A Los cerrojos del sistema electoral cubano analizados por Marlene Azor Hernández cabe agregar que los candidatos a diputado de la Asamblea Nacional (AN) saldrían elegidos incluso si se les opusieran TODOS los electores de su distrito.

La Ley Electoral (1992) considera elegidos a quienes reciban “más de la mitad del número de votos válidos” (Artículo 124) y define como no válidos tanto los votos en blanco como aquellos en que “no puede determinarse la voluntad del elector” (Artículo 114). Esta indeterminación engloba hasta la determinación antigubernamental explícita de garabatear la boleta o adornarla con algún improperio textual o gráfico.

Así, los candidatos oficiales serían elegidos incluso si todos los demás electores de su distrito votaran en contra de la única forma en que pueden hacerlo ante lista prefijada de candidatos: dejando en blanco o anulando la boleta. Estos votos no serían válidos y los votos de los candidatos por sí mismos bastarían para sellar la elección, porque serían los únicos votos válidos.

Si por casualidad ninguno de los candidatos en tal o cual distrito consigue más de la mitad de los votos válidos, la segunda vuelta ni siquiera es obligatoria. El Consejo de Estado puede, a discreción, encargar la elección a la asamblea municipal correspondiente y aun dejar vacante la diputación (Artículo 125).

La lista única de candidatos se genera por triple destilación: la Comisión de Candidatura Nacional escoge a los precandidatos (Artículo 87), que pasan a las comisiones municipales y terminan siendo nominados por las asambleas municipales en votación “a mano alzada” (Artículo 96). El Partido Comunista de Cuba (PCC) —gobernante y en el poder— no tiene que postular a NINGÚN candidato, porque TODOS son candidatos suyos nada más que por haber pasado aquel triple filtro.

Así y todo, lo peor no son estas mañas, sino que la rutina electoral marcha sin que la mayoría del pueblo cubano, presuntamente amante de la libertad y la democracia, encuentre la llave con que pueda expresar su voluntad consecuente en la única oportunidad que da la constitución: el voto «libre, igual y secreto» (Artículo 131).

A tal efecto la práctica electoral permite entrar con una boleta de papel a una cabina opaca, sin compañía de ningún seguroso, y hacer allí lo que venga en ganas, para salir con la boleta doblada y colarla por la hendija en un cajón también opaco. Y el colegio electoral no podría contar después los votos no válidos como válidos si los opositores se organizaran hacia dentro con la misma dedicación con que suelen andar por Internet y ultramar o recoger firmas para nada.

Sólo tendrían que ir a votar un tilín antes del cierre y quedarse allí, sin alboroto, para sacar partido de que Ley Electoral (1992) prescribe, terminada la votación, abrir las urnas, contar las boletas, cotejarlas con las entregadas a los electores y el número de votantes, separar las válidas de las inválidas y consignar los resultados en el acta, pero sobre todo que “el escrutinio es público y pueden estar presentes [los] ciudadanos que lo deseen” (Artículo 112).

La mayoría gobernada prosigue tranquila al lado del Gobierno: 7.418.522 votos válidos en las últimas elecciones a la AN. Desde que los diputados son elegidos por votación popular en sus distritos, la minoría opositora se ha comportado discretamente en anular o dejar en blanco la boleta: 6,99 % (1993), 4,94 % (1998), 3,77 % (2003), 4,63 % (2008) y 5,29 % (2013). La abstención marchaba despacito en alza: 0,43 % (1993), 1,65 % (1998), 2,36 % (2003) y 3,11 % (2008) hasta la sorpresa estadística de 9,33 % (2013), pero este pico pudiera ser tan aterrador como el arraigo del castrismo entre cubanos por más de medio siglo.

Los estudios de Thomas Dye y Harmon Zeigler sobre The Irony of Democracy —que van ya por la decimoquinta edición (Wadsworth Publishing Co., 2011)— sugieren que la abstención es «apatía constructiva» en cualesquiera sistemas electorales: todos se desestabilizan por activismo masivo o en demasía. La abstención entraña normalidad.

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