Retinitis tecnocrática

Hace unos días el periódico Trabajadores publicó una interesante entrevista a Ricardo Torres, un joven académico del Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de la Habana que ha logrado realizar una corta pero meritoria carrera profesional.

El economista afirma que Cuba requiere una “cirugía profunda”, una agilización del programa de reformas y menciona hándicaps y oportunidades. Para concluir que estamos en un mal momento pero que pudiéramos estar mucho mejor, en lo cual yo estoy básicamente de acuerdo.

Como no soy economista, dejo al lector disfrutando la interesante entrevista a Torres para fijar la atención en algunos aspectos que señalizan un grave problema de la sociedad cubana: los discursos públicos recortados hasta hacerse irreconocibles. O, como mínimo, insensatos.

La incipiente esfera pública cubana malvive aquejada de esquizofrenia. Excepto los opositores activos —es decir aquellas personas y grupos que aspiran a un cambio de gobierno y lo expresan abiertamente— el resto de la franja crítica existente está obligada, para subsistir, a decir algo diferente, a veces opuesto, a lo que quiere decir. No porque los opositores sean más inteligentes, sino porque ya cruzaron la línea inhibitoria, tras la cual hay invariablemente un policía.

Es una situación distintiva de un sistema autoritario, que fija límites muy claros al discurso público. Y que tiene un alto costo para la sociedad, pues ello impide la maduración de las ideologías que deberán cruzar el escenario político futuro. Recordemos que una ideología no es simplemente un cuerpo de ideas más o menos hilvanadas, sino una interpelación social, una interacción con los sujetos a los cuales la ideología va dirigida. Y si esto último no existe —es decir, si no existe un público al cual interpelar— las ideologías políticas no maduran. Y esto sucede a todos los actores actuales en la Isla, sean oposicionistas o sistémicos. Y al propio gobierno, que a falta de competidores serios, se da el gusto de mostrar sus chapucerías doctrinarias sin sonrojos.

A los economistas que abogan con denuedo por cirugías mayores, como lo hace Torres, les sucede lo mismo. Pues aún cuando saben que las economías tienen correlatos sociales y políticos ineludibles, no pueden referirse a ellos. No porque sean tecnócratas per se (son más sabios que eso) o fondomonetaristas per se (son más sensibles que eso), sino porque sólo está autorizado un debate sobre la economía, en el que la cuestión social es un daño colateral, y el tema político un campo minado.

Por ello sorprende que un profesional de tal calidad prácticamente despache el tema social afirmando que los salarios no alcanzan y que uno de los problemas más importante que afronta la economía nacional es, nada más y nada menos, el “sobredimensionamiento de los servicios sociales o personales, tanto desde el punto de vista de la estructura del producto interno bruto (PIB), como en la de los ocupados”. Es decir que se gasta demasiado en el bienestar social de los cubanos.

Ello es de alguna manera cierto. Lo es estadísticamente, cuando se le contrasta con un producto bruto escuálido y que no crece. Y su carga se acentúa porque es manejado con una ineficiencia que ya ha sido señalada por más de un experto internacional. Pero afirmar que el asunto es sencillamente un sobredimensionamiento me parece cuando menos un juicio poco compasivo con una población empobrecida y envejecida, que a duras penas sobrevive con los ripios subsidiados que se le ofrecen.

La mayoría de los cubanos viven hacinados o en casas ruinosas porque no hay una política social de construcción de viviendas, y si la situación no es más grave es porque cada vez hay menos cubanos. Hay millones de cubanos y cubanas que se alimentan deficientemente, que se sacan muelas sin anestesia, que no encuentran medicinas para sus dolencias, que son ingresados en hospitales sin agua y con comida propia de penales nigerianos, y cuyos hijos van a escuelas depauperadas con malos maestros pesimamente pagados. Y miles de médicos cubanos son capaces de internarse en el Amazonas, no como Arturo Covas para desafiar las convenciones sociales, sino tras 1.500 dólares mensuales. No creo que entiendan que quiere decir Torres con eso del sobregiro del gasto social. Y creo que se están sintiendo en el alma la brutal reducción de la inversión social que, para poner un ejemplo, ha pasado de cerca de un 20 % en 2005 a algo más del 5 % en 2013.

Pero esto pudiera ser un pie de página, si no fuera porque Torres asume una articulación tan plácida como candorosa del andamiaje sociopolítico en torno a la reforma. Lo cito: la reforma “requiere de un programa estratégico coherente, que se conciba y ejecute con la participación activa de los distintos actores de nuestra sociedad: gobierno, ciudadanos, sector productivo, territorios, comunidades, obreros e intelectuales… De esta pluralidad pueden salir grandes ideas y el consenso necesario para labrar con éxito nuestro camino”.

Es una retórica bien intencionada, pero nos sirve de muy poco. Ante todo, porque eso que llama “nuestro camino”, no existe. Hay muchos caminos, unos con mayores posibilidades de ser transitados que otros, y que por supuesto llevan a lugares diferentes. Al menos que asumamos al cóctel del nacionalismo conservador con el tecnocratismo promercado como una nueva doxa política, habría que reconocer que los espacios para el consenso son menos que para el conflicto.

Ese actor, por ejemplo, que Torres denomina “sector productivo” —un eufemismo vergonzante que designa al empresariado en proceso de aburguesamiento— solo estará de acuerdo con los obreros y los consumidores, en un punto: que la economía funcione. Pero difícilmente unos y otros encontrarán puntos de avenencia cuando tengan que decidir que se debe hacer con el plusproducto que sale de esa economía que finalmente funciona.

Y por eso es tan razonable pensar —como suspicaz omitir— que estos trabajadores, jubilados, consumidores, estudiantes, etc, deben tener los derechos suficientes (reunión, asociación, manifestación, huelga) para afrontar los rigores del consenso que Torres se imagina reduciendo gastos sociales. Sin estos derechos a la protesta, sin representación autónoma para negociar, el “programa estratégico” que Torres reclama será parte de la dominación autoritaria y de la expropiación de derechos que sufre la mayor parte de la sociedad cubana. Solo que si antes lo hacía solo el estado por la vía política y burocrática, ahora va a contar con el inestimable concurso del mercado.

Por tanto, la discusión sobre el futuro que Torres plantea no solo tiene que ser amplia en su composición —ningún cubano, de la Isla o de la emigración debe ser marginado de este debate contra su voluntad— sino también en su agenda. E incluir cuales son los cambios políticos necesarios para que la recuperación económica no se traduzca en una piñata gansteril en detrimento de los derechos sociales de las mayorías. Es deseable que la sociedad cubana llegue a acuerdos sobre aspectos básicos de su ordenamiento, pero no puede hacerlo en el contexto político actual.

No podemos seguir insistiendo en la unidad monolítica aunque sea adornada con toques pluralistas; ni en el consenso fabricado en función de la gobernabilidad autoritaria; ni en las discusiones controladas, como tampoco en el corolario inevitable: la represión de los inconformes. Por muchas razones. Incluyendo entre ellas porque ese régimen autoritario que impide la libertad de opinión y pone bridas al ejercicio intelectual, pone a economistas talentosos como Torres, al servicio del mismo tipo de ajuste que han denunciado durante muchos años como tecnocrático y fondomonetarista.

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