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Actualizado: 17/04/2014 9:11
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| Cuba

Inmigración

Cubanos de alquiler

Lo que justifica que el Gobierno de la Isla viole su propia constitución es que los cubanos somos su mercancía, y no solo política

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Hasta finales de los años 70, todo cubano que emigraba sabía que el regreso a la Isla le estaba vetado in saecula saeculorum. Por entonces, los cubanos eran, exclusivamente, mercancía política: en buen estado si permanecían en el almacén insular, defectuosa una vez exportada.

Tras las conversaciones con la emigración, los gusanos salieron de sus crisálidas convertidos en flamantes mariposas, se abrió el banderín de los retornos y fluyeron hacia la Isla hijos, padres, primos y sobrinos, y maletas, muchas maletas con un muestrario de bisutería capitalista que demostró en pocos meses su capacidad erosiva sobre la granítica ideología revolucionaria. Algo que podría predecir cualquier pichón de geógrafo cuando la pelea es entre el agua blanda y la dura piedra. Siempre ha sido más fácil hacerse un vestido con una pieza de tela que con una pieza de oratoria.

Nos habían repetido que en Miami la condesa lavaba platos y el doctor fregaba carros. Cuando ambos aparecieron con todo lo que el ministerio de Comercio Interior no pudo suministrar durante dos décadas, comprendimos que en el más allá las tareas de limpieza se retribuían con largueza.

Hasta hoy, se ha mantenido a los cubanos el carácter de mercancía política. Al derecho de admisión, habitual en muchas discotecas, el Gobierno de la Isla añade el derecho de emisión y el de desplazamiento, incluso dentro de las fronteras, de modo que ha aparecido una figura sui géneris: el no inmigrante ilegal, al que se caza en La Habana o Varadero para devolverlo a su hábitat original en las provincias orientales, posiblemente por razones ecológicas, para no alterar la biodiversidad.

El derecho de admisión se mantiene mediante la “habilitación” del pasaporte (a los cubanos que ellos consideren admisibles) y la in-habilitación de los restantes. Y la emisión de cubanos es también discrecional, aunque “la política de la Revolución, si alguien quiere salir de nuestro país para otro país, si le dan permiso de entrada en ese otro país, es autorizarlo a que salga. Nuestro país no prohíbe que ninguna familia emigre, porque construir una sociedad revolucionaria y justa como el socialismo es una decisión voluntaria y libre” (Fidel Castro; 23 de diciembre de 1999, cuando clamaba por la vuelta de Elián González). Pero ya se sabe que para Castro los conceptos de “libre” y “voluntario” no tienen el mismo significado que para la Academia de la Lengua. Basta recordar el caso del físico Luis Grave de Peralta Morell, preso de conciencia condenado a trece años y deportado tras cuatro años de prisión. Sus hijos y su esposa, a pesar de contar con un visado norteamericano, no fueron autorizarlos a viajar durante años. Cumplieron íntegra la pena que a su padre le fue conmutada gracias a los buenos oficios del congresista demócrata Bill Richardson. O el ya habitual veto que se impone a los viajes de Oswaldo Payá, Yoani Sánchez, Elizardo Sánchez Santa Cruz y otros opositores, e incluso a los que no lo son. Cuando España organizó el encuentro de narradores “La Isla Entera”, el Gobierno cubano negó el permiso de salida a una decena de narradores, de modo que el encuentro fuera “La Media Isla”.

El 28 de agosto de 2000, la secretaria de Estado Madeleine Albright hizo pública una relación de las 117 personas a las que en apenas dos meses y medio Cuba había prohibido viajar, aun teniendo visado norteamericano, y denunció que a los cubanos, con ingresos anuales de 144 dólares, el Gobierno les exigiera un impuesto de salida de 500. De ello se deduce el alto valor que conceden las autoridades de la Isla a la huida, como quien vende salvavidas a sobreprecio en medio de la mar picada.

