Pena capital para disuadir y amedrentar

La inflación, la miseria, la falta de medicamentos y medicinas y los apagones, que fueron los detonantes de anteriores manifestaciones, empeoran diariamente en Cuba. Y ante la posibilidad de que esas protestas se vuelvan a producir, el régimen ha amenazado con la pena de muerte a quienes participen en unas manifestaciones consideradas “ilegales”.

A través del programa de televisión Hacemos Cuba, la cúpula del sistema totalitario envió un mensaje claro: no van a ceder el poder y están dispuestos reprimir y eliminar a todo aquel que amenace su control absoluto. Conscientes de que lo único que la mantiene en el poder es el empleo del terror, la fuerza y la represión, han dejado claro que si fuera necesario no dudarán en matar.

En un artículo aparecido en el diario español ABC, la periodista Camila Acosta, comentó que en el citado programa “varios altos funcionarios del Ministerio del Interior y del aparato de Justicia justificaron la actuación de la policía, la cual suele reprimir fuertemente las manifestaciones de descontento popular, además de advertir sobre las consecuencias legales para aquellos que participen en ellas”. Entre los delitos que mencionaron, está el de “sedición”, utilizado contra aquellos que promuevan o participen en protestas masivas y “perturben el orden constitucional socialista”. Las sanciones oscilan entre los 10 y 30 años de privación de libertad, cadena perpetua o incluso la pena de muerte en casos excepcionales.

Acosta recuerda que las amenazas de los militares y representantes del sistema de justicia cubano ocurren a un mes de las masivas concentraciones en el oriente del país, las mayores acaecidas desde el 11J, cuando cientos de ciudadanos, fundamentalmente en Bayamo y Santiago de Cuba, salieron los días 17 y 18 de marzo a protestar pacíficamente a las calles gritando “electricidad y comida”, “libertad” y “patria y vida”.

Uno de los participantes en el programa de televisión, el coronel Hugo Morales Karell, expresó estas manifestaciones populares son alentadas por supuestos terroristas radicados en Estados Unidos, y con ellas pretenden atentar contra la autoridad y generar un clima de violencia para deslegitimar al Gobierno. De acuerdo al oficial, estos planes tienen como provocar una respuesta desmedida por parte de la policía, que pueda ser utilizada en las redes sociales para “demostrarun Gobierno fallido y una falsa brutalidad policial”. Morales intentó igualmente refutar las denuncias de abuso de poder y violencia policial contra ciudadanos desarmados, calificándolas como parte de supuestos “planes de guerra no convencional” con el fin de suscitar un pretexto para acusar a Cuba. Recientemente, el sitio oficialista Razones de Cubaseñaló que para el próximo verano se esperan protestas en la Isla y acusó al gobierno de Estados Unidos de preparar sabotajes centrados en el sistema electroenergético nacional para generar malestar popular y “calentar las calles”.

Para el próximo verano se esperan protestas

Por su parte, Otto Molina Rodríguez, presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Popular de Cuba afirmó que promover o participar en protestas que tengan como intención “deponer los poderes y el Gobierno”, “ya no solo queda en el desorden público, sino que la intención es subvertir el orden, nuestro Estado de derecho y de justicia social para ellos cumplir con los fines que tienen de colonizarnos”. En su artículo 121, la Gaceta Oficial de Cuba explica que quienes “perturben el orden constitucional socialista” pueden enfrentar el cargo de sedición, que en su apartado “a” establece que será castigado “con privación de libertad de diez a treinta años, privación perpetua de libertad o muerte, si el delito se comete en situaciones excepcionales, de desastre o afecta la seguridad del Estado, o durante grave alteración del orden público, o en zona militar, recurriendo a las armas o ejerciendo violencia”.

Morales intentó igualmente refutar las denuncias de abuso de poder y violencia policial contra ciudadanos desarmados, calificándolas como parte de supuestos “planes de guerra no convencional” con el fin de suscitar un pretexto para acusar a Cuba. Recientemente, el sitio oficialista Razones de Cuba señaló que para el próximo verano se esperan protestas en la Isla y acusó al gobierno de Estados Unidos de preparar sabotajes centrados en el sistema electroenergético nacional para generar malestar popular y “calentar las calles”.

Entre 1959 y 2003 miles de cubanos fueron pasados por las armas, la mayoría de ellos en los primeros años de la dictadura y sus delitos consistían en oponerse al régimen castrista. En 2003 fue aplicada por última vez contra tres jóvenes cubanos que secuestraron una lancha para intentar llegar a Estados Unidos, aunque no provocaron víctimas mortales. Pero aunque desde entonces está en moratoria, la amenaza y la justificación legal para usar la pena de muerte existen y cobran peso ante escenarios de masivas protestas antigubernamentales. Conviene recordar que en las más de seis décadas la dictadura cubana se mantiene en el poder, nunca antes se había enfrentado a un rechazo ciudadano casi generalizado.

En su trabajo, Acosta también hace notar que “la pena capital se ha usado como mecanismo persuasivo y en el nuevo Código Penal, en vigor desde el 1 de diciembre de 2022, lejos de eliminarse, incrementó el número de delitos que contemplan la muerte, por fusilamiento, como castigo”. Si en el código anterior estos eran 20, en el actual que hasta hoy rige son 24 los delitos que se castigan con la pena capital, y la mayoría de ellos constituyen contravenciones contra la seguridad del Estado. Esto, afirma Acosta, “permite —por ley— al régimen eliminar físicamente incluso a los adversarios políticos, a todos aquellos activistas de derechos humanos y opositores que exigen un cambio de sistema y una transición democrática, pues en la Carta Magna (2019) se declara al sistema socialista como «irrevocable» y al Partido Comunista de Cuba como el único legalmente reconocido y como «la fuerza dirigente y superior de la sociedad»”.

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