El retroceso de una política más conciliadora hacia el régimen cubano no solo es la norma de la actual Casa Blanca, sino refleja un desencanto acumulado —y reforzado por la inercia de La Habana— dentro del exilio de Miami.

Aunque se mantiene una demarcación en las opiniones, según la edad y el momento de llegada a Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha jugado con éxito la carta electoral de apoyarse en el sector más conservador de la comunidad en esta ciudad.

Sin embargo, y pese a la retórica empleada, en buena medida sus cambios respecto al acercamiento puesto en práctica por su antecesor —Barack Obama— no han revertido la situación a la época de George W. Bush y han colocado las alternativas no dentro del marco de la falta de democracia en la Isla sino en relación con lo que ocurre en Venezuela.

Antes de Obama, hubo un mandatario norteamericano que otorgó permiso a un mayor número de exiliados cubanos para que visitaran a sus familiares en la isla, que también incrementó la cantidad de dinero a llevar en cada viaje.

Alguien podría pensar que ese gobernante apoyaba una mayor flexibilidad para los viajeros, que pudiera desembocar algún día en una luz verde al turismo. Todo lo contrario. Otro creerá que se trataba de un demócrata liberal, quizá Jimmy Carter o Bill Clinton. Nada de eso. Ese presidente fue George W. Bush.

El 24 de marzo de 2003 entró en efecto un cambio sustancial en las restricciones de viajes de los norteamericanos a Cuba. Al tiempo que se aumentaron los controles, a fin de evitar que grupos e individuos hicieran turismo bajo el disfraz de “intercambios educacionales”, se aumentaron las facilidades para permitir los encuentros familiares. A partir de ese momento, los viajes educacionales tenían que fundamentarse en un curso académico. Por otra parte, el concepto de “familiar cercano” se amplió a la tercera generación. Cualquiera pudo viajar a conocer un tatarabuelo, a encontrarse con un primo segundo. Los visitantes estaban autorizados a llevar hasta $3.000 en cada viaje, —considerando que esa cifra cubría las remesas para 10 hogares—un notable incremento respecto a los $300 permitidos con anterioridad.

La filosofía tras este cambio era no afectar a las familias en Cuba, al tiempo que se abría una puerta para enviar dinero a los disidentes. Pero en 2004 todo cambió. Se limitaron los viajes familiares a uno cada tres años, se restringieron los criterios en cuanto a los familiares que podían recibir dinero en la isla y prácticamente quedaron suprimidos los intercambios científicos y culturales.

¿Qué ocurrió en un año para un cambio tan notable? ¿Fue a causa de la oleada represiva, desatada por el régimen de Fidel Castro contra los opositores? Las fechas indican lo contrario. Aunque los cambios fueron elaborados con anterioridad a la detención de los 75 disidentes, su puesta en práctica coincidió con los meses de mayor rechazo internacional a la represión. El 18 de abril, luego de las condenas y el fusilamiento de los tres cubanos que intentaron escapar en una lancha, el gobierno norteamericano dijo que estos hechos no afectarían los viajes de familiares.

La explicación a las nuevas medidas, que limitaban viajes, remesas y envíos, hubo que buscarla por otra parte. 2003 no era un año electoral, 2004 sí. No fue un intento de llevar la libertad a Cuba. El objetivo fue ganar unos cuantos votos. Si determinados legisladores y grupos de opinión de la llamada “línea dura” del exilio no hubieran amenazado con retirar su apoyo a la campaña de reelección de Bush, nada hubiera cambiado. Fue un simple gesto electoral, en un año de votación reñida y en un estado que cuatro años antes resultó clave en las urnas.

Bush y sus asesores escogieron a un grupo de votantes, los únicos que le interesaban. Desde la llegada al poder, el expresidente republicano se había limitado a continuar la política de Clinton hacia Cuba en varios aspectos claves, pero luego la modificó en cuestiones que sin afectar los interese primordiales de EEUU le brindaron dividendos electorales. Lo demás es retórica y desperdicio de fondos. Continuaron las ventas de alimentos a La Habana, para beneficio de los granjeros norteamericanos, siguieron devolviéndose a los balseros y posponiendo la puesta en práctica del Título III de la Ley Helms-Burton. Se optó por la solución más fácil: un tono agresivo y perjudicar a los infelices.

El 20 de mayo —aniversario de la instauración de la república— fue durante los primeros años del gobierno de Bush una fiesta de promesas y retórica. Mientras se apuraba a firma la postergación del Título III de la Helms-Burton, el mandatario enfatizaba que una revisión total de la política hacia el régimen estaba en camino. La urgencia de esta revisión se hizo más apremiante tras el encarcelamiento de los disidentes y los tres fusilamientos de jóvenes que intentaron secuestrar una embarcación para huir del país.