La Constitución de la República de Cuba de 1901 estipulaba en su artículo 29 que “Toda persona podrá entrar en el territorio de la República, salir de él, viajar dentro de sus límites, y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte u otro requisito semejante, salvo lo que se disponga en las leyes sobre inmigración, y las facultades atribuidas a la autoridad en caso de responsabilidad criminal”. Y en su artículo 30, que “Ningún cubano podrá ser expatriado ni a ninguno podrá prohibírsele la entrada en el territorio de la República”. Lo cual será refrendado por la Constitución de 1940.

En su artículo 32, la Constitución de 1992 establece que “Los cubanos no podrán ser privados de su ciudadanía, salvo por causas legalmente establecidas. Tampoco podrán ser privados del derecho a cambiar de esta. No se admitirá la doble ciudadanía. En consecuencia, cuando se adquiera una ciudadanía extranjera, se perderá la cubana”.

De modo que todos los que hemos adquirido otra nacionalidad, deberíamos ser despojados automáticamente de la cubana. En su defensa, el Gobierno cubano podría declararse incapaz de conocer cuáles de sus dos millones de exiliados se han convertido en norteamericanos, españoles o suecos. Pero hay pruebas de lo contrario. En la revista Encuentro de la Cultura Cubana se publicó un excelente texto sobre el caso de un ciudadano cubano que adquirió en la Isla la nacionalidad española y, en estricta interpretación de la Constitución, solicitó que le fuera extraída la nacionalidad cubana, como una muela sin posibilidad de empaste. Había sopesado las ventajas de ser extranjero y residir en Cuba. Tras meses de silencio, y ante la insistencia de su abogado, un viceministro del MINREX le respondió que la ciudadanía española le había sido concedida por una “potencia extranjera” y que el Gobierno cubano, en nombre de la soberanía nacional, se negaba a emprender cualquier tipo de acción bajo la presión de una decisión unilateral de una “potencia extranjera” (reiteración incluida).

En realidad, lo que justifica que el Gobierno de la Isla viole su propia Constitución es que los cubanos somos su mercancía, y no solo política. Ignoro qué evento trascendental ocurrió el 31 de Diciembre de 1970, pero quienes emigraron antes de esa fecha son los únicos autorizados a regresar con pasaportes exóticos, después de pagar 105 € por la “habilitación” (se infiere que hasta entonces malvivían inhábiles) y el permiso de entrada. El resto, estamos condenados a adquirir a sobreprecio un pasaporte de 180 € (y otros 180 € en prórrogas), que en Estados Unidos asciende 370 US$ más prórrogas, como se constata en la página de la Sección de Intereses de Cuba en Washington, donde se clama por la libertad para los cinco, cuando estadísticamente sería más justo exigir la libertad de los trece millones.

Si usted se acerca a un consulado cubano, encontrará un listado de precios:

Carta de invitación 175 €
Permisos humanitarios de regreso definitivo 135 €
Permiso de Residencia en el Exterior (PRE) 80 €
Poder para salida de un menor 125 €
Legalización y certificación de nacimientos, matrimonios, defunciones (100 € por documento)
Transcripción a Cuba de nacimientos y defunciones 100 €
Transcripción de matrimonio a Cuba175 €
Documentación para casarse en Cuba: Solteros, 200 €; divorciados, 300 €; viudos, 400 €. Más 125 € si se casa por poder. Y 110 € por la certificación y legalización del certificado de matrimonio español.

Etcétera. Etcétera.

A juzgar por los precios, todo consulado cubano ha sido bendecido con una estrella Michelín. No hay menú del día ni platos combinados.

Pero posiblemente el más humillante de esos “impuestos revolucionarios” (como llamaba ETA a sus extorsiones a los empresarios españoles) sean las prórrogas de permiso de viaje al exterior (PVE). Después de pagar carta de invitación, pasaporte, permiso de salida, visado y billetes de avión, usted recibe por fin a su padre o a su madre en el aeropuerto. Pero no se engañe. Usted disfruta de sus padres en régimen de alquiler. Por ese concepto deberá pagar 40 € mensuales al Gobierno cubano a partir del primer mes. 150 US$ en Estados Unidos. Hasta un tope de once meses, momento en que ese Estado considera que “el que fue a Sevilla perdió su silla” y expropia a su padre casa, muebles, carro y le expropia la patria negándole el derecho a regresar. Hipotecada la vida del ciudadano, en caso de impago, el Estado acreedor procede a la incautación de bienes y derechos.

