En el año 2009, el congresista Mario Díaz-Balart dio una entrevista[1] a una estación de televisión en Naples, Florida, comparando a los cubano-americanos que viajan a Cuba para visitas familiares con los traficantes inescrupulosos que hicieron negocios con los nazis y el régimen del apartheid en África del Sur. La desafortunada analogía histórica de Díaz-Balart inició un ataque incesante por la extrema derecha cubano-americana contra la ley de Ajuste Cubano de 1966[2]. Los congresistas Mario Díaz-Balart y David Rivera, acompañados por el Senador Marco Rubio, argumentan que la ley está siendo mal usada por el amplio segmento de la comunidad Americana que viaja a Cuba.

Por décadas, el Gobierno cubano ha denunciado la ley de Ajuste Cubano, como “la ley asesina”[3], culpando unilateralmente al estatuto por la migración de miles de cubanos a la Florida, ignorando los factores internos del sistema económico y político en la Isla que los han empujado a irse de su país. Pero esa interpretación nunca ha tenido ningún efecto en los gestores de política en EEUU. Desde 1966, ningún proyecto de ley derogando o enmendando la ley de Ajuste Cubano ha estado siquiera cerca de pasar el proceso congresional. El ajuste cubano da el beneficio de la residencia legal a la mayoría de los cubanos que arriban a Estados Unidos en búsqueda de derechos económicos y políticos que no tuvieron en su país. La ley también sirve al interés nacional de Estados Unidos al facilitar un flujo de emigrados cubanos, mayormente educados, que tienen familiares ya asentados en el país, y los tienden a ayudar para un aterrizaje menos traumático al de muchos emigrantes de otros países.

Pero el hecho de que muchos cubanos, que emigran, discrepen del gobierno castrista no significa que concuerden con el embargo estadounidense contra Cuba. Esa política, que pretende dictar a un país soberano los tiempos y el contenido de cualquier transición, en función de la agenda de reclamación de propiedades y vendetta política de sus gestores, trata a todos los cubanos de la Isla, que no sean disidentes, incluyendo a los familiares de los cubano-americanos y el emergente sector no estatal como “enemigos de Estados Unidos”. Más de 300.000 cubano-americanos están votando con sus pies[4] contra la restricción para viajar y la estrategia de asfixiar Cuba por hambre, enunciada en la ley Helms-Burton. Esto ha embravecido a toda la delegación congresional cubano-americana en Washington. Los primeros que están haciendo lo contrario a lo que ellos reclaman son sus propios constituyentes.

La solución que han encontrado Marco Rubio, Díaz-Balart y David Rivera es meter miedo a la Comunidad Cubano-Americana con el cuento de que al permitir a los cubano-americanos visitar Cuba sin limitaciones, la Administración Obama puso en peligro la ley de Ajuste Cubano. Eso es simplemente falso. Desde 1978, los cubano-americanos han visitado su país de origen por cientos de miles y ningún partido mayoritario en el Congreso (Republicano o Demócrata), ni ningún presidente ha perdido tiempo tratando de derogar la ley de 1966.

Llamemos el circo por lo que es. El único peligro a la ley de Ajuste Cubano hoy es la politiquería irresponsable de Marco Rubio, David Rivera y Mario Díaz-Balart.

Los tres legisladores cubano-americanos han atraído atención hacia una ley de 1966, sobre la que ningún otro miembro del congreso ha expresado preocupación política efectiva. Al abrir un posible debate político y congresional sobre el estatuto, ellos han creado la enfermedad, de la que se proclaman remedio.Los legisladores Rivera, Díaz-Balart y Rubio están usando una hipotética anulación de la ley de Ajuste Cubano para culpar a la administración Obama por crear dinámicas que —según ellos— ponen en peligro las oportunidades de los cubanos para emigrar a EEUU. Eso es falso. Son ellos, no la Administración Obama los que han introducido un proyecto de ley, con el objetivo de derogar total o parcialmente (depende de las versiones presentadas) los beneficios migratorios para los cubanos bajo la misma.

Los motivos políticos de la derecha cubano-americana no son difíciles de descubrir. Están luchando contra una tendencia histórica: los inevitables cambios demográficos en sus distritos producto de las experiencias vitalesy valores de los nuevos emigrantes desde Cuba. Tal proceso tendería a acelerarse si el Gobierno de Raúl Castro cambia sus regulaciones migratorias y facilita los viajes de un mayor segmento de la población cubana al exterior y particularmente a EEUU. Rivera, Rubio y Díaz-Balart saben que la mayoría de las personas arribando a la Florida desde la isla no votaran por ellos después de la naturalización. Por eso ponen las políticas parroquiales de Miami por encima del interés nacional norteamericano y recurren al truco de tratar de cerrar el flujo mientras culpan al presidente Obama de hacerlo. Escupen a sus electores y les dicen que está lloviendo.