En mayo de 2003, algunos legisladores republicanos hicieron saber su disgusto con la Casa Blanca. La congresista Ileana Ros-Lehtinen manifestó que aún seguía sin respuesta una carta enviada tres meses atrás, en la cual exhortaba al presidente a poner en práctica las promesas realizadas por esa fecha el año anterior en Miami. El congresista Lincoln Díaz-Balart también hizo un llamado a Bush, en el cual, y tras agradecer “la solidaridad con la libertad de Cuba” demostrada por el mandatario con “su amenaza del veto para mantener el embargo”, señalaba que “el sufrimiento actual de Cuba requiere ahora otra dimensión de esa solidaridad, [que] es lo que unánimemente espera nuestro pueblo”.

El disgusto se convirtió en algo cercano a una rebelión tras la repatriación de un grupo de supuestos secuestradores, interceptados por los guardacostas norteamericanos, que en la Isla fueron condenados a penas entre siete y diez años de prisión.

Tanto personalidades del partido republicano como del demócrata criticaron la acción del gobierno. Por ejemplo, Joe García, entonces secretario ejecutivo de la Fundación Nacional Cubano Americana, luego presidente del Partido Demócrata en el condado Miami-Dade y posteriormente representante federal, declaró a The Miami Herald que lo hecho por Bush equivalía a “negociar penas de prisión con un país que el propio Departamento de Estado califica de terrorista”.

Sin embargo, la crítica que más llamó la atención de la Casa Blanca vino de un grupo de legisladores estatales y políticos de Florida, que el 12 de agosto de 2003 urgieron a Bush de que actuara respecto al tema de Cuba, o de lo contrario se arriesgaba a perder su apoyo para las elecciones de 2004.

El voto cubanoamericano se consideraba clave para esas elecciones. Florida entonces tenía 9,3 millones de votantes registrados, de los cuales 450.000 eran cubanoamericanos. En 2000 Bush había recibido el apoyo del 80 % de esos votantes. Para esa fecha se calculó que recibir solo el 60 % de estos votos este año podría resultar en una victoria de John Kerry en el estado, y posiblemente también en las elecciones presidenciales.

En las últimas elecciones presidenciales Mauricio Claver-Carone, exdirector ejecutivo del U.S.-Cuba Democracy PAC y actual asesor de la Casa Blanca para asuntos latinoamericanos, estimó que Trump obtuvo el 58 % del voto de los cubanoamericanos según una revisión que realizó en 30 precintos del Miami-Dade con una elevada población de cubanoamericanos.

Por su parte, el estratega demócrata Giancarlo Sopo y el profesor de la Universidad Internacional de la Florida (FIU) Guillermo Grenier consideraron que Trump ganó el 50 % del voto cubanoamericano tras revisar los resultados de Hialeah, Westchester y West Miami.

Pero durante la campaña por la reelección de Bush la asesora de seguridad nacional Condoleezza Rice tuvo que sacar tiempo, en medio de una tensa situación nacional e internacional por la guerra en Irak, para responder a la carta el 17 de septiembre. Rice garantizó la “importancia y urgencia” de ayudar al pueblo cubano a conquistar su libertad, y pasó a numerar los “logros” de la administración en su política hacia Cuba.

Ya con anterioridad, el 22 de agosto, la administración había realizado dos anuncios paralelos para disminuir la tensión acumulado en los últimos meses, durante los cuales se había acusado a la Casa Blanca de incumplir sus “promesas” al exilio: el encausamiento de tres militares del régimen de La Habana, por su participación en el derribo de dos aviones de la organización Hermanos al Rescate, el 24 de febrero de 1996, la ampliación de las transmisiones de Radio y TV Martí mediante un nuevo y moderno sistema de satélite. Pero ambas medidas complacieron a pocos. El procedimiento legal carecía de posibilidades de realizarse en la actualidad, al no existir un tratado de extradición con Cuba y los acusados no poder ser juzgados en ausencia, situación que se mantiene en la actualidad. La transmisión de Radio y TV Martí vía satélite no solo resultaba una idea poco innovadora, sino que además partía de una premisa ilusoria: el entusiasmo de los pocos poseedores de equipos de recepción por satélites en la Isla para arriesgarse a ir a la cárcel y perder sus posesiones por escuchar y ver estas emisiones.

Tras tantas frustraciones con el exilio a raíz de la celebración del 20 de mayo, el gobierno norteamericano escogió otra fecha patriótica: el 10 de octubre. Ese día se anunció la creación de una comisión presidencial de asesoramiento para una transición democrática, integrada por los secretarios de Estado y del Pentágono, el cubanoamericano Mel Martínez, secretario de Viviendas, y otros funcionarios de alto rango. Ese día también, Rice, encargada de realizar una conferencia de prensa al respecto, efectuó una reunión previa con los congresistas republicanos por la Florida, Ros-Lehtinen y Lincoln y Mario Díaz-Balart.

Pronto se supo que entre las medidas a considerar se encontraba la reducción del personal de la Sección de Intereses de EEUU en La Habana, lo que obligaría a Cuba a hacer lo mismo con su dependencia en Washington; la suspensión total de las visitas familiares; nuevos límites al envío de remesas; la suspensión de las licencias de exportación a las compañías norteamericanas que venden productos agrícolas a la Isla y el aumento de las restricciones a todo tipo de viajes a Cuba. También que las medidas evitarían cualquier movida que pusiera en peligro la reelección de Bush. En igual sentido, destacados cubanoamericanos y funcionarios de Washington encargados de monitorear la política hacia Cuba expresaron sus quejas de que no haber sido consultados sobre la creación de la comisión.

