Actualizado: 28/03/2024 20:04
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Decreto que legalizó la compraventa de automóviles en Cuba cumple un mes en vigor

La restricción para que los cubanos compren autos nuevos en entidades comercializadoras se mantiene y el Gobierno sigue controlando esas adquisiciones mediante un permiso que otorga el Ministerio de Transporte a ciudadanos específicos

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La legalización de la compraventa de vehículos entre particulares en Cuba cumple mañana un mes sin que se conozcan de momento cifras oficiales de las transacciones realizadas y con dificultades para algunos cubanos que no pueden o no se atreven a poner en orden antiguas compras ilegales.

El decreto del presidente Raúl Castro puesto en vigor el 1 de octubre pasado eliminó décadas de prohibición o restricciones en la transacción de automóviles, al autorizar su donación y compraventa entre cubanos y extranjeros residentes en el país y flexibilizar los traspasos de propiedad para quienes abandonan la Isla con carácter definitivo.

Trabajadores de algunas notarías de La Habana consultados por Efe resaltaron que muchas personas han solicitado información sobre los trámites en las últimas semanas.

Para los cubanos, la principal novedad del decreto consistió en la legalización de la compraventa de cualquier cantidad y tipo de vehículos, pues anteriormente las leyes solo permitían traspasar aquellos cuya fabricación fuese precedente a 1959.

El parque automotor privado de la Isla se estima en unos 300.000 vehículos, entre los que abundan los estadounidenses fabricados antes de 1959 y conocidos popularmente como “almendrones”, y los procedentes del antiguo bloque socialista.

Hasta ahora los cubanos realizaban las transacciones de autos soviéticos o de fabricación más moderna ilegalmente y mediante “pactos de confianza” en los que el comprador pagaba por el auto sin que su nombre pudiera aparecer en la propiedad.

Alberto, un ingeniero jubilado de 68 años y propietario de un Lada soviético desde 1980 gracias a sus méritos profesionales, dijo que acaba de vender el carro “sin dificultad alguna” porque hay “un engranaje bien organizado” y el proceso “es simple”.

No obstante, Alberto presenció gestiones “mucho más complicadas” porque los propietarios del vehículo habían abandonado el país.

En el caso de cubanos que emigran sin disponer antes de sus autos, la actual normativa autoriza a que estos sean heredados por familiares hasta un cuarto grado de consanguineidad.

Una notaria consultada por Efe, que prefirió el anonimato, dijo que cuando un cubano sale del país definitivamente o luego decide no regresar, la adjudicación del auto por sus “herederos” en la Isla es “más compleja” y se tramita directamente en el Ministerio de Transporte.

Hace un mes, la implementación del decreto fue recibida con entusiasmo, aunque las décadas de ilegalidad en la compraventa dificultan ahora que algunos puedan aprovechar la nueva ley y poner en orden sus papales.

Juan Carlos, un mecánico de 47 años, considera que quienes compraron “ilegal” y no mantienen “buenos vínculos” con el dueño de la propiedad “están en peligro”.

“Si el Gobierno quiere puede ordenar ahora una reinscripción de vehículos o una revisión de chapas (matrículas) privadas, para lo cual hay que presentar la propiedad y quienes no la tengan van a perder”, opinó en declaraciones a Efe.

Estela, una empresaria de 51 años, dijo que está “entre la espada y la pared”: hace once años compró un auto a un hombre que le vendió ese vehículo a escondidas de su familia y que después falleció.

“Para legalizar mi caso tendría que exponerme a unos herederos que no me conocen y si quieren echar la batalla me pueden quitar el carro”, apuntó.

Según advirtió, otros “casos difíciles” se dan ante la situación de que los propietarios “originales” han emigrado, demandan un nuevo pago para “facilitar” que los actuales dueños arreglen legalmente sus papeles, o simplemente no quieren ayudar.

La restricción para que los cubanos compren autos nuevos en entidades comercializadoras se mantiene y el Gobierno sigue controlando esas adquisiciones mediante un permiso que otorga el Ministerio de Transporte a ciudadanos específicos.

Ese beneficio sólo se contempla para quienes hayan obtenido ingresos en divisas o pesos convertibles “como resultado de su trabajo en funciones asignadas por el Estado o en interés de éste”.


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