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Actualizado: 23/10/2017 19:18

Ley de ajuste, Inmigración

El desajuste cubano

EEUU no tiene por qué seguir arrastrando “el problema cubano”, que por definición es de los cubanos y por esencia son los cubanos mismos

Los representantes David Rivera (FL-25) y Mario Díaz-Balart (F-21) han formado con el senador floridano Marco Rubio una troika republicana en contra de la llamada Ley de Ajuste Cubano (LAC). El profesor Arturo López-Levy lleva mucha razón en tachar este ademán de política parroquial, pero esgrime el argumento de que esa troika pone la politiquería de Miami “por encima del interés nacional”. Al parecer sucede todo lo contrario: por continuar ligada a la parroquia miamense y temer la reacción adversa de parte del electorado cubano, esa troika anda con medias tintas y se limita a proponer la modificación de LAC antes que su abrogación.

Muchos electores de origen cubano tienen cierto aire de familia con el vizconde demediado de Ítalo Calvino: son ciudadanos estadounidenses, pero enfocan las cosas desde la perspectiva cubiche. El interés nacional de EEUU radica prima facie en desvincularse de los problemas con que lidian otros Estados. Para demostrar que LAC refleja de algún modo aquel interés, López Levy alega que el flujo de emigrantes cubanos bien educados y con familia beneficia a EEUU. Solo que con ellos llegan también otros muchos que guardan estrecha correlación estadística con el liderazgo nacional del condado Miami-Dade en fraude al Medicare, fraude de tarjetas de crédito y otros renglones tan poco educados y familiares como la venta de Oxycontin. Nadie se llame a engaño: EEUU no tiene necesidad de ni interés en inmigrantes cubanos. Para captar gente beneficiosa dispone de visas laborales y corporativas, que Castro no admite para cubanos.

Al sostener a LAC tampoco puede traerse a colación que EEUU es nación comprometida con los valores familiares. Las familias de otras muchas naciones consiguen reunificarse en EEUU por trámite normal de reclamación, que salva aquellos valores. Si vamos a llamar de veras al circo por lo que es, el ajuste cubano debe calificarse como acto de malabarismo que solo interesa y necesita el régimen de Castro para paliar su desgobierno. El flujo sostenido de inmigrantes cubanos tiene la doble función de válvula de escape al salir de Cuba y fuente de divisas al entrar en EEUU, donde sus vínculos familiares son secuestrados por la industria de viajes, remesas, paquetes y llamadas por teléfono que Castro montó al entreabrirse las puertas hacia 1978.

Los politi-Castros

Desde que Harold Lasswell dio a imprenta Politics: Who Gets What, When, How (Nueva York, Whittlesey House, 1936), los problemas de quién obtiene qué, cuándo y cómo son cosa de política monda y lironda. Al discutir sobre el ajuste cubano a secas se soslaya que es verbatim “ajuste de refugiados cubanos”. La clave estriba en que la noción de refugiado ha perdido la vergüenza hasta en el lenguaje oficial. Tras desatar Castro la invasión demográfica denominada “Crisis de los Balseros”, por autorización (agosto 8, 1994) para emigrar con “medios propios”, el presidente Clinton decidió (agosto 19, 1994) no admitir a los “refugiados ilegales”, pero acabó pactando con Castro la obligación de 20 mil visas anuales. El comunicado conjunto Cuba-USA (septiembre 9, 1994) remachó con que los “emigrantes” en alta mar serían devueltos a la Isla. Y la desvergüenza anda ya con Castro instando (marzo 25, 2011) a EEUU a sacar una “ley de ajuste para todos los latinoamericanos”.

Los cubanos vienen adoptando pose de refugiado para entrar a EEUU y oportunamente asumen pose de residente permanente para invocar las libertades americanas y salir en viaje de ida y vuelta USA-Cuba. La única forma de eliminar esta contradicción práctica es abrogar el ajuste cubano. Un refugiado regresa a su patria, bajo el mismo gobierno que forzó al refugio, ya solo por razón humanitaria de grueso calibre o para emprender acciones contra ese gobierno.

El aquelarre convocado por López Levy —desde el congresista republicano Jeff Flake (AZ-6) hasta los fantasmas de Washington, Adams, Jefferson, Franklin e incluso Dean Rusk— para justificar el ajuste cubano se desbanda ante la justicia migratoria que preserva tanto el asilo político, para los cubanos sujetos a persecución dentro de la Isla, como el trámite usual de reclamación para aquellos con familiares en EEUU.

El ajuste cubano sin refugiado viene convoyado no solo con la industria pro-castrista de expoliar a los inmigrantes de origen cubano y transfigurarlos así en contribuyentes del castrismo. Viene también con el paquete de la industria anticastrista, que encauza fondos federales para la transición democrática y contradice así el interés nacional de EEUU por mera ineficacia de las inversiones frente al castrismo de largo aliento. Habría que cortar de cercén —y de un solo tajo— el ajuste cubano, sus industrias complementarias y la obligación de 20 mil visas anuales, porque ya no se trata de que el patriotismo de los cubanos nunca alcanzó para sufragar el anticastrismo con el bolsillo propio, sino de que ni el exilio ni la disidencia interna alcanzan a movilizar ni siquiera la contra electoral.

Al presentarse (mayo 10, 2002) el Proyecto Varela (1998) a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), como iniciativa legislativa de ciudadanos avalada con 11 020 firmas, se pregonó que había sonado la hora de la disidencia. A la vuelta de medio año Castro convocó a elecciones (enero 19, 2003) y 196.619 cubanos no fueron a votar, 243.341 dejaron la boleta en blanco y 69.863 atinaron a anularla, es decir: el Proyecto Varela había movilizado apenas 2,16 % de la contra electoral. En el reenganche del proyecto (octubre 3, 2004) se agregaron otras 14.384 firmas. Así y todo, ambas tandas arrojaron menos del 5 % de los electores contrarios a Castro. La proporción (0,3 %) respecto al electorado sans phrase (8.313.770) no hubiera dado ni para tomar asiento en la verbena democrática de la Constitución de 1940, que exigía tener afiliado al menos 2 % de los electores para inscribirse como partido. No en balde el Proyecto Valera terminó por relanzarse en Madrid (octubre 24, 2008) antes que en La Habana.

Coda

Así las cosas, pasan las décadas y la disidencia no tiene otra alternativa que transitar de un documento a otro, verbi gratia: del Proyecto Varela (2001) a El Camino del pueblo (2011). Marx no dejó caer en balde, al criticar la filosofía del derecho de Hegel (1843), que “el poder material solo puede derrocarse con otro poder material”. No lo tiene la disidencia ni lo tuvo el exilio. EEUU no tiene por qué seguir vinculado a semejante entuerto, con unos soltando que “un hombre no es una isla” y otros, que ese mismo hombre es un país (ver la foto). Dice López-Levy que “los nuevos cubano-americanos, con vínculos permanentes con la Isla, tienen el tiempo”. Sería loable que supieran aprovecharlo, como ciudadanos estadounidenses, para discernir el interés nacional de EEUU y honrar de paso su background ateniéndose a la recomendación de José de la Luz y Caballero en La polémica filosófica (1838-39): adoptar “resueltamente la posición de la hora”, que ya no suena en el reloj ni de Castro ni de sus némesis cubiches.

© cubaencuentro

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