación".

Pero Ana Cristina Núñez, asesora jurídica de Globovisión, aseguró la televisora tiene "un cuidado supremo en impedir que se aproveche, que se use la pantalla de Globovisión, para hacer llamados ilegales".

El lunes, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) dijo en un comunicado que inició un procedimiento a Globovisión y a una productora independiente que pertenece al periodista Francisco Bautista, por transmitir en el espacio Buenas Noches mensajes de texto telefónicos en los que "podrían estar incitando al desconocimiento de las instituciones, a la realización de un golpe de Estado y a la generación de alteraciones del orden público".

El organismo sostiene que en esos mensajes de texto se estaría "atentando presuntamente contra la seguridad de la nación".

La notificación se da dos días después que el ministro Cabello dijera en una concentración en la capital que se iniciaría un proceso a Globovisión por difundir mensajes en los que se llamaría al golpe de Estado y al magnicidio y que se cerrarían 29 radios.

Núñez consideró grave esa nueva medida y advirtió que si Conatel dictamina que Globovisión incurrió en una violación de la ley del sector, el canal podría ser sancionado con "suspensión de las transmisiones" por 72 horas. Agregó que de declararse con lugar dos procesos el gobierno podría ejecutar la "revocatoria de la concesión".

La abogada denunció en el canal que con los seis procesos que tiene abiertos Globovisión el gobierno estaría buscando "promover la autocensura" del medio.

Núñez dijo a la AP que "es una gran incógnita" cómo Conatel manejará el proceso contra el productor independiente debido a que en la ley no hay precisiones al respecto.

El director de Globovisión, Alberto Federico Ravell, expresó el sábado que la decisión no les "extraña" y sostuvo que el proceso responde a que el gobierno está "muy preocupado" por la protesta internacional que se realizó el 4 de septiembre contra Chávez y por la manifestación opositora del sábado en la capital.

Cabello defendió el retiro de las concesiones a 32 radios y dos televisoras regionales que acordó el gobierno a finales de julio, y anunció que "ya hay 29 más (emisoras) que saldrán dentro de poco".

El gobierno retiró la concesión a los medios argumentando que incumplieron la normativa del sector. Las 32 radios salieron del aire tras la notificación de la medida.

Las medidas contra los medios generaron protestas en la capital y otras ciudades del interior.

Los 34 medios que perdieron la concesión forman parte de un grupo de 240 que fueron sometidos a revisión por supuestos incumplimientos de las leyes que regulan el sector, según informaron las autoridades en julio.

La cámara que agrupa a las mayores radioemisoras del país criticó los anuncios del gobierno sobre el posible retiro de las licencias de transmisión a 240 emisoras, que representan 40% del total del país y consideró la acción como una violación a la Constitución y un atentado a la libertad de expresión.

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