La ley de Ajuste Cubano no fue una conquista de la derecha cubano-americana como afirman los que repiten el mantra de ese sector político. En 1966, fue parte de las gestiones de la Administración demócrata de Lyndon Johnson para regularizar la presencia en territorio norteamericano de miles de cubanos, cuyo proceso migratorio de entrada no fue como refugiados bajo peligro de persecución o tortura, sino como escapados de un régimen comunista. Aun así la cobertura legal para aplicar a la ley esta diseñada para proteger a los Estados Unidos de un derecho automático a su amparo. El fiscal general regula aquellos elegibles a recibir su beneficio. Es por eso, por ejemplo, que varios de los arribados bajo Mariel, sobre los que se sospechaba falta de elegibilidad, fueron considerados “entrantes” y tuvieron que esperar a la reforma migratoria de la ley Simpson-Rodino en 1986 o simplemente siguieron siendo deportables.

La ley de ajuste cubano es una ley emitida por Estados Unidos, una nación comprometida con los valores familiares. Marco Rubio debería dedicar parte del tiempo que usa para mencionar la Biblia y los padres fundadores a leer sus textos. Para Washington, Adams y Jefferson, promover familias unidas y fuertes es esencial para una sociedad “saludable”. El lugar del gobierno limitado —en esa forma de pensar— no es decidir quién es primo o familiar, ni cuantas veces alguien debe visitar a su abuela, sino crear condiciones que faciliten el cuidado y la solidaridad de generación en generación. Benjamín Franklin, el primero de todos los norteamericanos, hizo incontables esfuerzos por abrazar a su hijo, antiguo gobernador del Estado de Nueva Jersey, y refugiado en Inglaterra tras ser derrotado por la revolución alentada por su padre. Al decir de Franklin los lazos con su hijo, eran del tipo “natural”, e iban “más allá de las consideraciones políticas”.

Nada en la ley de Ajuste Cubano prescribe que sus beneficiarios se olviden de sus familiares o no viajen a verlos o los apoyen cuantas veces estimen convenientes. Como ha dicho el congresista republicano de Arizona, candidato al Senado por ese estado, Jeff Flake: “Separar familias, académicos y pueblo de fe no está en el interés nacional de EEUU”. Ninguno de los que votaron por la ley de Ajuste de 1966 mencionó en momento alguno que sus beneficiarios no podrían regresar a Cuba para ver a sus familiares. Fue frente al gobierno cubano hasta 1978 que los emigrados tuvieron que reclamar su derecho a visitar su país de origen. Como escribió el Fiscal General Robert Kennedy al Secretario de Estado Dean Rusk, apenas dos años después de haberse impuesto las limitaciones a viajar a Cuba, la prohibición de viajar, fuera de los casos que afecten la seguridad nacional, es “inconsistente con las libertades norteamericanas fundamentales”[5].

El presidente Obama no debe permitir a los enemigos de su política hacia Cuba intimidar a la comunidad cubano-americana con mentiras, para ganar votos en 2012. La Casa Blanca debe ratificar su apoyo a la ley de Ajuste Cubano de 1966 y aprovechar esta oportunidad para mostrar la separación entre el interés en recortar el estatuto de los congresistas republicanos cubano-americanos y las preferencias de sus constituyentes. Es una cuestión de demografía y política racional; la comunidad cubana ha cambiado[6]. Los legisladores pro-embargo tienen los relojes, pero los nuevos cubano-americanos, con vínculos permanentes con la Isla, tienen el tiempo.

Una versión en inglés de este artículo se publicó en The Havana Note.

[1] “One on One” transcript: U.S. Representative Mario Díaz-Balart interview highlights, Naplesnews.com.
[2] Current or Recent Alien Adjustment Provisions (A. Cuban Adjustment).
[3] “El problema migratorio y la irracional política norteamericana contra Cuba”, por Randy Alonso, Granma.
[4] “Cuban Americans Vote With Their Feet Against The Travel Prohibition”, por Arturo López-Levy, The Havana Note.
[5] “Robert F. Kennedy Advocated Ending the Ban on Travel to Cuba”, por Kathleen Kennedy Townsend, The Washington Post.
[6] “Not Your Father’s Cuba”, por Arturo López-Levy, Foreign Policy.

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