Tucídides afirmaba que la ciudad no son sus murallas, sino sus habitantes. Y los Castro se percataron de inmediato que no bastaba ser propietarios de las tierras y mares adyacentes, las fábricas y las casas. Como propietaria de todos los cubanos, la aristocracia verde olivo podía votar, decidir e incluso vivir en su nombre; enviarlos a guerras lejanas y reducirlos a menores de edad perpetuos o incapacitados permanentes que deberán ser representados. “Fidel es nuestro papá”, dijo en cierta ocasión no sé si Robertico Robaina o Felipito Pérez Roque, ambos castigaditos por su mala conducta. Y un padre, como afirmaba Pablo Neruda en su “Oda a Stalin”, suele castigar a los desobedientes: “Stalin alza, limpia, construye, fortifica, preserva, mira, protege, alimenta, pero también castiga. Y esto es cuanto quería deciros, camaradas: hace falta el castigo”.

Los italianos tienen un curioso eslogan: “Intenta vivir de tus padres hasta que puedas vivir de tus hijos”. Y nadie como los Castro lo ha puesto en práctica. Malgastaron en un decenio la economía saneada que heredaron en 1959 de sus padres; disfrutaron durante treinta años la suculenta mesada del padrecito soviético, y desde los 90 intentan vivir de sus hijos. Para ello han actualizado una tecnología del siglo XVII. Por entonces, aunque alguien no dispusiera de hacienda ni de fábrica donde colocarlos, podía adquirir un par de esclavos y “echarlos a ganar”. Como peón, carpintero, pescador o puta, el esclavo conservaría lo indispensable para su sostén y entregaría al dueño la plusvalía. Médicos, entrenadores, militares y marinos han sido “echados a ganar” por los caminos del mundo, bien sujetos a la Isla por una cadena invisible de rehenes filiales. “No podrán otorgar carta de invitación los ciudadanos cubanos que se encuentren cumpliendo misiones oficiales o contratos de trabajo”, reza una advertencia en las páginas de los consulados cubanos. Y añaden que quien deserte “no podrá viajar a Cuba, transcurridos 5 años desde la fecha de su salida del país”, y tampoco recibirán autorización para reunirse con el prófugo sus familiares, los rehenes. El mono habrá escapado, pero la cadena es propiedad del Estado. También en la Isla se ha “echado a ganar” en las corporaciones extranjeras a muchos cubanos. Incluso las putas por cuenta propia son expoliadas indirectamente por el Estado a través de policías y funcionarios, proxenetas del Materialismo Dialéctico. Fidel Castro se encargó personalmente del marketing al calificar a las jineteras insulares como “las más cultas del mundo”, como si los putañeros del universo acudieran a la Isla a disfrutar las bellas artes de la conversación.

Destruida la industria azucarera, arruinados los cafetales y renqueantes las fábricas soviéticas, obsoletas de nacimiento, la exportación de carne ha pasado a ser la primera industria de la Isla, algo que haría las delicias de los caníbales de Papúa-Nueva Guinea: se exporta carne humana en su envase original (100 % natural, sin conservantes ni colorantes). Cubanos de bajo coste que permiten al buró político del alzheimer continuar viajando por la vida en primera clase.

La diferencia con el siglo XVII es que por entonces el esclavo podía ahorrar para comprar su libertad y disponer entonces del fruto íntegro de su trabajo. De momento, la legislación laboral cubana no contempla la manumisión entre los derechos de la clase trabajadora. La única alternativa es el exilio. Y entonces opera la cadena invisible del amor filial: remesas mediante, el exilio cubano está condenado a una práctica que aterraría a los dicharacheros italianos: mantener a sus hijos en el continente y a sus padres en la Isla, y sacarlos de vez en cuando a tomar el fresco del planeta, por 40 € mensuales, el alquiler fijo de un cubano, sin rebajas en temporada baja ni descuentos a los clientes habituales.


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