La conclusión fue que cada vez que un gobernador, político, empresario, ganadero o estrella de cine quería viajar a Cuba, pudo hacerlo sin graves problemas, mientras que un trabajador de Hialeah tenía que esperar tres años.

El largo recuento nos permite valorar la distancia que aún aguarda a Trump antes de satisfacer por completo los requerimientos del liderazgo de la comunidad cubana exiliada de Miami —la única decisiva a la hora de las urnas—, así como los cambios introducidos por el paso del tiempo en las prioridades de dicho liderazgo. Desde hace años el tema de la inmigración —por no hablar simplemente de balseros— ha sido desalojado de las prioridades, mientras se han atemperado los intentos de las limitaciones drásticas a los viajes familiares. Con la puesta en vigencia de los títulos III y IV de la Helms-Burton el presidente Trump ha marcado un avance significativo ante los anteriores mandatarios republicanos y demócratas, pero el alcance de esta medida es en parte una interrogante temporal, aunque no se puede despreciar su impacto sobre las posibles inversiones extranjeras en la Isla. Pero lo fundamental es la vinculación que la actual Casa Blanca ha realizado entre el régimen de La Habana y la situación en Venezuela. Así, la razón primordial para un endurecimiento de las medidas —según las propias declaraciones de la administración estadounidense— es el apoyo de La Habana a Caracas. Lo demás, el supuesto efecto dominó, tiene tanto que ver con la realidad como un wishful thinking. En el momento en el llamado “exilio histórico” cubano logró su representación mediática más visible con la actual administración estadounidense —con las visitas de Trump antes y después de su campaña presidencial, y la presencia de sus adláteres en Miami junto a representantes de ese exilio en los últimos tiempos, el campo de acción queda de momento reducido.

Por supuesto que cabe esperar la ampliación de las medidas contra el régimen de La Habana a medida que cobre impulso la campaña electoral por la presidencia de EEUU. El resultado de tales acciones continúa siendo impreciso. Ni republicanos ni demócratas pueden confiarse en un aumento del voto cubanoamericano a su favor, aunque al parecer los republicanos llevan la ventaja.

A pesar de la erosión gradual del apoyo a los republicanos entre los cubano-estadounidenses de Florida y de la continua llegada de puertorriqueños que simpatizan con los demócratas después del huracán María, los republicanos ganaron dos contiendas estatales muy cerradas en Florida en 2018: una para el Senado y otra para la gubernatura, como ha señalado un análisis de The New York Times.

“En el importante estado de Florida, los demócratas perdieron terreno con los electores hispanos” un mes después de las elecciones de 2018. Rosenberg señala en ese texto: “Con todo y que en estas elecciones los demócratas vivieron uno de sus mejores años de la historia con los electores hispanos a lo largo del país, los demócratas de Florida sufrieron una baja en el número de seguidores latinos. En las estadísticas nacionales, los demócratas mostraron variaciones en sus márgenes de ventaja, de 62-36 (26 puntos) en 2014 a 69-29 (40 puntos) en las elecciones más recientes. En Florida, los demócratas registraron una variación de 58-38 (20 puntos) en 2014 a 54-44 (10 puntos) en 2018”, señaló Simon Rosenberg, presidente de NDN —un grupo de expertos que simpatiza con los demócratas y antes se llamaban Nueva Red Demócrata—, de acuerdo a una información de The New York Times.

El último sondeo realizado por la Universidad Internacional de la Florida (FIU) en el condado Miami-Dade muestra que la diferencia actual entre las opiniones a favor o en contra del mantenimiento del embargo no supera el margen de error que especifica el sondeo.

Según la encuesta telefónica realizada entre 1.001 cubanoamericanos residentes en Miami-Dade, 45 % dijo estar a favor de mantener el embargo, 44 % está en contra y otro 11 % no respondió o no sabe. La encuesta correspondiente a 2018 se realizó después de las elecciones legislativas de noviembre y tiene un margen de error de 3,1 %. Aunque el sondeo mostró un retroceso en el apoyo a eliminar el embargo, que alcanzó una mayoría del 54 % en 2016.

En líneas generales, quienes arribaron a Estados Unidos después de 1995 favorecen una relación más amplia y relajada con relación a su país de origen, mientras que los que se establecieron antes en el sur de Florida se mantienen firmes en sus posiciones más radicales y conservadoras.

Ello hace que se mantenga vigente y aún insuperable la distancia entre cambios demográficos y políticos, con las transformaciones demográficas a la saga. Lo que explica que aún la comunidad cubana en el exterior pueda ser catalogada —y lo es desde el punto de vista electoral— como partidaria del embargo estadounidense y favorable al cerco económico al gobierno cubano.

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